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viernes, 29 de agosto de 2014

Acumulación de Acciones y Procesos. Temario Justicia

Continuamos con el tema 19 de nuestro temariode auxilio judicial, tramitación y gestión procesal. En este tema estamos estudiando la jurisdicción y la competencia. La acumulación de acciones y de procedimientos. La tramitación de las cuestiones de jurisdicción y competencia. La competencia de los tribunales civiles, objetiva, funcional y territorial, los fueros legales disponibles e indisponibles. Su concepto y tramitación. Suscríbete a la Guía de Formación Online y recibe estas actualizaciones directamente en tu correo.

ACUMULACIÓN DE ACCIONES

Efecto principal de la acumulación. Acumulación objetiva de acciones. Acumulación eventual.

Una vez que se admita la acumulación de acciones producirá el efecto de tratarse todas en un mismo procedimiento para ser resueltas todas en una sola sentencia.

Será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones en un mismo juicio y no podrán, por tanto, acumularse cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra u otras.

Sin embargo, el actor puede acumular eventualmente acciones incompatibles entre sí, con expresión de la acción principal y de aquella otra u otras que ejercita para el caso de que la principal no se estime fundada.


Acumulación subjetiva de acciones.

Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir.

Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos.

Admisibilidad por motivos procesales de la acumulación de acciones.

Para que se admita la acumulación de acciones es preciso:

1.       Que el tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acción acumulada o acumuladas. Sin embargo, a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario podrá acumularse la acción que, por sí sola, se habría de ventilar, por razón de su cuantía, en juicio verbal.

2.       Que las acciones acumuladas no deban, o razón de su materia, ventilación juicios de diferente tipo.

3.       Que la ley no prohíba la acumulación en los casos en que se ejerciten determinadas acciones en razón de su materia o por razón del tipo de juicio que se haya de seguir.

También se acumularán en una misma demanda distintas acciones cuando así lo dispongan las leyes, para casos determinados.

Si se hubieran acumulado varias acciones indebidamente, el secretario judicial requerirá al actor antes de proceder a admitir la demanda para que subsane el defecto en el plazo de 5 DIAS, manteniendo las acciones cuya acumulación fuera posible. Transcurridos estos cinco días sin que se produzca la subsanación o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta el tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda.


Acumulación de procesos.

Disposiciones generales.

Finalidad de la acumulación de procesos. Legitimación.

Mediante la acumulación de procesos estos serán seguidos en un solo procedimiento y serán terminados por una sola sentencia.

La acumulación podrá ser solicitada por quien sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende o será acordada de oficio por el tribunal, siempre que se esté en alguno de los casos previstos a continuación.

La acumulación de procesos deberá acordarse siempre que:

1.       La sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro.

2.       Entre los objetos de los procesos de cuya acumulación se trate exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.

La acumulación de procesos también procede en estos casos:

1.       Cuando se trate de procesos incoados para la protección de los derechos e intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a consumidores y usuarios, susceptibles de acumulación conforme a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil, cuando la diversidad de procesos no se hubiera podido evitar mediante la acumulación de acciones o la intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios.

2.       Cuando el objeto de los procesos a acumular fuera la impugnación de acuerdos sociales adoptados en una misma junta o asamblea o en una misma sesión de órgano colegiado de administración. En este caso se acumularan todos los procesos incoados en virtud de demandas en las que se soliciten la declaración de nulidad o de anulabilidad de dichos acuerdos, siempre que las mismas hubieran sido presentadas en un período de tiempo no superior a 40 días desde la presentación de la primera de las demandas.

En todo caso, en los lugares donde hubiere más de un juzgado que tuvieran asignadas competencias en materia mercantil, las demandas que se presenten con posterioridad a otra se repartirán al juzgado al que hubiera correspondido conocer de la primera.


Procesos acumulables.

Salvo lo dispuesto en el artículo 555 de la ley de enjuiciamiento civil sobre la acumulación de procesos de ejecución, sólo procederá la acumulación de procesos declarativos que se sustancien por los mismos trámites o cuya tramitación pueda unificarse sin pérdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas anteriormente analizadas.

