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lunes, 24 de marzo de 2014

NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES: NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE EUROPA, UNIÓN EUROPEA Y ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE

Oposición Guardia Civil. Tema 18. Organizaciones Internacionales. Su Naturaleza, Estructura y Funciones: La Unión Europea (V). Cooperación Policial y Judicial.
Continuamos con el tema 18 del temario oposición guardia civil, referente a la Cooperación Policial y Judicial. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.

4.3 LA UNIÓN EUROPEA

4.3.3 Cooperación Policial y Judicial

4.3.3.1 Introducción

La antigua base de cooperación policial y judicial en materia penal, deja de regularse por el antiguo Título VI del TUE (Disposiciones Relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal), para desarrollarse ahora en el Tratado de Funcionamiento, en la Tercera Parte, Políticas y Acciones Internas de la Unión, en el Título V, Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

Así pues, se comunitariza el espacio de libertad, seguridad y justicia y se va a ampliar la codecisión y la toma de decisiones por mayoría cualificada, aunque siguen siendo posibles las iniciativas de los Estados miembros en algunos casos.

Esta comunitarización se combina con determinados “frenos de emergencia” que permiten a los Estados miembros remitir asuntos al Consejo Europeo si están en juego sus intereses vitales en este ámbito, facilitándose en estos casos la cooperación reforzada. Se establecen excepciones para Irlanda y el Reino Unido por medio de protocolos específicos.

En el caso del Tratado de Lisboa, éste contiene importantes y novedosas disposiciones que aumentan la capacidad de la Unión Europea para luchar contra la trata de seres humanos, la delincuencia transfronteriza internacional, la inmigración ilegal y el tráfico de drogas y de armas.

4.3.3.2 Disposiciones generales

La UE constituye un espacio de libertad, justicia y seguridad dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los diversos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros. Garantiza la ausencia de controles de los ciudadanos en las fronteras interiores y desarrolla una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores basada en la solidaridad entre los Estados miembros y que es equitativa respecto de los nacionales de terceros países. Los apátridas, a tales efectos, se asimilarán a los nacionales de terceros países.

4.3.3.3. Cooperación judicial en materia civil

La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

A estos efectos, y en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas para garantizar:

a) El reconocimiento mutuo, entre los Estados miembros, de las resoluciones judiciales y extrajudiciales, así como su ejecución;

b) la notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y extrajudiciales;

c) La compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de jurisdicción;

d) La cooperación en la obtención de pruebas;
e) una tutela judicial efectiva;

f) La eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando si es necesario la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros;

g) El desarrollo de métodos alternativos de resolución de litigios;

h) El apoyo a la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia.

4.3.3.4 Cooperación judicial en materia penal

La cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas tendentes a:

a) Establecer normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento en toda la Unión de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas;

b) Prevenir y resolver los conflictos de jurisdicción entre los Estados miembros;
c) Apoyar la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia;

d) Facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales o equivalentes de los Estados miembros en el marco del procedimiento penal y de la ejecución de resoluciones.

En la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros.

Estas normas se referirán a:

a) La admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros;

b) Los derechos de las personas durante el procedimiento penal;

c) Los derechos de las víctimas de los delitos;

d) Otros elementos específicos del procedimiento penal, que el Consejo habrá determinado previamente mediante una decisión. Para la adopción de esta decisión, el Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo.

La adopción de las normas mínimas contempladas en el presente apartado no impedirá que los Estados miembros mantengan o instauren un nivel más elevado de protección de las personas.

Cuando un miembro del Consejo considere que un proyecto de directiva contemplada en el apartado 2 afecta a aspectos fundamentales de su sistema de justicia penal, podrá solicitar que el asunto se remita al Consejo Europeo, en cuyo caso quedará suspendido el procedimiento legislativo ordinario. Previa deliberación, y en caso de que se alcance un consenso, el Consejo Europeo, en el plazo de cuatro meses a partir de dicha suspensión, devolverá el proyecto al Consejo, poniendo fin con ello a la suspensión del procedimiento legislativo ordinario.

4.3.3.5 Cooperación policial

La Unión desarrollará una cooperación policial en la que participen todas las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidos los servicios de policía, los servicios de aduanas y otros servicios con funciones coercitivas especializados en la prevención y en la detección e investigación de infracciones penales.

A estos efectos, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas relativas a:

a) La recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de información pertinente;

b) El apoyo a la formación de personal, así como la cooperación para el intercambio de personal, los equipos y la investigación científica policial;

c) Las técnicas comunes de investigación relacionadas con la detección de formas graves de delincuencia organizada.

El Consejo podrá establecer, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, medidas relativas a la cooperación operativa entre las autoridades a que se refiere el presente artículo. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo.

En caso de falta de unanimidad, un grupo de al menos nueve Estados miembros podrá solicitar que el proyecto de medidas se remita al Consejo Europeo, en cuyo caso quedará suspendido el procedimiento en el Consejo. Previa deliberación, y en caso de alcanzarse un consenso, el Consejo Europeo, en el plazo de cuatro meses a partir de dicha suspensión, devolverá el proyecto al Consejo para su adopción.

Si no hay acuerdo dentro de ese mismo plazo, y al menos nueve Estados miembros quieren establecer una cooperación reforzada con arreglo al proyecto de medidas de que se trate, lo comunicarán al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

EUROPOL

 La función de Europol es apoyar y reforzar la actuación de las autoridades policiales y de los demás servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros, así como su colaboración mutua en la prevención de la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, del terrorismo y de las formas de delincuencia que lesionen un interés común que sea objeto de una política de la Unión, así como en la lucha en contra de ellos.

El Parlamento Europeo y el Consejo determinarán, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, la estructura, el funcionamiento, el ámbito de actuación y las competencias de Europol. Estas competencias podrán incluir:

a) La recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de la información, en particular la transmitida por las autoridades de los Estados miembros o de terceros países o terceras instancias;

b) La coordinación, organización y realización de investigaciones y actividades operativas, llevadas a cabo conjuntamente con las autoridades competentes de los Estados miembros o en el marco de equipos conjuntos de investigación, en su caso en colaboración con Eurojust.
En dichos reglamentos se fijará asimismo el procedimiento de control de las actividades de Europol por el Parlamento Europeo, control en el que participarán los Parlamentos nacionales.
Cualquier actividad operativa de Europol deberá llevarse a cabo en contacto y de acuerdo con las autoridades de los Estados miembros cuyo territorio resulte afectado. La aplicación de medidas coercitivas corresponderá exclusivamente a las autoridades nacionales competentes.



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