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miércoles, 29 de octubre de 2014

Actos de Comunicación a las Partes y Otros Intervinientes en el Proceso Civil V

Continuamos con el tema 23 del temario oposiciones justicia, auxilio judicial, tramitación y gestión. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir actualizaciones en tu correo electrónico.

Actos de comunicación en el ámbito de los señalamientos inmediatos.

1-  Puesta en funcionamiento.

El ministerio de justicia, de acuerdo con la comunidad autónoma correspondiente con competencias en la materia, previo informe favorable del Consejo General del poder judicial, podrá crear oficinas de señalamiento inmediato en aquellos partidos judiciales con separación entre juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción.

Estas oficinas tendrán carácter de servicio común procesal y desarrollarán funciones de registro, reparto y señalamiento de vistas, comparecencias y actuaciones en los procedimientos a que se refiere la Disposición Adicional V de la ley de enjuiciamiento civil.


2-  Materias afectadas.

En aquellos partidos judiciales donde se constituyan oficinas de señalamiento inmediato se presentarán ante ellas las demandas y solicitudes que versen sobre las siguientes materias:
a)      Reclamaciones de cantidad inferiores a 6000 €.

b)      Desahucios de una finca urbana por expiración legal o contractual del plazo o por falta de pago de rentas o cantidades debidas y, en su caso, reclamaciones de esta rentas o cantidades cuando la acción de reclamación se acumule a la acción de desahucio.

c)       Medidas cautelares previas o simultáneas a la demanda, en los procesos que versen exclusivamente sobre el guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores.

d)      Medidas provisionales de nulidad, separación o divorcio, previas o simultáneas a la demanda.

e)      Demandas de nulidad, separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo, o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro.


3- Tramitación.

Estas demandas y solicitudes presentadas ante las Oficinas de Señalamiento Inmediato se tramitarán conforme a las normas establecidas por la ley de enjuiciamiento civil, con las siguientes especialidades:

1)      Con carácter previo a su admisión a trámite, las oficinas de señalamiento inmediato, en una misma diligencia:

a.       registrarán aquellas demandas o solicitudes previstas en el apartado anterior que ante ellas se presenten.

b.      Acordarán su reparto al juzgado que corresponda y señalarán directamente la vista de juicio verbal, la comparecencia para medidas provisionales previas o coetáneas, la comparecencia para rectificación de la demanda matrimonial presentada de común acuerdo, y la fecha y hora en que hubiera de tener lugar el lanzamiento, según proceda.

c.       Ordenarán, librándolos al efecto, la práctica de las correspondientes citaciones y oficios, para que se realicen a través del servicio común de notificaciones o, en su caso, por el Procurador que así lo solicite, y se entreguen cumplimentadas directamente al juzgado correspondiente.

d.      Remitirán inmediatamente la demanda o solicitud presentada al juzgado que corresponda.

2)      Las citaciones para las comparecencias y vistas a que se refiere la regla anterior contendrán los requerimientos y advertencias previstos en cada caso en la ley de enjuiciamiento civil. También harán indicación de los extremos oportunos cuando el objeto del asunto sea el desahucio por falta de pago de cara a la enervación de la acción, etcétera.

Asimismo, la citación expresará que, si el demandado solicita el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita o interesa la designación de abogado y procurador de oficio, deberá instarlo ante el juzgado en el plazo de tres días desde la recepción de la citación.

3)      Recibida la demanda o solicitud, el juzgado acordará lo procedente sobre su admisión a trámite, ordenando en su caso la subsanación de defectos procesales, que deberán solventarse en un plazo máximo de 3 días. En el supuesto en que se admita la demanda, se estará al señalamiento realizado. Si la demanda no fuera admitida a trámite, se dejará sin efecto el señalamiento, comunicando el juzgado esta circunstancia a quienes ya hubieran sido citados.

Cuando alguna de las partes hubiera solicitado el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o a la designación de abogado y procurador de oficio, el juzgado de primera instancia requerirá la inmediata designación de los profesionales. En este caso, la designación se efectuará a favor de los profesionales asignados para la fecha en que haya de celebrarse la vista o comparecencia señalada, de acuerdo con un turno especial de asistencia establecido al efecto por los colegios de abogados y procuradores.

4)      Las oficinas de señalamiento inmediato realizarán los señalamientos que correspondan según sea el caso ante el juzgado de primera instancia que por turno corresponda de acuerdo con un sistema programado de señalamientos, en el día y hora hábiles disponibles más próximos posibles, dentro en todo caso de los siguientes plazos:

a.       Los señalamientos para las vistas de juicio verbal se efectuarán, contando a partir del quinto día posterior a la presentación de la demanda en la oficina de señalamiento inmediato, debiendo mediar 10 días, al menos, desde el siguiente a la citación y sin que puedan exceder de 20 días.

b.      Los señalamientos para las comparecencias de medidas provisionales y coetáneas se efectuarán entre el 5º y el 10º día posteriores a la presentación de la solicitud o demanda en la oficina de señalamiento inmediato.

c.       Los señalamientos de las comparecencias para ratificación de la demanda en procesos matrimoniales de mutuo acuerdo se efectuarán dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la correspondiente demanda.

d.      La fijación de fecha y hora en que, en su caso, haya de tener lugar el lanzamiento, se realizará en un plazo inferior a 1 mes desde la fecha en que se hubiera señalado la correspondiente vista.

