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miércoles, 2 de abril de 2014

Oposición Policía Nacional. Tema 12. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Protocolo para la Valoración Policial del Nivel de Riesgo de Violencia contra la Mujer. Marco Normativo y Actuaciones Encaminadas a Favorecer la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Continuamos con el tema 12 del temario oposición policía nacional, y en concreto con el estudio de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer. Marco normativo y actuaciones encaminadas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Suscríbete a la Guía de Formación Online  para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.

9. Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer
El Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal, fue aprobado por la Instrucción nº 10/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Dicho Protocolo establece que, desde el mismo momento en que se tenga conocimiento de los hechos de violencia de género, habrán de realizarse las acciones de averiguación que permitan determinar la intensidad del riesgo que soporta la víctima y las medidas policiales y judiciales adecuadas para su protección. 

La valoración de la situación de riesgo de violencia contra la mujer (Valoración Policial del Riesgo, VPR) y su evolución (Valoración Policial de la Evolución del Riesgo, VPER), se realizará empleando las herramientas y formularios normalizados aprobados al efecto por la Secretaría de Estado de Seguridad, y disponibles en el ‘Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género’, al que los funcionarios actuantes pueden acceder a través de la INTRANET corporativa del Cuerpo de Seguridad correspondiente.

La primera evaluación de la situación de riesgo de violencia la realizará el funcionario o funcionarios que instruyan las diligencias y se ocupen de las investigaciones.

 Se utilizará la herramienta del Sistema de Seguimiento Integral y el formulario de valoración normalizado (VPR). El Sistema asignará automáticamente uno de los siguientes niveles: ‘no apreciado’, ‘bajo’, ‘medio’ o ‘alto’. Cada uno de los niveles llevará aparejadas medidas policiales de protección de aplicación inmediata.

 El resultado de la valoración se hará constar en la oportuna diligencia. En los casos en los que el riesgo sea ‘medio’ o ‘alto’, se recogerá también en la diligencia un informe sobre los principales factores de riesgo apreciados.

Se llevarán a cabo las siguientes valoraciones periódicas:

-          Nivel alto, cada 7 días.

-          Nivel medio, cada 30 días.

-          Nivel bajo, cada 60 días.

10. Marco normativo y actuaciones encaminadas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres

En nuestro país, la igualdad entre las mujeres y los hombres empezó a ser un objetivo institucional a partir de la creación del Instituto de la Mujer en el año 1983.

Y en el ámbito internacional, el principal compromiso para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, se adoptó en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, que se celebró en 1995 en la ciudad de Beijing (China). En esta Conferencia se invitó a los gobiernos a integrar la igualdad de género en todas sus políticas. Esta estrategia, conocida como gender mainstreaming (integración de género), y en español se denominó transversalidad de género, consiste en “la integración de las políticas específicas en las políticas generales, de modo tal que se tenga en cuenta el principio de igualdad de oportunidades y el enfoque de género desde el mismo momento de la planificación de las políticas, así como su gestión y evaluación”. El Consejo de Europa define este proceso como “la (re)organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de manera que la perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas”.

Después se ha ido desarrollando una tarea fundamental consistente en concienciar a las sociedad española de las diferencias entre hombres y mujeres, de las discriminación de género y de las habituales desigualdades.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, establece el marco jurídico para encaminarse hacia la igualdad efectiva en todos los ámbito de la vida económica, social, política y cultural. El principio constitucional en el que se fundamenta el contenido de este texto, es el de la eliminación de los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y a través de este texto se transpone la Directiva comunitaria 2002/73/CE, de igualdad de trato ente mujeres y hombres. De esta transposición surge la definición de discriminación directa e indirecta, de acoso sexual, de acoso por razón de sexo, la protección de la maternidad, la posibilidad de llevar a la práctica acciones positivas y las especialidades de la protección jurisdiccional del derecho a la igualdad, incluidas las que facilitan la prueba de la discriminación.

Veamos algunos de estos conceptos:

Se considera discriminación directa por razón de sexo, la situación en la que se halla una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada de forma menos favorable que otra en situación comparable, por razón de su sexo.

Y se entiende como discriminación indirecta por razón de sexo, la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

La aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres requiere de un Plan Estratégico que concrete los ámbitos, objetivos y medidas de actuación en los que los poderes públicos han de centrar sus acciones (artículo 17 de esta Ley). En la actualidad está en vigencia el Plan Estratégico de Igualdad 2008-2011. Este Plan desarrolla cuatro principios rectores, relacionados entre sí:

1. La redefinición del modelo de ciudadanía en concordancia con la igualdad de género. El concepto de ciudadanía no se limita, por tanto, a la participación en el poder político, sino que se extiende al disfrute de los derechos civiles y sociales. La violencia de género, la discriminación salarial o la escasa representación en el poder político o económico demuestran que las mujeres están, en muchos casos, limitadas en el disfrute de estos derechos.

 2. El empoderamiento de las mujeres, en el sentido de valorar y fortalecer sus formas de hacer, de ejercer el poder y de relacionarse.

3. La transversalidad de la perspectiva de género, como herramienta que busca modificar las formas actuales de la política, de modo que se tomen como referencia las experiencias, las aportaciones de las mujeres, su modo de estar en el mundo y su conocimiento.

4. La innovación científica y tecnológica, como una de las principales fuerzas de cambio social. Por ello es esencial alcanzar la paridad de género a cualquier nivel de la actividad científica y tecnológica.

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