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lunes, 15 de septiembre de 2014

Inmediación, Publicidad y Lengua Oficial En Las Actuaciones Judiciales (Justicia)

Continuamos con el tema 20 de nuestro temario de auxilio judicial, gestión procesal y tramitación donde estudiaremos el lugar y tiempo de las actuaciones judiciales: los días y horas hábiles; los plazos y términos;  y los términos judiciales en el proceso penal. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir estas actualizaciones en tu correo electrónico.


INMEDIACIÓN.

Los jueces y los magistrados miembros del tribunal que esté conociendo de un asunto presenciarán las declaraciones de las partes y de los testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, así como la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto de prueba que deba llevarse a cabo de forma contradictoria y pública.

Las vistas y las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución se celebrarán siempre ante el juez o los magistrados integrantes del tribunal que conozca del asunto.
Lo establecido en los dos apartados anteriores será de aplicación a los secretarios judiciales respecto de aquellas actuaciones que hayan de realizarse únicamente ante ellos.

La infracción de lo dispuesto en los apartados anteriores determinará la nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones.

PUBLICIDAD.

Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar una resolución se practicarán en audiencia pública. No obstante, podrán celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.

Antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, el tribunal oirá a las partes estuvieran presentes en el acto. La resolución adoptará la forma de auto. Contra esta resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuestión, si fuera admisible en el recurso procedente contra la sentencia definitiva.

Los secretarios judiciales podrán adoptar, mediante decreto, la misma medida en aquellas actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia. Frente a este decreto sólo cabe recurso de reposición.

Los secretarios judiciales y el personal competente al servicio de los tribunales facilitarán a cualesquiera personas que acrediten un interés legítimo cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, las cuales podrán examinar y conocer. También podrán pedir aquellas, a su costa, la obtención de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos. A petición de las mismas personas y a su costa, se expedirán por el secretario judicial los testimonios que soliciten, con expresión de su destinatario.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, los tribunales, por medio de auto, podrán atribuir carácter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada.

Por otro lado, las personas que acrediten un interés legítimo podrán acceder a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado y obtener, a su costa, testimonio o certificación de los extremos que indiquen.

En los casos establecidos en los tres apartados anteriores, en las copias simples, testimonios y certificaciones que expidan los secretarios judiciales, cualquiera que sea el soporte que se utilice para ello, cuando sea necesario para proteger el superior interés de los menores y para preservar su intimidad, deberán omitirse los datos personales, imágenes, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro dato o circunstancia que directa o indirectamente pueda permitir su identificación.


LENGUA OFICIAL.

En todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado.

Los jueces, magistrados, secretarios judiciales, fiscales y demás funcionarios de juzgados y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión.

Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.

Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia, pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la comunidad autónoma, salvo si se trata de comunidades autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión.

Con carácter general, cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad autónoma hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, el secretario por medio de decreto podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción.

En las actuaciones orales se podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquella. La habilitación se efectuará por el tribunal por medio de providencia en las actuaciones por él presididas.

A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo.

Dicha traducción podrá ser realizada privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnase dentro de los cinco días siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el secretario judicial ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado.

En el próximo apartado veremos los términos judiciales en el proceso penal.

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