Se entiende que no hay pérdida de derechos procesales cuando se acuerde la acumulación de un juicio ordinario y un juicio verbal, que proseguirán por los trámites del juicio ordinario, ordenando el tribunal en el auto por el que se acuerde la acumulación, y de ser necesario, retrotraer hasta el momento de la admisión de la demanda las actuaciones del juicio verbal que hubiere sido acumulado, a fin de que siga los trámites previstos para el juicio ordinario.

Cuando los procesos estuvieran pendientes ante distintos tribunales, no cabrá su acumulación si el tribunal del proceso más antiguo careciera de la competencia objetiva por ración de la materia o de la cuantía para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular.

Tampoco procederá la acumulación cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso más moderno tenga en la ley carácter inderogable para las partes.

Para que sea admisible la acumulación de procesos será preciso que estos se encuentran en primera instancia y que ninguno de ellos haya finalizado el juicio (en el juicio ordinario).


Improcedencia de la acumulación de procesos. Excepciones.

No procederá la acumulación de procesos cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes pueda evitarse mediante la excepción de litispendencia.

Tampoco procederá la acumulación de procesos a instancia de parte cuando no se justifique que, con la primera demanda o, en su caso, con la ampliación de ésta o con la reconvención, no pudo promoverse un proceso que comprendiese pretensiones y cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas en los procesos distintos cuya acumulación se pretenda.

Si los procesos cuya acumulación se pretenda fueran promovidos por el mismo demandante o por el demandado reconviniente, solo o en litisconsorcio, se entenderá, salvo justificación cumplida, que pudo promoverse un único proceso en los términos del apartado anterior y no procederá la acumulación.

Lo dispuesto en los apartados anteriores no es de aplicación a los procesos incoados para la protección de los derechos e intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a consumidores y usuarios.

Proceso en el que hay que pedir la acumulación.

La acumulación de procesos se solicitará siempre al tribunal que conozca del proceso más antiguo, al que se acumularán los más modernos. De no cumplirse este requisito, el secretario judicial dictará decreto inadmitiendo la solicitud.

Corresponderá al tribunal que conozca del proceso más antiguo ordenar de oficio la acumulación.
La antigüedad se determinará por la fecha de la presentación de la demanda, debiendo presentarse con la solicitud de acumulación el documento que acredite dicha fecha.

Si las demandas se hubieran presentado el mismo día, se considerará más antiguo el proceso que se hubiera repartido primero.

Si, por pender ante distintos tribunales o por cualquiera otra causa, no fuese posible determinar cuál de las demandas fue repartida en primer lugar, la solicitud de acumulación podrá realizarse en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende.

Acumulación de procesos en el juicio verbal.

En los juicios verbales, la acumulación de procesos que estén pendientes ante el mismo tribunal se regulará por las normas del apartado siguiente. De no haberse formulado antes, la solicitud de acumulación de procesos se hará en el acto de la vista, en forma oral.
En este caso, las demás partes que asistan al acto manifestarán, en la misma forma, lo que estimen oportuno acerca de la procedencia o no de la acumulación solicitada y se resolverá sobre ella en la misma vista.

Cuando la acumulación fuera promovida de oficio, el tribunal, si no lo hubiera realizado antes conforme a lo previsto anteriormente, oirá a las partes y resolverá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.





Ortografía de la Lengua Española. Reglas Ortográficas. Representación Gráfica de las Unidades Léxicas: Secuencias especialmente problemáticas. Las Abreviaturas Gráficas. Siglas y Acrónimos. Oposición Policía Nacional. Tema 23.

Continuamos con el tema 23 del temario para las oposiciones de policía nacional, con el estudio de la Ortografía de la Lengua Española. Reglas Ortográficas. Uso de las Letras Mayúsculas y Minúsculas. Representación Gráfica de las Unidades Léxicas: Secuencias especialmente problemáticas. Las Abreviaturas Gráficas. Siglas y Acrónimos. Suscríbete a la Guía de Formación Online  para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.


7. Representación gráfica de las unidades léxicas

7.5. Secuencias especialmente problemáticas

POR-QUE: Se escribirá en dos palabras cuando la preposición va detrás del verbo u otro elemento que la rige (introduce un complemento de régimen preposicional): Ha dicho que está rabioso por que temine  su contrato: Voto por que le tengamos en cuenta para las elecciones; El mes de mayo se caracteriza por que su climatología es inestable, etc.