5)      Cada juzgado de primera instancia, en los partidos judiciales en que se constituyan oficinas de señalamiento inmediato, deberá reservar la totalidad de su agenda en las fechas que le corresponda actuar en turno de asistencia continuada para que la oficina de señalamiento inmediato realice directamente dichos señalamientos.

El Consejo General del poder judicial, previo informe favorable del ministerio de justicia, dictará los reglamentos necesarios para regular la organización y funcionamiento del sistema programado de señalamientos, el establecimiento de los turnos de asistencia continuada entre los juzgados de primera instancia y el fraccionamiento de franjas horarias para la realización directa de los señalamientos.

6)      Las normas de reparto de los partidos judiciales en que se constituyan oficinas de señalamiento inmediato atribuirán el conocimiento de los procedimientos analizados a aquel juzgado de primera instancia que haya de actuar en turno de asistencia continuada en la fecha en que se realicen los señalamientos de las vistas y comparecencias.


4- Intervención del procurador.

En las actuaciones realizadas en el ámbito de esta Disposición Adicional, los procuradores de las partes personadas podrán practicar, si así lo solicitan y a costa de la parte que representen, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, por cualquiera de los medios admitidos con carácter general en la ley.

Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando quede constancia suficiente de haber sido practicadas en la persona o en el domicilio del destinatario.
A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad personal, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia de su firma y de la fecha en que se realice.


En las comunicaciones por medio de entrega de copia de la resolución o cédula en el domicilio del destinatario, se estará a lo dispuesto en general para tales actos de comunicación, debiendo el procurador acreditar la concurrencia de las circunstancias establecidas al efecto, para lo que podrá auxiliarse de dos testigos o de cualquier otro medio idóneo.

Actos de Comunicación a las Partes y Otros Intervinientes en el Proceso Civil IV

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En este apartado vamos a ver:

- Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación.

- Comunicación Edictal.

- Nulidad de los Actos de Comunicación. Responsabilidad.

- Actos de Comunicación Realizados Mediante Auxilio Judicial.



Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación.

En las poblaciones donde esté establecido, el servicio común procesal de actos de comunicación practicará los actos de comunicación que hayan de realizarse por la oficina judicial, excepto los que resulten encomendados al Procurador por haberlo solicitado así la parte a la que represente.


Comunicación Edictal.

Cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones correspondientes no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o cuando no pudiera hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos, conforme a lo establecido anteriormente, o cuando así se acuerde por el secretario judicial tras consulta positiva en el registro central de rebeldes civiles, el secretario judicial, consignadas estas circunstancias, mandará que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, así como otros derechos y libertades que pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos. Tal publicidad podrá ser sustituida, en los términos que reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos. Sólo a instancia de parte, y a su costa, se publicará en el boletín oficial de la provincia, de la comunidad autónoma, en el boletín oficial del Estado o en un diario de difusión nacional o provincial.

En todo caso en la comunicación o publicación a que se refieren los párrafos anteriores, en atención al superior interés de los menores y para preservar su intimidad, deberán omitirse los datos personales, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro dato o circunstancia que directa o indirectamente pudiera permitir su identificación.

En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios indicados anteriormente, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la oficina judicial.


Nulidad de los Actos de Comunicación. Responsabilidad.

Serán nulos los actos de comunicación que no se practicaran con arreglo a lo dispuesto en la ley y pudieran causar indefensión. Sin embargo, cuando la persona notificada, citada, emplazada o requerida se hubiera dado por enterada en el asunto, y no denunciase la nulidad de la diligencia en su primer acto de comparecencia ante el tribunal, surtirá esta desde entonces todos sus efectos, como si se hubiera hecho con arreglo a las disposiciones de la ley.

El secretario judicial o el funcionario de los cuerpos al servicio de la administración de justicia que, en el desempeño de las funciones que por este capítulo se le asignan, diere lugar, por malicia o negligencia, a retrasos a dilaciones indebidas, será corregida disciplinariamente por la autoridad de quien dependa e incurrirá además en responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionara.
El procurador que incurra en dolo, negligencia o morosidad en los actos de comunicación cuya práctica haya asumido o que no respete alguna de las formalidades legales establecidas, causando perjuicio a tercero, será responsable de los daños y perjuicios ocasionados y podrá ser sancionado conforme a lo dispuesto en las normas legales o estatutarias.


Actos de Comunicación Realizados Mediante Auxilio Judicial.

Cuando los actos de comunicación hayan de practicarse mediante entrega de cédula o de copia de resolución por tribunal distinto del que los hubiere ordenado, se acompañará al despacho la copia o cédula correspondiente y lo demás que en cada caso proceda.

Estos actos de comunicación se cumplimentarán en un plazo no superior a 20 días, contados a partir de su recepción. Cuando no se realice en el tiempo indicado, a cuyo efecto se requerirá al secretario judicial para su observancia, deberán expresarse, en su caso, las causas de la dilación.

Dichos actos podrán ser realizados, a instancia de parte, por procurador legalmente habilitado para actuar ante el órgano exhortado, encargándose de su cumplimiento en los mismos términos y plazos establecidos en el párrafo anterior.

lunes, 27 de octubre de 2014

Actos de Comunicación a las Partes y Otros Intervinientes en el Proceso Civil III

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En esta sección veremos:

- Comunicaciones con Testigos, Peritos y Otras Personas que No Sean Parte en el Juicio.

- Remisión de las Comunicaciones por Correo, Telegrama u Otros Medios Semejantes.

