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jueves, 28 de agosto de 2014

La intervención en los procesos civiles del ministerio fiscal y del abogado del Estado.

Continuamos con el tema 18 del temario de auxilio judicial,tramitación y gestión procesal . Recordad que estamos viendo las normas comunes a todos los procedimientos civiles en el apartado general de Procedimientos Judiciales. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir estas actualizaciones en tu correo electrónico.

La intervención del Ministerio Fiscal en los procesos civiles:

Como ya vimos en el tema 6 de este temario, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales, y procurar ante esto la satisfacción del interés social.

Para cumplir con estos objetivos y en relación con el proceso civil el Ministerio Fiscal tiene como funciones:

1.    Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.

2.    Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público social, en los procesos relativos al estado civil y los demás que establezca la ley.

3.    Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.

4.    Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.

5.    Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.

6.    Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales.

Con carácter general, la intervención del fiscal en los procesos podrá producirse mediante escrito o comparecencia. También podrá producirse a través de medios tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezcan las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar.

A continuación vamos a ver algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos que regula.

Artículo 6. Capacidad para ser parte

Establece que el ministerio fiscal tiene capacidad para ser parte, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, allá de intervenir como tal.

Artículo 8. Integración de la capacidad procesal

1.    Cuando la persona física se encuentre en el caso del apartado segundo del artículo anterior (personas físicas que no se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles) y no hubiere personas que legalmente la representen o asistan para comparecer en juicio, el tribunal nombrará, mediante providencia, un defensor judicial, que asumirá su representación y defensa hasta que se designe a aquella persona.

2.    En el caso que se refiere el apartado anterior y los demás en que haya de nombrarse un defensor judicial al demandado, el Ministerio Fiscal asumirá la representación y defensa de éste hasta que se produzca el nombramiento de aquel.

En todo caso, el proceso quedará en suspenso mientras no conste la intervención del ministerio fiscal.

Artículo 10

3.    Asimismo, el Ministerio Fiscal de las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6.1.8 estarán legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y los intereses difusos de los consumidores y usuarios.


Artículo 38. Apreciación de oficio de la falta de competencia internacional y de jurisdicción.

La abstención a que se refieren los dos artículos anteriores se acordará de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto otro orden jurisdiccional.


Artículo 40. Prejudicialidad penal

1.    Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrece apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal.


Artículo 48. Apreciación de oficio de la falta de competencia objetiva
3      En los casos a que se refieren los apartados anteriores, el Secretario Judicial dará vista las partes y al Ministerio Fiscal por un plazo común de 10 días, resolviendo Tribunal por medio de auto.


Articulo 58. Apreciación de oficio de la competencia territorial

Cuando la competencia territorial viniere fijada por reglas imperativas, el secretario judicial examinará la competencia territorial inmediatamente después de presentada la demanda y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que el tribunal carece de competencia territorial para conocer del asunto, dará cuenta al juez para que resuelva lo que proceda mediante auto, emitiendo, en su caso, las actuaciones al tribunal que considere territorialmente competente. Si fuesen de aplicación fueros electivos se estará a lo que manifieste el demandante, tras el requerimiento que se le dirigirá a tales efectos.


Artículo 101. Legitimación activa para recusar.

En los asuntos civiles únicamente podrán recusar las partes. El Ministerio Fiscal también podrá recusar, siempre que se trate de un proceso en el que, por la naturaleza de los derechos en conflicto, pueda o deba intervenir.


Artículo 232. Competencia e intervención del Ministerio Fiscal.
1.    Será competente para tramitar la reconstitución total o parcial de todo tipo de actuaciones judiciales el secretario de la oficina judicial en que la desaparición o mutilación hubiere acontecido.

2.    En los procedimientos de reconstrucción actuaciones será siempre parte el Ministerio Fiscal.


Artículo 249. Ámbito del juicio ordinario.
1.    Se decidirán en juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía:
2.    las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.


Artículo 491. Legitimación para recurrir en interés de la ley.
Podrán en todo caso recurrir en interés de la ley el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. Asimismo, podrán interponer este recurso las personas jurídicas de derecho público que, por las actividades que desarrollen y las funciones que tengan atribuidas, en relación con las cuestiones procesales sobre las que verse el recurso, acrediten interés legítimo en la unidad jurisprudencial sobre esas cuestiones.


