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jueves, 6 de noviembre de 2014

Acceso a la Documentación de los Archivos Judiciales.

Continuamos con el tema 24 del temario oposiciones justicia, auxilio judicial, tramitación y gestión. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir actualizaciones en tu correo electrónico.


Acceso al archivo judicial de gestión:

Quienes hubieran sido parte en los procesos judiciales o sean titulares de un interés legítimo podrán acceder a la documentación conservada en los archivos judiciales de gestión, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación legalmente prevista, salvo cuando tenga carácter reservado (artículo 235 de la ley orgánica 6/1985 de 1 de julio del poder judicial).

Corresponde al secretario del juzgado o tribunal respectivo facilitar a los interesados el acceso a los documentos judiciales que consten en sus archivos o procedan de éstos, en la forma y con los requisitos establecidos en el capítulo I del título I del reglamento 5/1995 de 7 de junio del Consejo General del poder judicial. Esta referencia que contiene el real decreto 937/2003 al reglamento 5/1995 debe entenderse efectuada a la sección primera del capítulo I del título I del reglamento 1/2005 del Consejo General del poder judicial, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, que expresamente deroga el reglamento de 1995, siendo dicha sección primera la que regula la materia de la publicidad de las actuaciones judiciales.

El acceso por el propio afectado a sus datos de carácter personal recogidos en el archivo judicial de gestión sólo podrá ser denegado en los supuestos previstos en la legislación vigente.

Si el acceso a documentos que contuvieran datos de carácter personal fuese solicitado por quien no hubiera sido parte en el procedimiento, sólo será concedido cuando el procedimiento hubiera concluido y exclusivamente en los supuestos previstos por el artículo 11.2 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o cuando el interesado hubiera prestado su consentimiento a dicho acceso.

En todo caso, según lo dispuesto en el artículo 57.1. c) de la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, los documentos que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años a partir de la fecha de los documentos.

En cuanto la obtención de copias y conservación de documentos, el artículo 4 de la ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia, configura como derechos de los ciudadanos los de obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de parte o acrediten interés legítimo, según establece la ley orgánica del poder judicial y las leyes procesales, y a la conservación en formato electrónico por la administración de justicia de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente conforme a la normativa vigente en materia de archivos judiciales.

Y el artículo 6 de la citada ley, configura como derechos de los profesionales del ámbito de la justicia los de obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que sean representantes procesales de la parte personada o acrediten interés legítimo, según establecen la ley orgánica del poder judicial y las leyes procesales, y a la conservación en formato electrónico por la administración de justicia de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente según la normativa vigente en materia de archivos judiciales.



ACCESO AL Archivo judicial territorial o central.

La documentación conservada en los archivos judiciales territoriales y en el central estará en todo momento a disposición del órgano judicial al que pertenezca.

El órgano judicial de donde procede el documento, mediante solicitud de su secretario, podrá requerir del archivo judicial territorial o central que le sea facilitado su original, una copia o certificación expedida por el responsable del archivo, así como cualquier información que considere necesaria.
Si se facilitasen originales de documentos, éstos deben ser reenviados al archivo judicial territorial o central en cuanto desaparezca la causa que motivó la petición.

Según lo que dispone el artículo 235 de la ley orgánica del poder judicial, quienes hayan sido parte en los procesos judiciales o sean titulares de un interés legítimo pueden acceder a los documentos judiciales que se encuentren en el archivo territorial o central mediante solicitud al secretario responsable del archivo de que se trate, quien facilitará a los interesados el acceso a los documentos judiciales que consten en sus archivos, en la forma y con los requisitos establecidos en el capítulo I del título I del reglamento 5/1995 de 7 de junio del Consejo General del Poder Judicial. Esta referencia que contiene el real decreto 937/2003 al reglamento 5/1995 debe entenderse efectuada a la sección primera del capítulo I del título I del reglamento 1/2005 del Consejo General del poder judicial, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, que expresamente deroga el reglamento de 1995, siendo dicha sección primera la que regula la materia de la publicidad de las actuaciones judiciales.

En caso de que el secretario judicial deniegue el acceso a los documentos, el acuerdo denegatorio será revisable por el juez o presidente del órgano judicial al que corresponda la documentación, según lo establecido en el apartado tercero del artículo 4 del reglamento 5/1995 de 7 de junio del Consejo General del Poder Judicial. Esta referencia que contiene el real decreto 937/2003 al reglamento 5/1995 debe entenderse efectuada al apartado tercero del artículo 4 del reglamento uno/2005 del Consejo General del Poder Judicial, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, que Expresamente Deroga el Reglamento de 1995.

Si la solicitud ya viniese autorizada por el órgano judicial al que corresponde la documentación archivada, el encargado del archivo territorial o central se limitará a facilitar la exhibición de que se trate o a la entrega del testimonio o de la certificación autorizada.

En todo caso, el acceso a la documentación estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 7.2 del real decreto.

En cuanto a la obtención de copias y conservación de documentos, el artículo 4 de la ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia, configura como derechos de los ciudadanos los de obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte procedimientos en los que tengan la condición de parte o acrediten un interés legítimo, en los términos establecidos en la ley orgánica del poder judicial y en las leyes procesales, y a la conservación en formato electrónico por la administración de justicia de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente conforme a la normativa vigente en materia de archivos judiciales.

El artículo 6 de esta ley configura como derechos de los profesionales del ámbito de la justicia los de obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que sean representantes procesales de la parte personada o acrediten interés legítimo, en los términos establecidos en la ley orgánica del poder judicial y la leyes procesales, y a la conservación en formato electrónico por la administración de justicia en los documentos electrónicos que formen parte de un expediente según la normativa vigente en materia de archivos judiciales.


En el próximo apartado veremos la forma de remisión o envío de documentos judiciales y las relaciones documentales.

4 comentarios:

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