A DÓNDE/ADÓNDE; A DONDE/ADONDE: En este caso, las dos opciones son correctas, tanto en el caso del adverbio interrogativo o exclamativo (¿A dónde quieres ir hoy? ¿Adónde quieren que vayamos a comer?),  como para el adverbio relativo locativo (Al castillo es al único lugar a donde quiero ir con ella y Es el único sitio adonde me gustaría llevarte en las vacaciones).

SINO/ SI NO: La voz “sino” puede ser un conjunción adversativa (No fue su padre, sino su abuelo), o un sustantivo (Ese fue el sino de su vida, siendo “sino” igual a “destino”). Además se emplea en frases interrogativas significando “más que” o “excepto” (¿No tiene otro sentimiento sino pensar en él?). Por otra parte, la secuencia “si no” está constituida por la conjunción condicionante “si” y el adverbio de negación “no” (No iré si no me invitas personalmente).


7.6. Las abreviaturas gráficas

Las abreviaturas son representaciones gráficas reducidas de las palabras, resultantes de la eliminación de alguna de sus letras o sílabas.

Hay dos métodos o procedimientos a la hora de formar abreviaturas:

- Por truncamiento: es decir, suprimiendo letras o sílabas finales de las palabras (pág. Por página) En este caso las abreviaturas terminan siempre en letras consonantes.

- Por contracción: aquí de conservan solamente las letras más representativas de la palabra: izda. por izquierda).

Las abreviaturas no pierden la tilde si la vocal acentuada aparece en la abreviatura: Admón, pág.

Las abreviaturas tienen en común que se cierran con un punto (art., Ilma.), con excepción de aquellas en las unidades de medida (km, g, Kw, Tm, m…), en los elementos químicos (O, H, C, Hg, Ca…), en los puntos cardinales (N, S, E, O) y en aquellas abreviaturas en las que el punto se sustituye por una barra oblicua (c/ por calle).

Cuando las abreviaturas están formadas por letras voladas, siempre llevan un punto antes de las mencionadas letras: Sr.ª. D.ª.

En cuanto a las abreviaturas formadas por una sola letra, su plural se forma duplicando la letra conservada: CC. OO. (Comisiones Obreras), ss. (siguientes), FF. AA. (Fuerzas Armadas). En cambio, si las abreviaturas tienen más de una letras, su plural se forma añadiendo –s o –es: págs. (páginas), aunque en algunos casos su plural se forma de modo irregular (cts. en vez cénts, el plural de céntimo cént.).

Las abreviaturas que se emplean en chats y mensajes cortos, sólo se emplean en este ámbito particular y nunca deben emplearse en la lengua escrita general, por lo que no están reguladas ni contempladas por parte de la ortografía de nuestra lengua.
Y los símbolos, se distinguen de las abreviaturas en que no se cierran con un punto, no llevan nunca tilde y su plural no varía: 25 km, a (área, y no “á”).


7.7. Siglas y acrónimos

Se denomina sigla al signo lingüístico formado por las letras iniciales de los términos que forman parte de una expresión compleja: ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Normalmente se forman con las iniciales de las palabras con carga semántica (NIF: Número de Identificación Fiscal), pero algunas de ellas pueden contener preposiciones (MSF: Médicos Sin Fronteras), cifras (MP4: Moving Picture Experts Group versión 4) o signos (I+D: Investigación y desarrollo).

Las siglas se escriben sin espacios de separación y sin puntos: INSS, IRPF…
En casi todos los casos, las siglas no pueden leerse secuencialmente como palabras, por lo que se deletrean los grafemas de las que están compuestas (DNI, DVD, etc.). En este caso, las siglas deben escribirse siempre en mayúsculas. Pero cuando las siglas presentan una forma que permite que se puedan pronunciar como palabras, se denominan acrónimos. Los acrónimos se escriben en minúsculas, como ocurre con Unicef, a pesar de que durante cierto tiempo suelen utilizarse las siglas: UNICEF).

Las siglas que se escriben por completo en mayúsculas, no llevan tilde (se escribe CIA y no CÍA), pero en cambio si llevan tilde los acrónimos lexicalizados (como MÓDEM=).

Ortografía de la Lengua Española. Reglas Ortográficas. Uso de las Letras Mayúsculas y Minúsculas. Representación Gráfica de las Unidades Léxicas: Palabra y Unidad Léxica. La Escritura de Expresiones Complejas. La Escritura de Palabras Con prefijos. Secuencias que pueden escribirse en una o más palabras. Oposición Policía Nacional. Tema 23.

