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lunes, 23 de diciembre de 2013

Oposición Policía Nacional. Tema 5. La Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Iniciamos el tema 5 del temario oposición policía nacional, con la Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.

1. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

La Administración General del Estado está regulada por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), que surge con el objetivo principal de implantar la “Administración única”, que evita la duplicidad entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

1.1  Principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos.

La Administración General del Estado se organiza y actúa, con pleno respeto al principio de legalidad, y de acuerdo con los otros principios que se mencionan a continuación:

De organización:

a) Jerarquía.

b) Descentralización funcional.

c) Desconcentración funcional y territorial.

d) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

e) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

f) Coordinación.

De funcionamiento:

a) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

b) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

c) Programación y desarrollo de objetivos y control de la gestión y de los resultados.
d) Responsabilidad por la gestión pública.

e) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

f) Servicio efectivo a los ciudadanos.

g) Objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

h) Cooperación y coordinación con las otras Administraciones públicas.

De servicio a los ciudadanos:

La actuación de la Administración General del Estado debe asegurar a los ciudadanos:

. La efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración.

. La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas.

. Que los ciudadanos puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos y recibir información de interés general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos.

. Que los ciudadanos puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos administrativos sobre el funcionamiento de las dependencias administrativas.

1.2  Órganos superiores y órganos directivos

La Administración General del Estado actúa con personalidad jurídica única, y está constituida por órganos ordenados jerárquicamente de la siguiente manera: Órganos superiores, Órganos directivos y Órganos bajo la dependencia o dirección de los anteriores.
La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas por esta Ley.
En la organización central son órganos superiores y órganos directivos:

.  Órganos superiores:

a) Los Ministros.

b) Los Secretarios de Estado.

.  Órganos directivos:

a) Los Subsecretarios y Secretarios generales.

b) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.

c) Los Subdirectores generales.

En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.

En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.
Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.

Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución.

1.3  Organización de la Administración Central del Estado

La Administración General del Estado se organiza en Ministerios, comprendiendo cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y excepcionalmente Secretarias Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes.

Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.

Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas (ahora de Hacienda y Administraciones Públicas). Tendrán la consideración de órganos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo (Artículo 5.2 LOFAGE). Las unidades administrativas que no tengan la consideración de órganos, se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puesto de trabajo (Artículo 7 LOFAGE).

En llo referente al nivel jerárquico, los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado.Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretarios –ostentan la representación ordinaria del Ministerio-, Directores generales y Subdirectores generales. Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios generales técnicos tienen categoría de Director general.

1.4  Organización de la Administración Territorial del Estado

La Administración Territorial del Estado está integrada por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares.

1) Delegados del Gobierno

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas representan al Gobierno en el territorio de aquéllas. Ejercen la dirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos situados en su territorio. Corresponde asimismo a los Delegados del Gobierno mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos, con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades locales.

Los Delegados del Gobierno dependen funcionalmente de la Presidencia del Gobierno, correspondiendo al Ministro de Administraciones Públicas (ahora Hacienda y Administraciones Públicas) dictar las instrucciones precisas para la correcta coordinación de la Administración General del Estado en el territorio, y al Ministro del Interior, en el ámbito de las competencias del Estado, impartir las necesarias en materia de libertades públicas y seguridad ciudadana. Todo ello se entiende sin perjuicio de la competencia de los demás Ministros para dictar las instrucciones relativas a sus respectivas áreas de responsabilidad.  Las Delegaciones del Gobierno se adscriben orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas (ahora Hacienda y Administraciones Públicas).

Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno y tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros determine otra cosa y sin perjuicio de lo que disponga, expresamente, el Estatuto de Autonomía. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Delegado del Gobierno será suplido, temporalmente, por el Subdelegado del Gobierno de la provincia donde aquél tenga su sede, salvo que el Delegado designe a otro Subdelegado.

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tienen las siguientes competencias:

. Dirigir la Delegación del Gobierno, nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias y dirigir y coordinar como superior jerárquico la actividad de aquéllos; impulsar y supervisar, con carácter general, la actividad de los restantes órganos de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos en el territorio de la Comunidad Autónoma.

. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

. También asumirá las competencias sancionadoras atribuidas a los Gobernantes Civiles en la LO 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y por la Ley 23/92, de 30 de julio, de Seguridad Privada, correspondiendo a los Subdelegados del Gobierno el resto de competencias de carácter sancionador.

Para el mejor cumplimiento de la función directiva y coordinadora, prevista en el artículo 23, se crea en cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales una Comisión territorial, presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta; en las de las islas Baleares y Canarias se integrarán, además, los Directores Insulares. A sus sesiones podrán asistir los titulares de los órganos y servicios que el Delegado del Gobierno en la correspondiente Comunidad Autónoma considere oportuno.

Las disposiciones contenidas en la LOFAGE sobre los Delegados del Gobierno son de aplicación a los de Ceuta y Melilla.

2) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias

En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma existirá un Subdelegado del Gobierno que será nombrado por aquél por el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, a los que se exija, para su ingreso, el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. Las subdelegaciones del Gobierno en las provincias se constituyen en órganos de la respectiva Delegación del Gobierno.

 A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:

Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno.

Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con las Corporaciones locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal.

- En las Comunidades uniprovinciales, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, el Subdelegado del Gobierno, bajo la dirección y la supervisión del Delegado del Gobierno, ejercerá las siguientes competencias:

a) La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.

b) La dirección y la coordinación de la protección civil en el ámbito de la provincia.

3) Los Directores Insulares

Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno. Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.



Oposición Policía Nacional. Tema 4. La Cooperación Policial Internacional

Para finalizar el tema 4 del temario oposición policía nacional, nos centramos en esta ocasión en el estudio de la cooperación policial internacional, tanto a nivel mundial, como en el ámbito de la Unión Europea. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.

