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viernes, 28 de marzo de 2014

Oposición Policía Nacional. Tema 10. Personas Físicas y Jurídicas Criminalmente Responsables de los Delitos y Faltas. Las Consecuencias Jurídicas de la Infracción Penal.

Continuamos con el tema 10 del temario oposición policía nacional, sobre Derecho Penal. Ahora veremos los apartados sobre las Personas Físicas y Jurídicas Criminalmente Responsables de los Delitos y Faltas. Las Consecuencias Jurídicas de la Infracción Penal. Suscríbete a la Guía de Formación Online  para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.

7. Personas físicas y jurídicas criminalmente responsables de los delitos y faltas
Personas físicamente responsables (Artículo 27 del Código Penal):

“Son responsables criminalmente de los delitos y faltas los autores y los cómplices”.

El nuevo Código Penal no menciona ya a los “encubridores”, basándose en que el encubrimiento no es en sí una forma de participación ni un tipo de responsabilidad criminal accesorio respecto al autor del delito. Ahora se le considera una conducta punible autónoma.

Concepto de Autor (Artículo 28)

Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

Así, en sentido estricto, son autores:

-      Quienes llevan a cabo el hecho por sí solos (autores directos).

-      Quienes realizan el hecho conjuntamente (coautores).

-      Quienes realizan el hecho por medio de otro del que se sirven como instrumento (autores mediatos).

También serán considerados autores:

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

Concepto de cómplice (Artículo 29)

Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

Responsabilidad en delitos cometidos usando medios de difusión mecánicos (Artículo 30 del CP)

En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente.

Responsabilidad del administrador o representante de una persona jurídica (Artículo 31)

El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.

Responsabilidad de las personas jurídicas (Artículo 31 bis)

Las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. Las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.Ir a Norma modificadora

8. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal

La pena es la primera y principal consecuencia de la infracción penal y supone una “privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un delito”.

En la pena, además, concurren otras consecuencias que establece el Código Penal, como las medidas de seguridad (Artículo 95 del Código Penal y ss), la responsabilidad civil (Artículo 116), el pago de las costas procesales (Artículo 123), y las consecuencias accesorias como el comiso de los instrumentos y efectos del delito (Artículo 127).

Tal y como estipula el Artículo 32 del CP, las penas que pueden imponerse con arreglo al Código Penal, bien con carácter principal como accesorias, son privativas de la libertad, privativas de los derechos y multa.

Según su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves (Artículo 33 del Código Penal):

Son penas graves:

a) La prisión superior a cinco años.

b) La inhabilitación absoluta.

c) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.

d) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.

e) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.

f) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.

g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.

h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.

i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.

j) La privación de la patria potestad

Son penas menos graves:

a) La prisión de tres meses hasta cinco años.

b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.

c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.

d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.

e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.

f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.

g) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

i) La multa de más de dos meses.

j) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo 33.Ir a Norma modificadora

k) Los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 180 días.

l) La localización permanente de tres meses y un día a seis meses.Ir a Norma modificadora

m) La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cualquiera que sea su duración.Ir a Norma modificadora

Son penas leves:

a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.

c) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.

d) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

e) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

f) La multa de 10 días a dos meses.

g) La localización permanente de un día a tres meses.

h) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días.

Ir a Norma modificadora
Artículo 34

No se reputarán penas:

1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal.

2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados.

3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas.
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