Continuamos con el tema 23 del temario oposiciones policía nacional, con el estudio de la Ortografía de la Lengua Española. Reglas Ortográficas. Uso de las Letras Mayúsculas y Minúsculas. Representación Gráfica de las Unidades Léxicas: Palabra y Unidad Léxica. La Escritura de Expresiones Complejas. La Escritura de Palabras Con prefijos. Secuencias que pueden escribirse en una o más palabras. Suscríbete a la Guía de Formación Online  para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.

6. Uso de las letras mayúsculas y minúsculas

Las letras mayúsculas del abecedario español son mucho más antiguas que las letras minúsculas, las cuales aparecieron mucho después en el tiempo.

Las letras mayúsculas tienen asignadas las siguientes funciones lingüísticas: delimitar enunciados, señalar los nombres propios o las expresiones denominativas y formar siglas.
Siempre empiezan por mayúscula la palabra que sigue a la fórmula de encabezamiento o saludo de una carta: Hola, Juan: Recuerda enviarme el archivo… Mi querido amigo: Le estaré muy agradecido si…

Si se trata de textos administrativos, las palabras EXPONE, CERTIFICA y SOLICITA, se escriben siempre en mayúsculas (todas sus letras). Y empieza por mayúscula la palabra que sigue después de los dos puntos: El Director Provincial SOLICITA: Que…

Escribiremos con minúscula inicial todos los tratamientos: usted, don, su santidad (en este caso concreto, se admite la mayúscula si no va seguido del nombre propio de la persona a la que nos estamos refiriendo). Pero es obligatorio utilizar las mayúsculas en las abreviaturas: Ud, D., etc. Y cuando se ponen dos o más tratamientos, todos van en abreviatura: Ilmo. Sr. D.

Además se escriben con minúscula inicial los títulos y los cargos: El papa pronunciará un discurso en varias ciudades de España. Cuando coinciden el nombre del cargo y el de la institución, el cargo se escribe con minúsculas, reservando la mayúscula para la institución.

También existe la “mayúscula de relevancia”, que es el uso no justificado de la mayúscula para expresar el deseo de poner de manifiesto la especial relevancia que se da al referente asignada por la palabra escrita de este modo. Se recomienda evitar este tipo de mayúscula: papa, nación, rey.

Con mayúscula inicial se escriben los nombres propios religiosos y sus apelativos (Dios, los Santos, la Virgen María…), pero se ha de utilizar la minúscula en los pronombres que hacen referencia a esos nombres religiosos: Se encomendó a Dios, y él escuchó sus plegarias.

Se escriben con minúsculas los nombres de los días de la semana y los meses: Está de cumpleaños el viernes 25 de julio.

Se escriben con mayúscula el nombre de la asignaturas (como Inglés, Historia, Matemáticas, Lengua, Geografía…), y las épocas o movimientos (Barroco, Romanticismo, la Antigüedad…). Pero se escriben con minúscula los nombres de los estilos o movimientos: modernismo.

En cuanto a los nombres de calles, barrios, espacios urbanos o urbanizaciones, solamente debe escribirse con mayúscula el término específico: la avenida José Echegaray, el barrio de Palomar, la calle Alcalá

También se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que componen la denominación completa de instituciones, organismos o entidades: Universidad Juan Carlos I, Biblioteca Nacional, Cruz Roja

La “ortografía relajada” de mayúsculas y minúsculas es admisible en mensaje de móvil y chats, pero no lo es en correos electrónicos.

Y por último señalar que las mayúsculas de “ll” y de “ch” son Ll y Ch (y no LL y CH).
(483)


7. Representación gráfica de las unidades léxicas

7.1. Palabra y unidad léxica

El término “palabra” designa a una unidad lingüística con un significado léxico.
La expresión unidad léxica se refiere tanto a las palabras gráficamente simples (que serían unidades léxicas universales) como a las expresiones complejas constituidas por varias palabras que, sin embargo, funcionan de modo unitario a efectos léxicos (son unidades léxicas pluriverbales). En algunos casos, estas unidades léxicas pluriverbales pueden llegar a transformarse en una sola palabra gráfica (campo santo… camposanto).

