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martes, 1 de abril de 2014

Oposición Policía Nacional. Tema 11. Los Derechos del Detenido. El Procedimiento de Habeas Corpus.

Continuamos con el tema 11 del temario oposición policía nacional, viendo ahora los derechos del detenido y el procedimiento de Habeas Corpus. También el concepto de denuncia y la obligación de denunciar. Suscríbete a la Guía de Formación Online  para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.

7. Los derechos del detenido

7.1 Los derechos establecidos en el artículo 520 de la LECr.

La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.

Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de la privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente los siguientes:

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de oficio.

d) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

f) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

7.2. La asistencia de Abogado

La asistencia del Abogado consistirá en:

a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el número 2 de este artículo y que se proceda al reconocimiento médico señalado en su párrafo f).

b) Solicitar de la autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en que el Abogado haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.

c) Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que hubiere intervenido.

El abogado no está facultado para pedir copias de la declaración, acceder al atestado o conocer el contenido de las diligencias policiales, ya que tales pretensiones no están recogidas en la legislación vigente, y en este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 1283/2000, de 12 de julio, declarando que la pretensión de obtener copia de todo el atestado puede incidir negativamente en la investigación, que en ese momento inicial puede afectar a otras personas u otros delitos.

Tampoco está reconocido el derecho a una entrevista reservada del detenido con el abogado, previa a la declaración policial. Tras la práctica de esta diligencia, aunque el detenido se haya acogido a su derecho a no declarar en Comisaría y por tanto, aunque ésta haya quedado frustrada materialmente, se debe reconocer este derecho a la entrevista reservada con el abogado. Precisamente en este tema ha surgido la duda de si los menores tiene derecho a la entrevista previa a su declaración con el letrado. Y es que la Ley Orgánica 5/2000 en su artículo 22,1.b) establece este derecho durante la instrucción del expediente, pero, por otro lado, la Dirección General de la Policía lo niega en la declaración policial, aunque ha modificado su postura con posterioridad, en el aspecto de que se interprete de la forma más favorable al menor, recomendando que se acceda a la petición de entrevista previa.

7.3. Limitaciones de los derechos

El artículo 520 bis de la LECr establece algunas limitaciones en los derechos para los integrantes de bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes (lo menores de edad, también). 

Detenida una persona por los motivos mencionados, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de otras 48 horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras 48 horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las 24 horas siguientes. Tanto la autorización cuanto la denegación de la prórroga se adoptarán en resolución motivada.

También podrá solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de 24 horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente.

El detenido o preso, mientras se halle incomunicado, tendrá limitados los siguientes derechos (artículo 527 LECr):

-       En todo caso, su Abogado será designado de oficio.

-       No tendrá derecho a la comunicación de su detención a familiar o persona alguna.
-       Tampoco tendrá derecho a la entrevista reservada con su Abogado al término de la práctica de la diligencia en que hubiera intervenido.

8. El procedimiento de Hábeas Corpus

El detenido también deberá ser informado del derecho al Habeas Corpus, regulado por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, y que da respuesta al cumplimiento al mandato de la Constitución Española establecido en su artículo 17.4. La finalidad del procedimiento de Habeas Corpus es poner al detenido inmediatamente a disposición de la Autoridad Judicial competente, para que ésta determine acerca de si la detención es ilegal o no.
En virtud de esta Ley, se consideran personas detenidas ilegalmente:
- Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.
- Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
- Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
- Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.
Es competente para conocer la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.
Podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus» que esta ley establece:
- El privado de libertad.
-La familia del detenido: su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes y hermanos
- Respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.
- El Ministerio Fiscal.
- El Defensor del Pueblo.
- El propio Juez competente para conocer del procedimiento.
- El abogado del detenido, apoderado por éste, tácita o expresamente (STC 224/1998).

El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. En dicho escrito o comparecencia deberán constar:
a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta ley.
b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar relevantes.
c) El motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus».
Promovida la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta improcedente. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno.
En el auto de incoación, el Juez ordenará traer al detenido ante él (junto con el atestado, en el estado en que se encuentre y las pruebas obtenidas). Después oirá al detenido, o a su abogado si lo hubiera designado, y también al Ministerio Fiscal. A continuación oirá en justificación de su proceder a los funcionarios o personas que hayan ordenado o llevado a cabo la detención o internamiento. Si lo considera oportuno, el Juez admitirá las pruebas aportadas por todas las personas nombradas.
El Juez practicará todas las actuaciones y dictará una resolución en un plazo de 24 horas. Si estima que la detención es legal, archivará todas las actuaciones y declarará que la detención se ajusta a Derecho, y devolverá al detenido y el atestado a los funcionarios que llevaron a cabo la detención para que continúen las diligencias oportunas.


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