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domingo, 16 de noviembre de 2014

Las Juntas de Expurgo de la Documentación Judicial II: Funcionamiento

Con este apartado terminamos el tema 24 del temario oposiciones justicia, auxilio judicial, tramitación y gestión. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir actualizaciones en tu correo electrónico.

En este apartado vamos a ver:

- Remisión de Relaciones Documentales a las Juntas de Expurgo.

-Devolución por la Junta de Expurgo de los Documentos Aportados al Proceso.

-Régimen de Funcionamiento.

-Acuerdos de la Junta de Expurgo.

-Actas y Certificaciones de la Junta de Expurgo.

-Enajenación, Destrucción Traslado de los Documentos.


Remisión de Relaciones Documentales a las Juntas de Expurgo.

El responsable del Archivo Judicial de Gestión donde radiquen los documentos judiciales remitirá al Secretario de la Junta de Expurgo una relación de todos aquellos procedimientos en los que haya terminado la ejecución o en los que se hubiera dictado una resolución que declare la prescripción o la caducidad.

El responsable del Archivo Judicial Territorial o Central donde radiquen los documentos judiciales, una vez transcurridos los plazos legales de prescripción o caducidad, remitirá al secretario responsable del archivo judicial de gestión una relación de todos ellos identificados según el proceso o actuación judicial a que corresponden, sujetos intervinientes y domicilio de estos, al objeto de que el órgano judicial de procedencia confirme en el plazo de un mes el transcurso de los anteriores plazos, con arreglo a la legislación aplicable.

Una vez comunicada la resolución sobre el transcurso de los plazos legales al Archivo Judicial Territorial o Central, secretario responsable estará a lo dispuesto en el párrafo primero.

Estas relaciones de expedientes serán remitidas como mínimo una vez al año con el fin de que se decida sobre su posterior destino.

Dicha relación deberá tener el mismo contenido y cumplir los requisitos contemplados en el artículo 13 del Real Decreto, a los que se añadirá la expresión del archivo judicial en que se hallasen.


Devolución por la Junta de Expurgo de los Documentos Aportados al Proceso.

El presidente de la junta de expurgo acordará la publicación de las relaciones de expedientes judiciales en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, según el ámbito territorial del órgano judicial de los que procedan, y una referencia de aquella en un diario de los de mayor difusión en el ámbito autonómico al objeto de que, en el plazo de dos meses, puedan los interesados recuperar aquellos documentos en su día aportados al proceso. En la publicación del anuncio se omitirá la reseña del objeto del proceso y la identificación de las partes.

Quienes pretendan recuperar documentos propios aportados a las actuaciones judiciales u obtener testimonio o certificación de estas por tener interés legítimo plantearan su solicitud por escrito, directamente o a través de representantes con poder suficiente, ante el secretario de la junta de expurgo, dentro del plazo referido anteriormente.

La solicitud será resuelta en forma análoga a la prevista en el artículo 12 del real decreto, entendiéndose la referencia al órgano judicial como atribuida a la junta de expurgo.

Transcurrido el plazo anterior sin que los interesados hubiesen promovido su devolución, se les tendrá por decaídos en su derecho a recuperar los documentos aportados.


Régimen de Funcionamiento de la Junta de Expurgo.

La junta de expurgo será convocada en sesión ordinaria una vez al año. El presidente, en consideración el número de relaciones de expedientes judiciales y gubernativos, podrá acordar la convocatoria de cuantas sesiones extraordinarias considere necesarias.

La convocatoria de sesiones ordinarias o extraordinarias será acordada una vez haya transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 16 del real decreto y se realizará con la antelación necesaria.

El orden del día será comprensivo de las relaciones de expedientes judiciales objeto de la convocatoria. Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la sesión, la administración competente en materia de patrimonio histórico elaborará un informe de carácter vinculante que comprenderá aquellos expedientes o documentos judiciales que por su valor histórico-documental deberán ser preservados, a cuyo fin podrá designar personal especializado a su servicio para que acceda al archivo judicial en el que se encuentren, previa acreditación ante el secretario judicial encargado de aquel.

La apreciación del interés histórico-documental podrá realizarse mediante el acceso a los programas y aplicaciones informáticas.

La asistencia a las reuniones de las juntas de expurgo, debidamente justificadas por el secretario, dará lugar a la indemnización que pudiera corresponder, según lo previsto en el Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo, o, en su caso, normativa autonómica que resulte aplicable.