7.2. La escritura de expresiones complejas

Es admisible la escritura en una sola palabra de los nombres propios compuestos, que seguirán las reglas generales ortográficas: Juampablo, Mariángeles, Maricarmen, Joseángel

7.3. La escritura de palabras con prefijos

El prefijo ex-, y el resto de los prefijos, se deben escribir unidos a su base léxica cuando esta es sólo una palabra: exconcejal, exmarido, exdirectora, etc. Pero los prefijos se escriben separando con guion si la base léxica es un nombre propio (anti-Hitler, pro-América), y separado sin guion cuando la base léxica consta de varias palabras (ex capitán general, pro derechos de la mujer…).

A pesar de que no serían censurables las formas gráficas simplificadas, en las palabras con el prefijo co- seguidas de o-, lo normal es mantener las dos vocales: cooperante, coordinado, etc.

Y es recomendable utilizar el prefijo pos- en vez del post-, como en posoperatorio, a menos que la palabra empiece por s- : postsimbólico (y no possimbólico). Mencionamos aquí la palabra inglesa post-it (que es una marca comercial que al final se generalizó a un tipo de producto), hay que escribirla con /t/ y pronunciarla “póstit”).


7.4. Secuencias que pueden escribirse en una o más palabras

SE PREFIERE
SE DESACONSEJA
SE PREFIERE
SE DESACONSEJA
A cal y canto
A calicanto
A rajatabla
A raja tabla
A tocateja
A toca teja
Altamar
Alta mar
Aprisa
A prisa
Arcoíris
Arco iris
Asimismo (=tb)
Así mismo
Bienvenido
Bien venido
Bocabajo
Boca abajo
Bocarriba
Boca arriba
Contrarreloj
Contra reloj
Cubalibre
Cuba libre
Enfrente
En frente
Enseguida
En seguida
Entretanto
Entre tanto
Exlibris
Ex libris
Maleducado
Mal educado
Medianoche
Media noche
Medioambiente
Medio ambiente
Nochebuena
Noche Buena
Padrenuestro
Padre nuestro
Sobremanera
Sobre manera





Ortografía de la Lengua Española. Reglas Ortográficas. Uso de los Signos Ortográficos: Los Signos Ortográficos. Empleo de los Signos Diacríticos. Uso de los Signos de Puntuación (2): La Raya o Pleca. Las Comillas. Los Signos de Interrogación y de Exclamación. Los Puntos Suspensivos. Uso de Algunos Signos Auxiliares: El Guión. La Barra. Oposiciones Policía Nacional. Tema 23.

Continuamos con el tema 23 del temario policía nacional, con el estudio de la Ortografía de la Lengua Española. Reglas Ortográficas. Uso de los Signos Ortográficos: Los Signos Ortográficos. Empleo de los Signos Diacríticos. Uso de los Signos de Puntuación (2). Uso de Algunos Signos Auxiliares: El Guión. La Barra.Suscríbete a la Guía de Formación Online  para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.


5. Uso de los signos ortográficos

5.3. Uso de los signos de puntuación.

5.3.4. La raya o pleca

La raya o pleca no debe confundirse con el guión (-), que es un signo más corto.
La raya es el signo que se coloca antes de la intervención de cada interlocutor en la reproducción escrita de un diálogo, y que se escribe sin espacio: -¿Cómo se llama tu madre?

En cambio, en las enumeraciones en forma de lista, sí debemos dejar un espacio en blanco entre la raya y el texto que le sigue. Cada uno de los elementos integrantes de la lista se cierra sin coma, con coma, con punto y coma, y según la complejidad de los enunciados, incluso con un punto. Y a menos que se cierren con un punto, se escriben con minúscula inicial los elementos introducidos por la raya.

5.3.5 Las comillas

Las comillas tienen diversos usos, entre ellos, los de citar el título de un artículo, un cuento, un poema, un reportaje, etc.

Y algo muy importante: la coma, el punto y coma, y los dos puntos siempre se escriben después de las comillas de cierre: “No hay mal que por bien no venga”.

5.3.6. Los signos de interrogación y los signos de exclamación

En nuestra lengua, es obligatorio escribir los signos de interrogación y de exclamación de apertura y el de cierre.

Se emplea solo el de cierre, escrito entre paréntesis, para expresar sorpresa y duda, con cierta ironía: Con casi cincuenta años no ha tenido una pareja en su vida y presume de ello (!).