- Comunicación Mediante Entrega:

                + Entrega en el Propio Domicilio del Afectado
+ Entrega en el lugar de trabajo del afectado
+ Diligencia negativa
+ Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares


Comunicaciones con Testigos, Peritos y Otras Personas que No Sean Parte en el Juicio.

Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio deban intervenir en él, se remitirán a sus destinatarios por correo, telegrama u otro medio semejante, de la forma que estudiaremos más adelante. La remisión se hará al domicilio que designe la parte interesada, pudiendo realizarse, en su caso, las averiguaciones que hemos analizado en el artículo anterior.

Cuando conste en autos el fracaso de la comunicación mediante remisión o las circunstancias del caso lo aconsejen, atendidos el objeto de la comunicación y la naturaleza de las actuaciones que de ella dependan, el secretario judicial ordenará que se proceda a la comunicación mediante entrega (lo veremos más adelante).

Las personas a que se refiere este punto deberán comunicar a la oficina judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del proceso. En la primera comparecencia que efectúen se les informará de esta obligación.


Remisión de las Comunicaciones por Correo, Telegrama u Otros Medios Semejantes.

Cuando proceda la remisión de la copia de la resolución o de la cédula por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificación, de la fecha de la recepción, y de su contenido, el secretario judicial dará fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido, y unirá a aquellos, en su caso, el acuse de recibo o el medio través del cual quede constancia de la recepción o la documentación aportada por el Procurador que así lo acredite, de haber procedido este a la comunicación.

A instancia de parte y a costa de quien lo interese, podrá ordenarse que la remisión se haga de manera simultánea a varios lugares de los que consten como domicilio en registros públicos.

Cuando el destinatario tuviera su domicilio en el partido donde radique la sede del tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o la realización o intervención personal en las actuaciones, podrá remitirse por este sistema cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en dicha sede a efectos de ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún escrito.

La cédula expresará, con la debida precisión, el objeto para el que se requiere la comparecencia del emplazado, indicando el procedimiento y el asunto a que se refiere, con la advertencia de que, si le emplazado no comparece, sin causa justificada, dentro del plazo señalado, se tendrá por hecha la comunicación de que se trate o por efectuado el traslado.


Comunicación Mediante Entrega.

Cuando no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación que tenga por finalidad la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales, se procederá a la entrega de la comunicación de la copia de la resolución o de la cédula en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada, documentándose por medio de diligencia que será firmada por el funcionario o, en su caso, el procurador que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar.


Entrega en el Propio Domicilio del Afectado:

Cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, funcionario o, en su caso, el procurador que asuma su práctica, le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición en la oficina judicial, produciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia.

Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuese el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuera la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrara allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviera, advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de esta, o a darle aviso, si sabe su paradero.


Entrega en el lugar de trabajo del afectado:

Si la comunicación se dirigiera al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquel o, si existiera dependencia encargada de recibir documentos y objetos, a quien estuviera a cargo de ella.

En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y hora en la que fue buscada y no encontraba en su domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.


Diligencia negativa:

En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para la práctica de un acto de comunicación, el secretario judicial o funcionario designado intentará averiguar si vive allí su destinatario.

Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, éste se consignará en la diligencia negativa de comunicación.

Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se procederá por el tribunal a averiguar el domicilio en la forma vista con anterioridad.

Cuando los actos de comunicación hubieran sido realizados por el Procurador y no los hubiera podido entregar a su destinatario por alguna de las causas vistas anteriormente, aquél deberá acreditar la concurrencia de las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores, para lo que podrá auxiliarse de dos testigos o de cualquier otro medio idóneo.


Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares:

Cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieran de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envio y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.

Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar a las oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección. Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos.

En cualquier caso, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, transcurrieran tres días, sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese período. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistieran en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema.

No obstante, en el caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.


Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refieren los párrafos anteriores sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el ministerio fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse aquellos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale.

Actos de Comunicación a las Partes y Otros Intervinientes en el Proceso Civil II

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Actos de Comunicación con las Partes Aún No Personadas o No Representadas por Procurador.

Cuando las partes no actúen representadas por Procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes. En la cédula de emplazamiento o citación se hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla.

Domicilio del Demandante y Domicilio del Demandado.

El domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicia el proceso. Asimismo, el demandante designará, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de este, uno o varios de los lugares a que se refiere el apartado que veremos a continuación. Si el demandante designase varios lugares como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación.
Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de este, como números de teléfono, de fax o similares.

El demandado, una vez comparecido, podrá designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.

Designación del Domicilio que Conste en Registros Públicos.

A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en registro oficial o en publicaciones de colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. 
También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolla actividad profesional o laboral no ocasional.

Cuando en la demanda se ejerciten acción con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, con la expiración del plazo fijado contractualmente, y pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana, dada en arrendamiento, ordinario o financiero, o en aparcería, recupere la posesión de dicha finca, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, este será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.

Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la junta de cualquier asociación que apareciese en un registro oficial.

Si las partes no estuvieran representadas por Procurador, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior, que se hayan designado como domicilios, surtirán plenos efectos en cuantos acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepción por el destinatario.

No obstante, si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, se procederá a efectuar la comunicación mediante entrega personal.


Cambio de Domicilio.

Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la oficina judicial.

Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de comunicación con la oficina judicial.

Averiguaciones Acerca del Domicilio por el Tribunal.

En los casos en que el demandante manifestase que le resulta imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personación, se utilizarán por el secretario judicial los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los registros, organismos, colegios profesionales, entidades y empresas. A recibir estas comunicaciones, los registros y organismos públicos procederán conforme a las disposiciones que regulen su actividad.

