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jueves, 7 de agosto de 2014

El Plan De Transparencia Judicial: Fundamentos del Plan

Continuamos con el tema 10 del temario de auxiliojudicial, tramitación y gestión para las próximas oposiciones a justicia. Entramos a analizar el Plan de Transparencia Judicial. Suscríbete a la Guía de Formación Online y recibe actualizaciones en tu email.

Fundamento del Plan de Transparencia Judicial:

La resolución del 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial, que surge como consecuencia de lo que se expone a continuación.

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito el 28 de mayo de 2001 contempló en su apartado 13 la preparación de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que debía atender a los principios de transparencia, información y atención adecuada y establecer los derechos de los usuarios de la Justicia.

La Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado redactó por acuerdo unánime de todos sus integrantes dicha Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que fue aprobada por el Pleno del Congreso de los diputados el 22 de abril de 2002 como Proposición no de Ley.
El objetivo era lograr una justicia moderna y abierta a los ciudadanos. Esta justicia además debe ser responsable ante esos ciudadanos, por lo que los ciudadanos podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la Justicia y exigir, en su caso, las reparaciones a las que tengan derecho. Para ello se pretende establecer una justicia transparente, comprensible, atenta con el ciudadano, responsable ante él, ágil y tecnológicamente avanzada y, por fin, protectora de los más débiles –víctimas del delito, menores, discapacitados, extranjeros que se hallen en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

El Título I de la Carta de Derechos estableció que el ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales y a tal fin declara que se impulsará la creación y dotación de material de Oficinas de Atención al Ciudadano, asegurando su implantación en todo el territorio nacional.

En el apartado 2 de la Carta se establece el derecho de los ciudadanos a recibir información transparente sobre el estado, la actividad de los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España, añadiendo que el Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias en la materia, así como el CGPJ, canalizarían esta información para facilitar su consulta en el marco de un plan de transparencia. Se enumeraban también, dentro de ese objetivo de transparencia y de modo concreto, el derecho de los ciudadanos a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible; el derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tengan interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales; el acceso por los interesados a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado; y la necesaria motivación por las autoridades y funcionarios de la denegación de acceso a una información de carácter procesal.

Con el objetivo de lograr una justicia transparente para el ciudadano, se agrega la necesidad de ofrecer una justicia comprensible para los ciudadanos, exponiéndose de modo concreto el catálogo de derechos relativos a los términos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, al lenguaje a utilizar en las vistas y comparecencias, a la sintaxis e inteligibilidad de las sentencias y demás resoluciones judiciales y a la disposición gratuita de los formularios necesarios para el ejercicio de los derechos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

La Ley 15/2003 de 26 de mayo, que regula el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, consagró el objetivo de transparencia que se proclama en la Carta de Derechos, articulándolo a través de un instrumento técnico destacadamente novedoso en nuestro Ordenamiento Jurídico y muy útil a la hora de desterrar definitivamente la opacidad informativa que dificulta el seguimiento de la actividad jurisdiccional. Tal instrumento no era otro que el Plan de Transparencia Judicial, a través del cual las Cortes Generales, el Gobierno, las CCAA, el CGPJ y los propios ciudadanos tienen a su disposición una herramienta de información continua, rigurosa y contrastada que informa sobre la actividad y la carga de trabajo de todos los órganos jurisdiccionales del Estado, lo que a su vez permite el tratamiento estadístico y su aplicación en todo tipo de procesos de planificación y modernización de la Administración de Justicia, enlazando así con uno de los granes objetivos del Pacto de Estado para la Reforma de Justicia.

En el artículo 1, primer apartado, de la Ley 15/2003 de 26 de mayo se establece que el Plan de Transparencia Judicial constituye una herramienta básica de las Administraciones Públicas y del CGPJ para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia y, en particular, para las siguientes finalidades:

a)      El desarrollo del programa legislativo del Estado en materia procesal.

b)      La planificación presupuestaria en materia de retribuciones de los miembros de la carrera judicial, así como sobre los recursos humanos y materiales al servicio de la Administración de Justicia.

c)       La actualización y modificación de la organización judicial.

d)      El funcionamiento de los servicios de inspección sobre los juzgados y tribunales.

El artículo 14 de esta Ley 15/2003 de 26 de mayo establece en su apartado 4 que el Plan de Transparencia Judicial será aprobado por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previo informe del CGPJ, del Fiscal General del Estado y de las CCAA (las Comunidades Autónomas que hubieran asumido el traspaso de funciones y servicios para la provisión de medios personales y materiales en materia jurídica).

Por su parte, el Pleno del CGPJ había establecido en su reunión de 19 de junio de 2002 las líneas de actuación para el desarrollo del Proyecto de Estadística Judicial relacionado con el Plan de Transparencia Judicial por la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado. Todo esto después dio lugar a la aprobación por parte del CGPJ del Reglamento 1/2003, de 9 de julio, de la Estadística Judicial.

En consecuencia, es aprobada la LO 19/2003 de 23 de diciembre, en modificación de la LO 6/1985 del Poder Judicial. Su artículo 461 establece el concepto de Estadística Judicial como un instrumento básico al servicio de las Administraciones Públicas y del CGPJ para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia y, en particular, para atender las finalidades atinentes al ejercicio de la política legislativa del Estado en materia de justicia, a la modernización de la organización judicial, a la planificación y gestión de los recursos humanos y medios materiales al servicio de la Administración de Justicia y al ejercicio de la función de inspección sobre los juzgados y tribunales. Estos objetivos ya habían sido enumerados en el art. 14 de la Ley 15/2003 que mencionamos anteriormente.

Se articula así un nuevo sistema que pone en pie de igualdad a las distintas administraciones públicas y al CGPJ en esta materia, atribuyendo al Gobierno la potestad para la elaboración de un Real Decreto mediante el que se establezca la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, previo informe del propio CGPJ, del Fiscal General del Estado, de la Agencia Española de Protección de Datos y de las CCAA con competencias en la materia.
La Comisión Nacional de Estadística Judicial está integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las CCAA con competencias en la materia, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado.

La Comisión debe aprobar los planes estadísticos, generales y especiales de la Administración de Justicia y establecer criterios uniformes y de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español, sin perjuicio de que las Administraciones Públicas con competencias en materia de Administración de Justicia puedan realizar las explotaciones de otros datos estadísticos que puedan ser recabados a través de los sistemas informáticos, siempre que las consideren necesarias o útiles para su gestión.


Sin perjuicio de todo ello, la propia reforma de la LOPJ prevé que la Estadística Judicial asegure, en el marco de un Plan de Transparencia, la disponibilidad permanente y en condiciones de igualdad por las Cortes Generales, el Gobierno, las CCAA, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, de una información actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los órganos, servicios y oficinas judiciales de España y también sobre las características estadísticas de los asuntos sometidos al conocimiento de la Justicia.

A continuación os dejo el enlace a la web oficial del Poder Judicial en su sección relativa al actual

Plan Nacional de la Estadística Judicial 2013-2016


5 comentarios:

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