Cuando los signos de exclamación o de interrogación finalizan el enunciado de la frase, nunca debe añadirse después de ellos el punto de cierre (salvo cuando, como en el ejemplo del párrafo anterior, al signo le sigue cierre de comillas o de paréntesis).
Otro dato importante, es que cuando el sentido de una oración es interrogativo y exclamativo a la vez, pueden combinarse ambos signos: ¡Qué me estás contando? / ¿Qué me estás contando! Aunque la opción más recomendada en este tipo de frases es: ¿¡ Qué me estás contando!?

Si las exclamaciones o las preguntas están introducidas por la palabra pero, entonces esta conjunción puede escribir indistintamente dentro o fuera de los signos: Pero ¡si no ha vendió a casa en más de tres meses!/ ¿Pero a qué se debe su comportamiento agresivo?

5.3.7. Los puntos suspensivos

Los puntos suspensivos se emplean para dejar un enunciado en suspenso (Si tu supieses…), para expresar estados de ánimo de la persona que habla, o para señalar una omisión por distintos motivos: (El que a hierro mata…; Vete a la m…).

Al final de enumeraciones abiertas o incompletas, los puntos suspensivos tienen el mismo valor que la palabra etcétera. Eso sí, para evitar una redundancia innecesaria, debe evitarse escribir los dos juntos, es decir, etc… está mal escrito.

También tener siempre presente que los puntos suspensivos son tres y solamente tres, y en no se añadirá otro punto de cierre. Una excepción a esta norma, se presenta cuando los puntos suspensivos van detrás de una abreviatura, caso en el que se suma a ellos el punto que la cierra, o sea, que se escribirán cuatro puntos.

5.4. Uso de algunos signos auxiliares

5.4.1. El guion

La forma del guión es muy parecida a la de la raya, pero su longitud es cuatro veces menor.

El guión se emplea como signo de división de palabras cuando termina un renglón, y como signo de unión entre palabras: Sala de lo Contencioso-Administrativo en Madrid.

En cuanto al guion al final de línea en un texto, hay que tener claro que no deben separarse nunca dos vocales seguidas, independientemente de que se pronuncien en diptongo, triptongo o hiato.

Hay que evitar dejar una vocal sola al final de la línea, es decir, se escribiría alu-/cinante, y no a-/lucinante). En cambio, dicha división si puede efectuarse si la vocal va precedida de la letra “h”: hi-/pérbola.

Las palabras pueden ser divididas en sílabas o por sus componentes, pero nunca si uno de los elementos no tiene existencia independiente. Como ejemplo podemos hablar de la palabra “puntiagudo”, que no se puede separar en punti-/ agudo, puesto que “punti” no existe como elemento independiente.

5.4.2. La barra

La barra se emplea con frecuencia para evitar introducir una opción en el texto escrito: Se admite chico/a con buenos informes para trabajar como aprendiz; Estimado/a compañero/a. También puede encontrarse este tipo de fórmula empleando el paréntesis: Se admite chico(a) con buenos informes para trabajar como aprendiz; Estimado(a) compañero(a).

jueves, 28 de agosto de 2014

Jurisdicción y Competencia En El Orden Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social.

Comenzamos el tema 19 de nuestro temariooposiciones auxilio judicial, tramitación y gestión procesal. En este tema estudiaremos la jurisdicción y la competencia. La acumulación de acciones y de procedimientos. La tramitación de las cuestiones de jurisdicción y competencia. La competencia de los tribunales civiles, objetiva, funcional y territorial, los fueros legales disponibles e indisponibles. Su concepto y tramitación. Suscríbete a la Guía de Formación Online y recibe estas actualizaciones directamente en tu correo.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Introducción

Ambos términos, aunque son distintos, están estrechamente relacionados, hasta el punto de que la competencia presupone la existencia de jurisdicción. La potestad jurisdiccional (o sea, la capacidad de interpretar el derecho, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) está atribuida de forma exclusiva a los órganos jurisdiccionales. El problema surge debido a que existe una multiplicidad de órganos y por eso debe determinarse que corresponde conocer a cada uno de estos órganos en cada caso concreto.