En ningún caso se considerará imposible la designación de domicilio a efectos de actos de comunicación si dicho domicilio constara en archivos o registros públicos, a los que pudiere tenerse acceso.

Si de las averiguaciones resultara el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia, se practicará la comunicación mediante correo, telegrama con acuse de recibo y, cuando sea el caso, mediante entrega.

Si estas averiguaciones resultaran infructuosas, el secretario judicial ordenará que la comunicación se realice mediante edictos.

El Registro Central de Rebeldes Civiles.

Cuando las averiguaciones a las que se refiere el apartado anterior hubieran resultado infructuosas, el secretario judicial ordenará que se comunique el nombre del demandado y los demás datos de identidad al registro central de rebeldes civiles, que existirá con sede en el Ministerio de Justicia, con indicación de la fecha de la resolución de comunicación edictal del demandado para proceder a su inscripción.

Cualquier secretario judicial que deba averiguar el domicilio de un demandado podrá dirigirse al registro central de rebeldes civiles para comprobar si el demandado consta en dicho registro y si los datos que en él aparecen son los mismos de que dispone. En tal caso, mediante diligencia de ordenación, podrá acordar directamente la comunicación edictal del demandado.

Cualquier órgano judicial, a instancia del interesado o por iniciativa propia, que tuviera conocimiento del domicilio de una persona que figure inscrita en el registro central de rebeldes civiles deberá solicitar la cancelación de la inscripción comunicando el domicilio al que se le pueden dirigir las comunicaciones judiciales. El registro remitirá a las oficinas judiciales en que conste que existe proceso contra dicho demandado, el domicilio indicado por éste a efecto de comunicaciones, resultando válidas las practicadas a partir de ese momento en ese domicilio.

Con independencia de lo anterior, cualquier tribunal que necesite conocer el domicilio actual del demandado en un procedimiento, que se encuentre en paradero desconocido con posterioridad a la fase de personación, podrá dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para que se practique la oportuna anotación tendente a que le sea facilitado el domicilio donde puedan dirigírsele las comunicaciones judiciales si este dato llegara a conocimiento del citado Registro.

Actos de Comunicación a las Partes y Otros Intervinientes en el Proceso Civil I

Comenzamos el tema 23 del temario oposiciones justicia, auxiliar judicial, tramitación y gestión. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir actualizaciones en tu correo electrónico.
En este apartado veremos:

Clases de actos de comunicación.

Forma de los actos de comunicación

COMUNICACIÓN POR MEDIO DE PROCURADOR.

Notificación de Resoluciones y Diligencias de Ordenación. Tiempo de la Comunicación.

Clases de actos de comunicación.

Podemos dividir (como vimos en el tema 22) los actos procesales de comunicación en:

1.       Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución o actuación.

2.       Emplazamientos, para personarse y para actuar dentro de un plazo.

3.       Citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar.

4.       Requerimientos para ordenar, conforme a la ley, una conducta o actividad.

5.       Mandamientos, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los registradores de la propiedad, mercantiles, de buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcionarios al servicio de la administración de justicia.

6.       Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior.

7.        

Notificación de Resoluciones y Diligencias de Ordenación. Tiempo de la Comunicación.

Las resoluciones procesales se notificarán a todos los que sean parte en el proceso.

Por disposición del tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento. Esta comunicación se llevará a cabo, con los mismos requisitos, cuando el tribunal advierta indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos.

También se hará notificación a los terceros en los casos en que lo prevea la ley.

Todas las resoluciones dictadas por los tribunales o secretarios judiciales se notificarán en el plazo máximo de tres días desde su fecha de publicación.

Los actos de comunicación a la abogacía del Estado, al servicio jurídico de la administración de la seguridad social y al ministerio fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece para los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares.

Cuando la entrega de algún documento o despacho, que deba acompañarse al acto de comunicación, tenga lugar en fecha posterior a la recepción del acto de comunicación, éste se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega del documento, siempre que los efectos derivados de la comunicación estén vinculados al documento.

Forma de los actos de comunicación

Funcionarios responsables:

Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del secretario judicial, que será responsable de la adecuada organización del servicio.

Tales actos se ejecutarán por:

1.       Los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial.

2.       El procurador de la parte que así lo solicite, a su costa.

Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona o en el domicilio del destinatario.

A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia de su firma y de la fecha en que se realice.


Forma de realizar los actos de comunicación.

Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas siguientes, según disponga esta ley:
1.       A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquel.

2.       Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, su fecha y del contenido de lo comunicado.

3.       Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal o el secretario judicial le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento.


Contenido de la cédula y respuesta del interesado.

La cédula expresara el tribunal o secretario judicial que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, el objeto de estos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.

En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.


COMUNICACIÓN POR MEDIO DE PROCURADOR.

La comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través de su Procurador cuando éste las represente. El procurador firmará las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante.

Los actos de comunicación con los procuradores se realizarán en la sede del tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el colegio de procuradores. El régimen interno de este servicio será competencia del colegio de procuradores, de conformidad con la ley.


La remisión de recepción de los actos de comunicación en este servicio se realizará por los medios y con el resguardo acreditativo de su recepción que veremos al estudiar los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares, cuando la oficina judicial y el colegio de procuradores dispongan de tales medios. En otro caso, se remitirá al servicio, por duplicado, la copia de la resolución o la cédula, de las del Procurador recibirá un ejemplar y firmará otro que será devuelto a la oficina judicial por el propio servicio.

viernes, 24 de octubre de 2014

Oposiciones Policía Nacional 2014 – 2015. Parte Informática. Temario.