Artículo 514. Sustanciación.
En todo caso, el Ministerio Fiscal deberá informar sobre la revisión antes de que se dicte sentencia sobre si ha o no lugar a la estimación de la demanda.


Artículo 569. Suspensión por prejudicialidad penal.
1.    La presentación de denuncia por interposición de querella en que se expongan hechos de apariencia delictiva relacionados con el título ejecutivo o con el despacho de la ejecución forzosa no determinarán, por sí solas, que se decrete la suspensión de ésta.
Sin embargo, si se encontrase pendiente causa criminal en que se investiguen hechos de apariencia delictiva que, de ser ciertos, determinarían la falsedad o nulidad del título o la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución, el tribunal que la autorizó, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, acordará la suspensión de la ejecución.


Artículo 725. Examen de oficio de la competencia. Medidas cautelares en prevención.
1.    Cuando las medidas cautelares se soliciten con anterioridad a la demanda, no se admitirá declinatoria fundada en la falta de competencia territorial, pero el tribunal examinará de oficio su jurisdicción, competencia objetiva y territorial. Si considerara que carece de jurisdicción o de competencia objetiva, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del solicitante de las medidas cautelares, dictará auto absteniéndose de conocer.


Artículo 749. Intervención del Ministerio Fiscal.
1.    En los procesos sobre incapacitación, en los de nulidad matrimonial y en los de determinación impugnación de la filiación será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor de los mismos ni deba, conforme a la ley, asumir la defensa de alguna de las partes.

2.    En los demás procesos a que se refiere este título será preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal.


Artículo 757. Legitimación en los procesos de incapacitación y de declaración de prodigalidad.
1.    La declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz.

2.    El ministerio fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas en el punto anterior no existieran o no la hubieran solicitado.


Artículo 762. Medidas cautelares.

1.    Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación.

2.    El Ministerio Fiscal podrá también, cuando tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación de una persona, solicitar del tribunal la inmediata adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior.


Intervención del abogado del Estado en el proceso civil

La ley 52/1997 de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas, establece que la asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales, cuyas normas internas establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los abogados del estado integrados en el servicio jurídico del Estado, de cuyo director dependen sus unidades, denominadas abogacía del Estado.

Los abogados del Estado podrán representar, defender y asesorar a las Comunidades Autónomas en los términos que, en su caso, se establezcan reglamentariamente y a través de los oportunos convenios de colaboración celebrados entre el gobierno de la nación y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas.

Asimismo, los abogados del Estado podrán representar, defender y asesorar a las corporaciones locales en los términos que se establezcan reglamentariamente a través de los oportunos convenios de colaboración celebrados entre la Administración General del Estado y las respectivas corporaciones o las federaciones de las mismas.

Salvo que sus disposiciones específicas establezcan otra previsión al efecto, podrá corresponder a los abogados del Estado la asistencia jurídica a las entidades públicas empresariales reguladas en la ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, mediante la formalización del oportuno convenio al efecto, en el que se determinará la compensación económica a abonar al Tesoro Público.

En los términos establecidos reglamentariamente, los abogados del Estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus organismos públicos y organismos constitucionales, cualquiera que sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo.

Los abogados del Estado, por el hecho de su nombramiento y toma de posesión en el destino, quedan habilitados para el ejercicio de todas las funciones y para el desempeño de todos los servicios propios de su cargo.

La ley de enjuiciamiento civil, al contrario de lo que sucede con el Ministerio Fiscal, exclusivamente hace referencia a la abogacía del Estado en uno de sus artículos, el 151.2, al disponer que los actos de comunicación a la Abogacía del Estado, al servicio jurídico de la administración de la seguridad social, y al ministerio fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia.

Cuando la administración actúa como tal, sus actos están sujetos al derecho administrativo, y cuantos conflictos surgen en torno a aquellos han de ser ventilados a través de los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo.
Pero la administración también puede actuar como un particular en el ámbito del derecho privado. En este caso, el cumplimiento de sus obligaciones y la exigencia de sus derechos se rige por lo establecido en el código civil, el derecho privado, debido a que actúa como un particular y no como una administración propiamente dicha. En estos casos es cuando el abogado del Estado asume la representación y defensa de sus intereses ante los órganos jurisdiccionales del orden civil.

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