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jueves, 28 de agosto de 2014

Jurisdicción y Competencia En El Orden Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social.

Comenzamos el tema 19 de nuestro temariooposiciones auxilio judicial, tramitación y gestión procesal. En este tema estudiaremos la jurisdicción y la competencia. La acumulación de acciones y de procedimientos. La tramitación de las cuestiones de jurisdicción y competencia. La competencia de los tribunales civiles, objetiva, funcional y territorial, los fueros legales disponibles e indisponibles. Su concepto y tramitación. Suscríbete a la Guía de Formación Online y recibe estas actualizaciones directamente en tu correo.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Introducción

Ambos términos, aunque son distintos, están estrechamente relacionados, hasta el punto de que la competencia presupone la existencia de jurisdicción. La potestad jurisdiccional (o sea, la capacidad de interpretar el derecho, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) está atribuida de forma exclusiva a los órganos jurisdiccionales. El problema surge debido a que existe una multiplicidad de órganos y por eso debe determinarse que corresponde conocer a cada uno de estos órganos en cada caso concreto.

Como un concepto general, la potestad jurisdiccional es única e indivisible y, como vimos, se atribuye de forma exclusiva a todos los juzgados y tribunales que forman parte del poder judicial. A pesar de ello, cuando es necesario concretar y definir a qué órgano judicial le corresponde conocer un asunto en detrimento de los demás, hay que repartir la jurisdicción distribuirla para su ejercicio concreto. A esta distribución del ejercicio de la función jurisdiccional es a lo que llamamos competencia. La competencia se define normalmente como el conjunto de reglas que determinan la atribución de un caso concreto a un órgano jurisdiccional determinado, con exclusión de los demás, como veremos próximamente.

La LOPJ (ley orgánica del poder judicial), así como los tratados y convenios internacionales en los que España forme parte, determinan la jurisdicción de los tribunales civiles españoles, su extensión y sus límites.


LA JURISDICCIÓN

Características Generales:

La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.

Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los jueces y tribunales en el curso del proceso y la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la constitución y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley.

Las administraciones públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.

Las resoluciones judiciales sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las leyes.

Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos. Si la ejecución resultare imposible, el juez o tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquella no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, declarada por el gobierno, podrán expropiarse los derechos reconocidos frente a la administración pública en una sentencia firme, antes de su ejecución. En este caso, el juez o tribunal a quien corresponda la ejecución será el único competente para señalar por vía incidental la correspondiente indemnización.

Extensión y límites de la jurisdicción.

Los juzgados y tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.

Se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas del derecho internacional público.

Además, los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

Los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por ley.


ORDEN CIVIL

En el orden civil los juzgados y tribunales españoles son competentes:

1.       Con carácter exclusivo, en materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en España; en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos; en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español; en materia de inscripciones o de validez de patentes y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere solicitado o efectuado en España el depósito o registro; en materia de reconocimiento y ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.

2.       Con carácter general, cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los juzgados o tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España.

3.       En defecto de los criterios precedentes y en materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiere tenido su último domicilio en territorio español; en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados cuando estos tuviesen su residencia habitual en España; en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español o tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro; en materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España; para la constitución de la adopción, cuando el adoptante o el adoptado sea español o resida habitualmente en España; en materia de alimentos, cuando el acreedor de los mismos tenga su residencia habitual en territorio español; en materia de obligaciones contractuales, cuando éstas hayan nacido o deban cumplirse en España; en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tenga su residencia habitual común en España; en las acciones relativas a bienes muebles, si éstos se encuentran en territorio español al tiempo de la demanda; en materia de sucesiones, cuando el causante haya tenido su último del domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España.

4.       Asimismo, en materia de contratos de consumidores, cuando el comprador tenga su domicilio en España si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos destinados a financiar su adquisición; y en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles, cuando la celebración del contrato hubiere sido precedida por la oferta personal o de publicidad realizada en España o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español los actos necesarios para la celebración del contrato; en materia de seguros, cuando el asegurado y el asegurador tengan su domicilio en España; y en los litigios relativos a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en el territorio español. En materia concursal se estará a lo dispuesto en su ley reguladora.

5.       Cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España.

ORDEN PENAL

En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en que España sea parte.

Asimismo, conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

a)      Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución salvo que, en virtud de un tratado internacional o de un acto normativo de una organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito.

b)      Que el agraviado o el ministerio fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles.

c)       El delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

La jurisdicción española conocerá de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:

a)      De tradición y contra la paz o la independencia del Estado.

b)      Contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor o el regente.

c)       Rebelión y sedición.

d)      Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los ministros y de los sellos públicos u oficiales.

e)      Falsificación de moneda española y su expedición.

f)       Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, introducción o expedición de lo falsificado.

g)      Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.

h)      Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la administración pública española.

i)        Los relativos al control de cambios.

Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos:

a)      Genocidio y lesa humanidad

b)      Terrorismo

c)       Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.

d)      Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces.

e)      Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.

f)       Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.

g)      Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.

h)      Cualquier otro que, según los tratados y los convenios internacionales, en particular los convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España.

Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos en España, para que puedan conocer los tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentra en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.

El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española será sobreseído provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.

Orden contencioso-administrativo

Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales Fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional.

Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad del tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente, conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva.

También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas.

ORDEN SOCIAL

En el orden social, los juzgados y tribunales españoles serán competentes:

1.       En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; cuando el trabajador y el empresario tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español.

2.       En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados en España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio español.

3.       En materia de pretensiones de seguridad social frente a entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España.

4 comentarios:

  1. Buenos días, creo q el art 23 d LOPJ ha sido modificado, he intentado subirlo pero no me aclaro, tenedlo en cuenta para una revisión; en concreto es para el orden jurisdiccional penal.
    Un saludo

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