Cooperación Jurídica Internacional: Las Comisiones Rogatorias. Oposiciones Justicia.

Continuamos con el tema 22 del temario para las próximas oposiciones de auxilio judicial tramitación y gestión de la Administración de Justicia. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir las actualizaciones en tu correo.

Cooperación Jurídica Internacional: Las Comisiones Rogatorias.

Los despachos para la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero se cursarán conforme a lo establecido en las normas comunitarias que resulten de aplicación, en los tratados internacionales en que España sea parte y, en su defecto, en la legislación interna que resulte aplicable.

A lo dispuesto por dichas normas se estará también cuando las autoridades judiciales extranjeras soliciten la cooperación de los juzgados y tribunales españoles.

Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo.

Ámbito de aplicación y países firmantes:

El reglamento 1393/2007 entró en vigor en España el 13 de noviembre de 2008 después de su publicación oficial del 10 de diciembre de 2007.
Éstos son los países que firmaron el reglamento:

Alemania Austria Bulgaria Bélgica Chipre Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Rumanía Suecia, excepto Dinamarca.

Consulta en http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_es.htm para una información más actualizada tras la incorporación de Croacia a la UE el 1 de julio de 2013.


Las Comisiones Rogatorias.


La ley orgánica del poder judicial establece que los jueces y tribunales cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de la función jurisdiccional y que se recabará la cooperación judicial cuando debiera practicarse una diligencia fuera de la circunscripción del juzgado o tribunal que lo hubiera ordenado o esta fuera de la específica competencia de otro juzgado o tribunal. La petición de cooperación, cualquiera que sea el juzgado o tribunal a quien se dirija, se efectuará siempre directamente, sin dar lugar a traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios.

Sin embargo, los jueces podrán realizar cualquier diligencia de instrucción penal en lugar no comprendido en el territorio de su jurisdicción, cuando el mismo se hallare próximo y ello resultare conveniente, dando inmediata noticia al juez competente. Los jueces y tribunales de otros órdenes jurisdiccionales podrán también practicar diligencias de instrucción o prueba fuera del territorio de su jurisdicción cuando no se perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal.

En cuanto a las comisiones rogatorias, o peticiones de cooperación internacional, serán elevadas por conducto del Presidente del Tribunal Supremo, del tribunal superior de justicia o de la audiencia al ministerio de justicia, el cual las hará llegar a las autoridades competentes del Estado requerido, bien por la vía consular o diplomática o bien directamente, si así lo prevén los tratados internacionales.

Los juzgados y tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les soliciten para el desempeño de su función jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, en razón de reciprocidad.

Si se acredita la existencia de reciprocidad o se ofrece esta por la autoridad judicial extranjera requirente, la prestación de cooperación internacional sólo será denegada por los juzgados y tribunales españoles:

1.       Cuando el proceso de que di mane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española.

2.       Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial española requerida. En tal caso, esta remitirá la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad requirente.

3.       Cuando la comunicación que contenga la solicitud de cooperación no reúna los requisitos de autenticidad suficiente o se haya redactado en idioma que no sea el castellano.

4.       Cuando el objeto de la cooperación solicitada sea manifiestamente contrario al orden público español.


Corresponde al gobierno, a través del ministerio de justicia, la determinación de la existencia de reciprocidad con el estado requirente.

jueves, 23 de octubre de 2014

La Orden Europea de Detención y Entrega. Oposiciones Justicia

Continuamos con el tema 22 del temario para las próximas oposiciones de auxilio judicial tramitación y gestión de la Administración de Justicia. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir las actualizaciones en tu correo.

La Orden Europea de Detención y Entrega.

La orden europea de detención y entrega es una resolución judicial que se dicta en un Estado miembro de la Unión Europea y que tiene la finalidad de que otro Estado miembro detenga y entregue a una persona a la que se reclama para:

1.       El ejercicio de acciones penales

2.       La ejecución de una pena o ejecución de una medida de seguridad privativa de libertad.


Novedades Incorporadas por la Orden Europea de Detención y Entrega.

1)      Sustituye el procedimiento de extradición por un sistema ágil de entrega de personas reclamadas.

2)      Establece la cooperación directa entre autoridades judiciales.

3)      Simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único, sencillo y breve.

4)      Dispone plazos muy breves para la adopción de la decisión sobre la entrega y la entrega efectiva del reclamado.

5)      Incluye mecanismos que permiten la agilización de la cooperación judicial y la acción de la justicia, como la entrega temporal.

6)      Reduce los motivos de denegación de la ejecución.

