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jueves, 7 de agosto de 2014

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia

Comenzamos el tema 10 del temario de auxilio judicial, tramitación y gestión para las próximas oposiciones a justicia. Vamos a estudiar la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Suscríbete a la Guía de Formación Online y recibe actualizaciones en tu email.

Vamos a empezar por una introducción y aquí tienes el texto íntegro de la carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia (41 artículos). Es un texto muy sencillo de comprender.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia - Introducción

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia está en un Proposición no de Ley que fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados por unanimidad el 16 de abril de 2002.
Esta Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia nace para satisfacer la demanda española de una justicia más abierta, una justicia que ofrezca un servicio más ágil a los ciudadanos, un servicio de mayor calidad y eficacia. Para lograr mayor agilidad, calidad y eficacia, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia proporciona métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia es un vasto proyecto que sólo puede alcanzarse mediante el logro de un acuerdo general de todas las fuerzas políticas que asegure la continuidad y unidad de los esfuerzos y garantice además el consenso sobre las bases del funcionamiento de este poder del estado. Este fue el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia se firmó el 28 de mayo de 2001.

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia

En el Pacto de Estado se establecieron unas prioridades, entre las que se encuentra la elaboración de esta Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Esta Carta debía seguir los principios de transparencia, información y atención adecuada, además de establecer los derechos de las personas que necesitan utilizar la Justicia.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia se redactó por un grupo de trabajo que se constituyó en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que intervinieron representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia, recogiendo las iniciativas presentadas por las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados, así como las opiniones y sugerencias de las Instituciones y Organizaciones relacionadas con la Administración de Justicia.

Principios de la Carta

Para lograr el objetivo de una justicia moderna y abierta a los ciudadanos (transparente), la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia desarrolla los principios de transparencia, información y atención adecuada siguiendo el Pacto de Estado. Un objetivo clave de esta Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia es lograr una Administración de Justicia que sea responsable ante los ciudadanos. Para eso, los ciudadanos deben tener capacidad para formular sus quejas y sugerencias acerca del funcionamiento de la justicia, así como para exigir, si fuese necesario, las reparaciones a las que tengan derecho.

Especial atención a los más desprotegidos

Otra necesidad que trata de cubrirse mediante la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia es la de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con los ciudadanos más desprotegidos. Piensa, en primer lugar, en la víctima del delito sobre todo en los casos en que hay violencia doméstica y de género. Otro perfil de ciudadano más “desprotegido” ante la ley es el de los menores de edad y deben ser protegidos especialmente para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo. Un tercer grupo está formado por los discapacitados (discapacidad sensorial, física o psíquica). El objetivo es ayudarles a superar cualquier obstáculo al acceder a las instalaciones judiciales. Otro grupo a proteger serían los inmigrantes en España a quienes se deba asegurar la aplicación de los principios y derechos que se establecen en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

Derechos relativos a Ciudadanos y Abogados y Procuradores

En la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia también se establecen los derechos en la relación de los ciudadanos con los abogados y procuradores. En la elaboración de este apartado resultó muy útil la colaboración del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España. El resultado fue la proclamación de los principios y derechos esenciales relacionados con la justicia gratuita.

Para terminar, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia ofrece una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. Para ser eficaz, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia proclama la exigibilidad de los derechos reconocidos en ella, así como su vinculación a Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, Funcionarios Públicos, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia establece también un mandato dirigido al Ministerio de Justicia y a las CCAA con competencias en la materia, al CGPJ, a la Fiscalía General del Estado y a los Colegios Profesionales competentes, para que adopten las disposiciones oportunas y provean los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos reconocidos en ella.

Además impone una obligación al Congreso de los Diputados. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el Congreso, a través de la Comisión de Justicia e Interior, debe realizar un seguimiento y evaluación permanentes del desarrollo y cumplimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, a cuyo efecto deberá ser regularmente informado por el Gobierno y los Órganos del Estado e Instituciones públicas a los que se solicite.

Memoria Anual: debe realizarse una memoria anual. Esta memoria anual se elevará por el CGPJ a las Cortes Generales e incluirá una referencia específica y suficientemente detallada sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia.

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