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jueves, 9 de enero de 2014

Oposición Guardia Civil. Tema 17. Protección Civil: Definición y Fundamento Jurídico. Principios Informadores de Protección Civil.

Comenzamos el tema 17 del temario oposición guardia civil, referente a la Protección Civil, su definición y su fundamento jurídico. También los principios informadores de Protección Civil. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.

1.    PROTECCIÓN CIVIL. DEFINICIÓN. FUNDAMENTO JURÍDICO

La protección civil, se define como “protección de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas puedan peligrar y sucumbir masivamente”.

De aquí se deriva una amplia política de seguridad, que halla su fundamento jurídico en la misma Constitución, tal que:

-          La obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como el primero y más importante de los derechos fundamentales (Artículo 15).
-          Los principios de unidad nacional y de solidaridad territorial (Artículo 2).
-          En las exigencias esenciales de la eficacia y coordinación administrativa (Artículo 103).

La importancia de los valores que están en juego en las situaciones de emergencia, obliga a utilizar los recursos humanos y materiales pertenecientes a todas las Administraciones Públicas, a todas las organizaciones y empresas. Y también a los particulares, que por ley (según a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la CE) se les podrá imponer deberes para hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, verdaderos presupuestos de hecho de la protección civil.

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, se dictó con el objetivo de establecer el marco constitucional adecuado para poner en marcha el sistema de protección civil con estricto respeto al principio de legalidad previsto en la Constitución Española, de modo que pueda obtenerse la habilitación correspondiente para poder exigir directamente a los ciudadanos determinadas prestaciones.

Esta Ley ha sido objeto de desarrollo por numerosas normas, siendo la más importante y fundamental el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil (NBPC).

En la Ley 2/1985 se define la Protección Civil como: “La protección civil es un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes Administraciones públicas, así como los ciudadanos mediante el cumplimiento de los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria”.

2.    PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA PROTECCIÓN CIVIL
La base conceptual de la Protección Civil es asegurar del modo más eficaz la protección de la vida de las personas y de sus bienes. Basado en el principio de solidaridad que establece la Constitución Española, del que se desprenden obligaciones para todas y cada una de las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, el modelo español de Protección Civil se ciñe a los siguientes principios:

1º- Autonomía de organización y gestión

Todas las Administraciones Públicas, en sus ámbitos de competencias respectivos, deben disponer de capacidad suficiente para organizar su Protección Civil, en función de:

a)    La titularidad de los servicios relacionados con la Protección Civil.
b)    La disposición de medios humanos y materiales para la dotación de los correspondientes servicios.
c)    Las características y ámbitos de riesgo, así como su duración en el tiempo.
d)    La efectiva capacidad de intervención operativa frente a la emergencia

2º- Coordinación

El principio universal de la escasez de medios para la total cobertura de la protección del ciudadano y de sus bienes, hace imprescindible la coordinación de la estructura orgánica y recursos operativos utilizables.

También es necesaria esa coordinación en el campo de las actuaciones, ya que para lograr una respuesta oportuna y eficaz ante una situación de emergencia, estas actuaciones deben estar perfectamente estructuradas tanto orgánica como funcionalmente, de modo que no surjan disfunciones en las líneas jerárquicas de mando y en la utilización de los medios y recursos de las diferentes Administraciones Públicas, de las entidades sociales y de los ciudadanos.

3º- Complementariedad

La aplicación de este criterio tiende a evitar la duplicidad y/o ausencia de medios para conseguir que, en el conjunto de las actuaciones, se garantice la optimización indispensable de los mismos para la prevención y corrección de la emergencia.

3º- Subsidiariedad

En una estructura general de Protección Civil que necesariamente ha de estar formada por distintos niveles de intervención, con diferentes medios y recursos, los superiores deben de atender a las emergencias que por sus características, no puedan los inferiores afrontar con sus propios recursos.

Solidaridad:
El principio de solidaridad es fundamental para una acción de conjunto, ya que las consecuencias de una catástrofe o calamidad pública son incumbencia de la totalidad de las Administraciones Públicas y de los ciudadanos.

5º Integrabilidad:

La organización y actuación de los medios de cada una de las Administraciones Públicas deben ser concebidas de forma que se asegure su integración eficaz.

6º Garantía en la Información:

En una materia tal, como la Protección Civil, en la que se trata de asegurar la más eficaz protección del ciudadano y de sus bienes, y en la que intervienen los principios de coordinación, complementariedad, subsidiaridad, solidaridad e integrabilidad, ya enunciados, es evidente que debe existir una garantía de que la información sobre riesgos, medios, recursos, organización y actuaciones es completa y extensiva a las Administraciones Públicas llamadas a intervenir, así como a los ciudadanos, que tienen la obligación de colaborar.

7º Planificación:

Cualquier acción de Protección Civil –incluso la más simple-, debe obedecer a unos criterios comunes. El primer paso, por consiguiente, ha de consistir en la elaboración de Normas que aseguren una comunidad de doctrina y una coherencia en los medios de acción y de uso de medios y de recursos, para después adaptar dichas Normas mediante Planes concretos que regulen la actuación de la Protección Civil en correspondientes niveles territoriales o especiales.

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