7)      Suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias. Esto quiere decir que el Estado que debe ejecutar la orden no puede oponerse a ella alegando que los hechos no están tipificados también como delito en su propia legislación. Las circunstancias en las que no es exigible el requisito de la doble incriminación son:

a.       Cuando se trate de delitos para los que la ley penal española prevé una pena o medida de seguridad privativas de libertad igual o superior a tres años.

b.      En el caso de delitos que, tal y como se definen por la ley penal española, puedan integrarse en alguna de las categorías siguientes:

                                                               i.      Pertenencia a organización delictiva, terrorismo,

                                                             ii.      trata de seres humanos, explotación sexual de los niños y pornografía infantil,

                                                            iii.      tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos,

                                                           iv.      corrupción,

                                                             v.      Fraude, incluyéndose el que afecta a los intereses financieros de las Comunidades Europeas de acuerdo con el Convenio 26.07. 1995, sobre protección de los intereses financieros de las comunidades europeas, blanqueo del producto del delito, falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro, delitos de alta tecnología, en particular delito informático, delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas, ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal,

                                                           vi.      Homicidio voluntario, agresión con lesiones graves, tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes, racismo y xenofobia, robos organizados o a mano armada,

                                                          vii.      Tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte, estafa, chantaje y extorsión de fondos, violación de derechos de propiedad industrial y falsificación de mercancías, falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos, falsificación de medios de pago, tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento, tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares, tráfico de vehículos robados, violación, incendio voluntario, delitos incluidos en la jurisdicción de la corte penal internacional, secuestro de aeronaves y buques, sabotaje.



Características de la Orden Europea de Detención y Entrega.

La orden europea de detención y entrega constituyen título judicial unificado para los estados miembros de la Unión Europea, que se cumplimenta siguiendo un formulario y que no debe acompañarse de documentación adicional.

Supuestos en que Se Puede Dictar una Orden de Detención y Entrega.

En las solicitudes de entrega de personas reclamadas para el ejercicio de acciones penales, cuando se trate de delitos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad cuya duración sea de, al menos, un año de duración con arreglo a la legislación del Estado de emisión (el que envía la orden).

En las solicitudes de entrega de personas reclamadas para la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad de una duración inferior a cuatro meses.


Autoridades competentes para la emisión y ejecución de la orden de detención europea en España.

Para la emisión de la orden, el juez o tribunal que conozca de la causa en la que proceda dictar la orden.

Para la ejecución de la orden, los juzgados centrales de instrucción y la sala de lo penal de la audiencia nacional.

Los juzgados centrales de instrucción son competentes para la tramitación inicial del procedimiento y para adoptar la decisión sobre la entrega si la persona reclamada consiente y si el ministerio fiscal no advierte causa de denegación o condicionamiento de la entrega.


La sala de lo penal de la audiencia nacional tiene competencia para la decisión sobre la entrega si la persona reclamada no consiente la entrega o si el ministerio fiscal advirtiera la existencia de causas de denegación o condicionamiento a la entrega.

martes, 21 de octubre de 2014

La Cooperación Jurisdiccional en el Orden Penal. Suplicatorios. Exhortos. Cartas Órdenes. Mandamientos.

Continuamos con el tema 22 del temario para las próximas oposiciones de auxilio judicial tramitación y gestión de la Guía de Formación Online. Suscríbete para recibir las actualizaciones en tu correo.

Regulación general.

Como ya hemos visto, los jueces pueden realizar cualquier diligencia de instrucción penal en lugar no comprendido en el territorio de su jurisdicción, cuando el mismo se hallare próximo y ello resultare conveniente, dando inmediata noticia al juez competente.

Los jueces y tribunales se auxiliarán mutuamente para la práctica de todas las diligencias que fueran necesarias en la sustanciación de las causas criminales.

Cuando una diligencia judicial deba ser ejecutada por un juez o tribunal distinto del que la haya ordenado, éste encomendará su cumplimiento por medio de suplicatorio, exhorto o mandamiento.
Empleará la forma de suplicatorio cuando se dirija a un juez o tribunal superior en grado; la de exhorto, cuando se dirija a uno de igual grado, y la de mandamiento o carta-orden cuando se dirija a un subordinado suyo.

El juez o tribunal que haya ordenado la práctica de una diligencia judicial no podrá dirigirse a jueces o tribunales de categoría o grado inferior que no le estuvieren subordinados, debiendo entenderse directamente con el superior de éstos que ejerza la jurisdicción en el mismo grado que él.
Se exceptúan los casos en que expresamente se disponga otra cosa en la ley.

Para ordenar el libramiento de certificación de testimonio y la práctica de cualquiera diligencia judicial, cuya ejecución corresponda a registradores de la propiedad, notarios, auxiliares o subalternos de juzgados o tribunales y funcionarios de policía judicial que estén a las órdenes de los mismos, se empleará la forma de mandamiento.

Cuando los jueces y tribunales tengan que dirigirse a autoridades o funcionarios de otro orden, usarán la forma de oficios o exposiciones, según el caso requiera.

Los suplicatorios, exhortos o mandamientos en causas en que se persigan delitos que no sean de los que sólo por querella privada pueden ser perseguidos, se expedirán de oficio y se cursarán directamente para su cumplimiento por el juez o tribunal que los hubiera librado.

Los que procedan de causas por delitos que sólo pueden ser perseguidos en virtud de querella particular, podrán entregarse bajo recibo al interesado o a su representante a cuya instancia se libraren, fijándole término para presentarlos a quien deba cumplirlos.

Se exceptúan los casos en que expresamente se disponga otra cosa en la ley.

La persona que reciba los documentos los presentará en el término que se le hubiese fijado, al juez o tribunal a quien se haya encomendado el cumplimiento, dando aviso, acto continuo, de haberlo hecho así al juez o tribunal de quien procedan.

Al verificar la presentación, el funcionario correspondiente extenderá diligencia a continuación del suplicatorio, exhorto o carta-orden, expresando la fecha de su entrega y la persona que lo hubiese presentado, a la que dará recibo, firmando ambos la diligencia. Dicho funcionario dará, además, cuenta al juez o tribunal en el mismo día, y si no fuere posible, en el siguiente.