Acuerdos de la Junta de Expurgo.

La junta de expurgo acordará la transferencia a la administración competente en materia de patrimonio histórico de aquellos expedientes o documentos judiciales que, de conformidad con el informe elaborado por esta, deban ser preservados por causa de su interés histórico-documental.
En caso contrario, la Junta resolverá su exclusión del Patrimonio Histórico y posterior enajenación.
En el caso de que la administración competente en materia de patrimonio histórico no emita el informe correspondiente, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 83 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:


Artículo 83. Evacuación.

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

2. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos.

4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera evacuado, se podrán proseguir las actuaciones.

El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.


Cuando, por cualquier circunstancia no fuese posible o no resultara aconsejable la enajenación y, en todo caso, cuando los expedientes o documentos judiciales y gubernativos no estén recogidos en soporte de papel, se acordará su destrucción.

Las resoluciones de la junta de expurgo que acuerden la transferencia de los expedientes judiciales a la administración competente, su enajenación o su destrucción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial de la Comunidad Autónoma según el ámbito territorial de los órganos judiciales de los que procedan.

Todas las resoluciones de la junta de expurgo pondrán fin a la vía administrativa.


Actas y Certificaciones de la Junta de Expurgo.

El acta de los acuerdos adoptados se aprobará en la misma o en la siguiente sesión, convocada expresamente a tal fin en el plazo de un mes.

El secretario de la junta remitirá a cada juzgado o tribunal certificación acreditativa del acuerdo adoptado con respecto a los expedientes judiciales contenidos en las relaciones elevadas por éstos, para que por el secretario del órgano, como responsable del archivo judicial de gestión, se tenga constancia documentada del destino definitivo de aquellos.

Igual comunicación, y a los mismos fines, dirigida al secretario responsable del archivo judicial territorial o central cuando proceda.



Enajenación, Destrucción y Traslado de los Documentos.

La administración competente en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de justicia procederá a la enajenación o a la destrucción de los expedientes judiciales.

Los expedientes que sean objeto de enajenación, en los términos previstos en la ley del patrimonio del Estado o legislación autonómica que resulte aplicable, deberán ser destinados por el adquirente exclusivamente a su tratamiento para posterior reutilización como papel de uso común.

La enajenación debe reflejarse en un contrato escrito que contenga los requisitos previstos en el artículo 12 de la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.

En ningún caso podrá el adquirente divulgar el contenido de los expedientes judiciales ni, bajo ninguna circunstancia, permitir el acceso de terceros a ellos. Las prohibiciones que anteceden deberán ser expresamente consignadas en el contrato de compra y venta.

La destrucción de los expedientes judiciales y gubernativos se llevará a efecto bien mediante contrato administrativo, en a través de la celebración de un convenio de colaboración con una administración pública que cuente con instalaciones adecuadas a tal fin.

El pliego de cláusulas administrativas particulares o el convenio contendrán las prohibiciones anteriormente mencionadas.

Los expedientes de los contratos menores que se tramiten para la destrucción de los expedientes judiciales incorporarán el compromiso, por escrito, del contratista de no divulgar el contenido de los expedientes judiciales ni, bajo ninguna circunstancia, permitir el acceso de terceros a éstos, así como el respeto por el contratista de las restantes obligaciones establecidas en el artículo 12 de la ley de protección de datos de carácter personal.

Una vez que se haya formalizado la transferencia documental a la administración competente en materia de patrimonio histórico, el contrato de compra y venta, el convenio de colaboración con otra administración pública o el contrato administrativo, se remitirá copia de estos al secretario de la junta de expurgo.

El secretario de la junta expedirá certificación acreditativa de su objeto y de la persona física o jurídica que sea parte en el negocio jurídico y la remitirá al secretario judicial responsable del archivo donde radiquen los expedientes judiciales y gubernativos, al objeto de poder autorizar la entrega de estos, previo levantamiento del acta, de la cual quedará constancia en este archivo y en el de gestión, de no coincidir ambos.

El secretario judicial responsable del archivo autorizará el traslado de aquellos expedientes judiciales y gubernativos respecto de los cuales no se hubieran cumplido los requisitos anteriores y los exigidos en los apartados 2 y 3 del artículo 19 del real decreto.

1 comentario:

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