Como un concepto general, la potestad jurisdiccional es única e indivisible y, como vimos, se atribuye de forma exclusiva a todos los juzgados y tribunales que forman parte del poder judicial. A pesar de ello, cuando es necesario concretar y definir a qué órgano judicial le corresponde conocer un asunto en detrimento de los demás, hay que repartir la jurisdicción distribuirla para su ejercicio concreto. A esta distribución del ejercicio de la función jurisdiccional es a lo que llamamos competencia. La competencia se define normalmente como el conjunto de reglas que determinan la atribución de un caso concreto a un órgano jurisdiccional determinado, con exclusión de los demás, como veremos próximamente.

La LOPJ (ley orgánica del poder judicial), así como los tratados y convenios internacionales en los que España forme parte, determinan la jurisdicción de los tribunales civiles españoles, su extensión y sus límites.


LA JURISDICCIÓN

Características Generales:

La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.

Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los jueces y tribunales en el curso del proceso y la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la constitución y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley.

Las administraciones públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.

Las resoluciones judiciales sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las leyes.

Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos. Si la ejecución resultare imposible, el juez o tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquella no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, declarada por el gobierno, podrán expropiarse los derechos reconocidos frente a la administración pública en una sentencia firme, antes de su ejecución. En este caso, el juez o tribunal a quien corresponda la ejecución será el único competente para señalar por vía incidental la correspondiente indemnización.

Extensión y límites de la jurisdicción.

Los juzgados y tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.

Se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas del derecho internacional público.

Además, los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

Los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por ley.


ORDEN CIVIL

En el orden civil los juzgados y tribunales españoles son competentes:

1.       Con carácter exclusivo, en materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en España; en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos; en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español; en materia de inscripciones o de validez de patentes y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere solicitado o efectuado en España el depósito o registro; en materia de reconocimiento y ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.

2.       Con carácter general, cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los juzgados o tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España.

3.       En defecto de los criterios precedentes y en materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiere tenido su último domicilio en territorio español; en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados cuando estos tuviesen su residencia habitual en España; en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español o tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro; en materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España; para la constitución de la adopción, cuando el adoptante o el adoptado sea español o resida habitualmente en España; en materia de alimentos, cuando el acreedor de los mismos tenga su residencia habitual en territorio español; en materia de obligaciones contractuales, cuando éstas hayan nacido o deban cumplirse en España; en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tenga su residencia habitual común en España; en las acciones relativas a bienes muebles, si éstos se encuentran en territorio español al tiempo de la demanda; en materia de sucesiones, cuando el causante haya tenido su último del domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España.

4.       Asimismo, en materia de contratos de consumidores, cuando el comprador tenga su domicilio en España si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos destinados a financiar su adquisición; y en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles, cuando la celebración del contrato hubiere sido precedida por la oferta personal o de publicidad realizada en España o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español los actos necesarios para la celebración del contrato; en materia de seguros, cuando el asegurado y el asegurador tengan su domicilio en España; y en los litigios relativos a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en el territorio español. En materia concursal se estará a lo dispuesto en su ley reguladora.

5.       Cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España.

ORDEN PENAL

En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en que España sea parte.

Asimismo, conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

a)      Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución salvo que, en virtud de un tratado internacional o de un acto normativo de una organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito.

b)      Que el agraviado o el ministerio fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles.

c)       El delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

La jurisdicción española conocerá de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:

a)      De tradición y contra la paz o la independencia del Estado.

b)      Contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor o el regente.

c)       Rebelión y sedición.

d)      Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los ministros y de los sellos públicos u oficiales.

e)      Falsificación de moneda española y su expedición.

f)       Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, introducción o expedición de lo falsificado.

g)      Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.

h)      Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la administración pública española.

i)        Los relativos al control de cambios.

Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos:

a)      Genocidio y lesa humanidad

b)      Terrorismo

c)       Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.

d)      Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces.

e)      Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.

f)       Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.

g)      Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.

h)      Cualquier otro que, según los tratados y los convenios internacionales, en particular los convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España.

Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos en España, para que puedan conocer los tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentra en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.

El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española será sobreseído provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.

Orden contencioso-administrativo

Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales Fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional.

Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad del tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente, conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva.

También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas.

ORDEN SOCIAL

En el orden social, los juzgados y tribunales españoles serán competentes:

1.       En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; cuando el trabajador y el empresario tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español.

2.       En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados en España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio español.

3.       En materia de pretensiones de seguridad social frente a entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España.

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