Cuando hubiesen sido remitidos de oficio, el juez o tribunal que los reciba acusará inmediatamente recibo al remitente.

El juez o tribunal que reciba o a quien sea presentado un suplicatorio, exhorto o carta orden, acordará su cumplimiento, sin perjuicio de reclamar la competencia que estimare corresponderle, disponiendo lo conducente para que se practiquen las diligencias dentro del plazo, si se hubiere fijado en el exhorto, o lo más pronto posible en otro caso…….

Una vez cumplimentado, lo devolverá sin demora en la misma forma en que lo hubiese recibido o en que se le hubiese presentado.

Cuando se demorase el cumplimiento de un suplicatorio más tiempo del absolutamente necesario para ello, atendida la distancia y la índole de la diligencia que haya de practicarse, el juez o tribunal que lo hubiese expedido remitirá de oficio o a instancia de parte, según los casos, un recuerdo al juez o tribunal suplicado.

Si la demora en el cumplimiento se refiere a un exhorto, en vez de recuerdo dirigirá suplicatorio al superior inmediato del exhortado, dándole conocimiento de la demora.

Del mismo apremio se valdrá el que haya expedido una carta-orden para obligar a su inferior moroso a que la devuelva cumplimentada.

Los exhortos o tribunales extranjeros se dirigirán por la vía diplomática en la forma establecida en los tratados, y a falta de éstos, en la que determinen las disposiciones generales del gobierno.
En cualquier otro caso se estará al principio de reciprocidad.

Las mismas reglas establecidas anteriormente se observarán para dar cumplimiento en España a los exhortos de tribunales extranjeros, por los que se requiera la práctica de alguna diligencia judicial.

Con las autoridades, funcionarios, agentes y jefes de fuerza armada, que no estuvieren a las órdenes inmediatas de los jueces y tribunales, se comunicarán estos por medio de atentos oficios, a no ser que la urgencia del caso exija verificarlo verbalmente, haciendo constar en la causa.

Los jueces y tribunales se dirigirán en forma de exposición por conducto del Ministerio de Justicia, a los cuerpos colegisladores y a los ministros, tanto para que auxilien a la Administración de Justicia en sus propias funciones como para que obliguen a las autoridades, sus subordinadas, a que suministren los datos o presten los servicios que se les hubieren pedido.

Para terminar este apartado, en cuanto a la cooperación internacional en esta materia, debemos indicar que el acuerdo de Schengen, en el capítulo II de su título III, regula la asistencia jurídica en materia penal, y establece que puede realizarse directamente entre las autoridades judiciales de los estados partes.

La asistencia judicial internacional comprende:

1.       Comisiones rogatorias

2.       Remisión de documentos y citaciones de peritos o testigos que estén en territorio de otra parte contratante.

Esta asistencia internacional puede prestarse directamente entre las distintas autoridades judiciales, por razón de urgencia, o bien a través de los respectivos ministerios de justicia.

En el próximo apartado vamos a estudiar la orden europea de detención y entrega:


lunes, 20 de octubre de 2014

Los Actos de Comunicación con Otros Tribunales y Autoridades: Oficios y Mandamientos. Exhortos

Comenzamos el tema 22 del temario de auxilio judicial tramitación y gestión de la Guía de Formación Online. Suscríbete para recibir las actualizaciones.

Clases de actos procesales de comunicación.

Podemos clasificar los actos procesales de comunicación en:

1.       Notificaciones: cuando la comunicación tenga por objeto dar noticia de una resolución o actuación.

2.       Emplazamientos: cuando la comunicación tenga por objeto personarse y actuar dentro de un plazo.

3.       Citaciones: cuando la comunicación determine el lugar, la fecha y la hora para comparecer y actuar.

4.       Requerimientos: comunicaciones con el fin de ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad (hacer o no hacer).

5.       Mandamientos: para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los registradores de la propiedad, mercantiles, de buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcionarios al servicio de la administración de justicia.

6.       Oficios: para llevar a cabo las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior.

Los mandamientos y oficios se remitirán directamente por el secretario judicial que los expida a la autoridad o funcionario a que vayan dirigidos, pudiendo utilizarse medios electrónicos, informáticos y similares.
No obstante, si así lo solicitasen, las partes podrán diligenciar personalmente los mandamientos y oficios.
En todo caso, la parte a cuya instancia se libren los oficios y mandamientos habrá de satisfacer los gastos que requiera su cumplimiento.


El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso civil.

La ley orgánica del poder judicial dispone que los jueces y tribunales cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de la función jurisdiccional y que se recabará la cooperación judicial cuando deba practicarse una diligencia fuera de la circunscripción del juzgado o tribunal que la hubiera ordenado o ésta fuera de la específica competencia de otro juzgado o tribunal. La petición de cooperación, cualquiera que sea el juzgado tribunal a quien se dirija, se efectuará siempre directamente sin dar lugar a traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios.

Sin embargo, los jueces pueden realizar cualquier diligencia de instrucción penal en lugar no comprendido en el territorio de su jurisdicción, cuando el mismo se halle próximo y eso resulte conveniente, dando inmediata noticia al juez competente.

Los jueces y tribunales de otros órdenes jurisdiccionales también pueden practicar diligencias de instrucción o prueba fuera del territorio de su jurisdicción cuando no se perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal.


Casos en que procede el auxilio judicial.

Los tribunales civiles están obligados a prestarse auxilio en las actuaciones que, habiendo sido ordenadas por uno, requieran la colaboración de otro para su práctica.

Se solicitará el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de efectuarse fuera de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto, incluidos los actos de reconocimiento judicial, cuando el tribunal no considere posible o conveniente hacer uso de la facultad que le concede esta ley de desplazarse fuera de su circunscripción para practicarlas.

También puede pedirse auxilio judicial para las actuaciones que hayan de practicarse fuera del término municipal en que tenga su sede el tribunal que las haya ordenado, pero dentro del partido judicial o circunscripción correspondiente.

El interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos y la ratificación de los peritos se realizará en la sede del juzgado o tribunal que esté conociendo del asunto de que se trate, aunque el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente. Sólo cuando por razón de la distancia, dificultad del desplazamiento, circunstancias personales de la parte, del testigo o del perito, o por cualquier otra causa de análogas características resulte imposible o muy gravosa la comparecencia de las personas citadas en la sede del juzgado o tribunal, se podrá solicitar el auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba señalados en el párrafo anterior.


ÓRGANO AL QUE CORRESPONDE PRESTAR EL AUXILIO JUDICIAL.

Corresponde prestar el auxilio judicial a la oficina del juzgado de primera instancia del lugar en cuya circunscripción deba practicarse. No obstante lo anterior, si en dicho lugar tuviera su sede un juzgado de paz, el auxilio judicial consistiera en un acto de comunicación, a éste le corresponderá practicar la actuación.


EL EXHORTO.

¿Qué es un exhorto?

En derecho procesal se denomina exhorto a una solicitud en el marco de un procedimiento judicial por la cual un juez o un tribunal, en uso de sus funciones, se dirige hacia otro juez o tribunal de su misma jerarquía, a efectos que el juez destinatario ejecute un acto procesal necesario para el litigio a cargo del juez remitente... (Definición de la Wikipedia).


Contenido del exhorto.

El auxilio judicial se solicitará por el tribunal que lo requiera mediante exhorto dirigido a la oficina judicial del que deba prestarlo. El exhorto contendrá:

1.       La designación de los tribunales exhortante y exhortado.

2.       La indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto.

3.       La designación de las personas que sean parte en el auto, así como de sus representantes y defensores.

4.       La indicación de las actuaciones cuya práctica se interesa.

5.       Cuando las actuaciones interesadas hayan de practicarse dentro de un plazo, se indicará también la fecha en la que este finalice.

6.       Si para el cumplimiento del exhorto fuera preciso acompañar documentos, se hará expresa mención de todos ellos.


¿A quién corresponde la expedición y autorización de los exhortos?

La expedición y autorización de los exhortos corresponderá al Secretario Judicial.


Remisión de los exhortos.

Los exhortos se remitirán directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o de cualquier sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción.

No obstante, si la parte a la que interese el cumplimiento del exhorto así lo solicita, se le entregará éste bajo su responsabilidad, para que lo presente en el órgano exhortado dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el exhorto expresará la persona que queda encargada de su gestión, que sólo podrá ser el propio litigante o procurador habilitado para actuar ante el tribunal que deba prestar el auxilio.

Las demás partes también podrán designar Procurador habilitado para actuar ante el juzgado que deba prestar el auxilio, cuando deseen que las resoluciones que se dicten para el cumplimiento del exhorto le sean notificadas. Lo mismo podrá hacer la parte interesada en el cumplimiento del exhorto, cuando no haya solicitado que se le entregue este a los efectos previstos en el apartado anterior. Tales designaciones se harán constar en la documentación del exhorto.

Cuando el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, el que lo reciba lo enviará directamente al que corresponda, si es que le consta cuál sea éste, dando cuenta de su remisión al exhortante.


Cumplimiento del exhorto. Intervención de las partes.

El responsable de la oficina judicial que recibiere al exhorto dispondrá su cumplimiento y lo necesario para que se practiquen las actuaciones en el se interesen dentro del plazo señalado.
Cuando no ocurriera así, el secretario judicial del órgano exhortante, de oficio o a instancia de parte, recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. Si la actuación persistiera, el órgano para el que se haya solicitado el auxilio pondrá los hechos en conocimiento de la sala de gobierno correspondiente al tribunal exhortado.

Las partes y sus abogados y procuradores podrán intervenir en las actuaciones que se practiquen para el cumplimiento del exhorto. No obstante, las resoluciones que se dicten para el cumplimiento del exhorto sólo se notificarán a las partes que hubieran designado Procurador para intervenir en su tramitación.

Si no se hubiera designado Procurador, no se harán a las partes otras notificaciones que las que exige el cumplimiento del exhorto, cuando éste prevenga que se practique alguna actuación con citación, intervención o concurrencia de las partes, y las que sean precisas para requerir de éstas que proporcionen datos o noticias que puedan facilitar aquel cumplimiento.


Devolución del exhorto.

Una vez cumplimentado el exhorto, se comunicará al exhortante su resultado por medio del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción.

Las actuaciones de auxilio judicial practicadas se remitirán por correo certificado o se entregarán al litigante o al procurador al que se hubiere encomendado la gestión del exhorto, que las presentará en el órgano exhortante dentro de los 10 días siguientes.

Falta de diligencia de las partes en el auxilio judicial.


El litigante que, sin justa causa, demore la presentación al exhortado o la devolución al exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido confiada será corregido con una multa de 30 € por cada día de retraso respecto del final de los plazos establecidos, respectivamente, para la presentación ante el órgano exhortado, o para su presentación ante el exhortante una vez cumplimentado.

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