5. LA COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL

5.1 La cooperación a nivel mundial

En el año 1923 se creó la INTERPOL (OIPC: Organización Internacional de Policía Criminal), una organización internacional creada con la intención de desarrollar la cooperación de las policías judiciales contra la delincuencia internacional, y también para facilitar la detención de personas reclamadas). La sede de la Interpol está en Lyon (Francia), y son ya 190 sus países miembros.

Aunque hay quien piensa que la Interpol la forman agentes de policía con poder para actuar en todos los países miembros, en realidad es el intercambio de información lo que da como resultado la acción coordinada de las fuerzas policiales.

La Oficina Central Nacional de Interpol en España está en la División de Cooperación Internacional de la Dirección General de la Policía, y sus principales misiones son: Cooperar tanto técnicamente como operativamente con las Policías de otros países, y cooperar en el auxilio judicial (de acuerdo con lo establecido en los Acuerdos y Tratados Internacionales. Nuestro país forma parte de la INTERPOL desde 1929.

Las principales actividades de Interpol son:

-          Peticiones de datos e investigación en otros países.

-          Solicitud de protección y apoyo a otro país.

-          Órdenes de detención internacional.

-          Extradiciones Activas y Pasivas.

-          Traslados internacionales de condenados Activos y Pasivos.

-          Comisiones Rogatorias internacionales Activas y Pasivas.

-          Averiguación de situaciones policiales o judiciales.

-          Petición de investigaciones internacionales a partir de delitos informáticos.

-          Avisos de urgencia humanitarios por necesidades de localización familiar.

-          Identificación y localización de personas desaparecidas.

La Asamblea General, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General, son los 3 órganos con los que cuenta Interpol para las labores de supervisión y para la toma de decisiones.
 Los Estados miembros están representados en la Asamblea General a través de unos delegados designados por el Gobierno de cada uno de ellos.

Son 13 los miembros, incluido el Presidente de Interpol, que forman el Comité Ejecutivo. Uno de estos miembros es español.

En cuanto a la Secretaría General, se trata de un órgano ejecutivo, de naturaleza administrativa y técnica.

5.2 La cooperación dentro de la Unión Europea.

Su sede está en La Haya (Países Bajos). La creación de una Oficina Europea de Policía (Europol) se acordó en el Tratado de la Unión Europea de 1992, y se reguló en el Convenio Europol, basado en el mencionado Tratado (artículo K.3).  El inicio de las actividades de Europol fue el 3 de enero de 1994, y lo hizo como Unidad de Drogas de Europol.  Después, de modo progresivo, fue asumiendo otras competencias en cuestiones de criminalidad. Y fue por medio de la Decisión 2009/371/Jal del Consejo, de 6 de abril de 2009, que sustituyó el Convenio Europol, que se creó la Oficina Europea de Policía (Europol) como un ente de la propia Unión y fianaciada con el presupuesto general de la UE.

Objetivo de la Europol

Su objetivo es el de apoyar y reforzar la acción de las autoridades competentes de los Estados miembros y su colaboración mutua en materia de lucha y prevención del terrorismo, de la delincuencia organizada y otros tipos de delitos graves que afecten a dos o más Estados, en particular las redes de inmigración, la trata de seres humanos, la pornografía infantil, el tráfico de drogas, el tráfico de vehículos, el tráfico de sustancias nucleares y radioactivas, y la falsificación de dinero y otros medios de pago.

Sus Órganos

Los Órganos de la Europol son:

. El Consejo de Administración: está compuesto por un representante de cada uno de los Estados miembros y un representante de la Comisión.

. El Director: es nombrado por el Consejo por mayoría cualificada, entre una lista presentada por el Consejo de administración de al menos 3 candidatos, para un período de 4 años, renovable una vez más por un período no superior a 4 años (si el Consejo, a propuesta del Consejo de Administración, ha evaluado la gestión del Director y así lo decide).

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Decisión 2009/371/Jal del Consejo (que se aplica desde el 1 de enero de 2010), Europol sólo tenía que rendir cuentas al Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior. Pero el establecimiento de Europol como una agencia de la Unión, reforzó la función del Parlamento Europeo en el control sobre Europol, a través de la participación del Parlamento a la hora de fijar el presupuesto (eso incluye la plantilla de personal y el procedimiento de aprobación de la gestión). El Consejo sigue responsabilizándose de las funciones de control y orientación de Europol.

Competencias de la Europol

La delincuencia organizada, el terrorismo y otras formas de delitos graves, siempre que dos o más Estados miembros se vean afectados de modo que, por causa del alcance, gravedad y consecuencias de los actos delictivos, sea necesaria una actuación en común de los Estados miembros.

Sus principales funciones

Europol desempeñará las siguientes funciones principales:

a)
Recoger, almacenar, tratar, analizar e intercambiar información y datos;


b)
 Comunicar sin demora a las autoridades competentes de los Estados miembros, por medio de la unidad nacional a que se refiere el artículo 8, la información que les afecte y las relaciones que haya podido establecer entre los actos delictivos;


c)
 Facilitar las investigaciones en los Estados miembros, en concreto transmitiendo a las unidades nacionales toda la información pertinente al respecto;


d)
 Solicitar a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados que inicien, realicen o coordinen investigaciones, y sugerir la creación de un equipo conjunto de investigación en casos específicos;


e)
 Proporcionar apoyo en materia de análisis e información a los Estados miembros en relación con un acontecimiento internacional importante;


f)
 Elaborar evaluaciones de las amenazas, análisis estratégicos e informes generales sobre el estado de los trabajos en relación con su objetivo, incluidas evaluaciones de la amenaza de la delincuencia organizada.

Y con el objetivo de cumplir sus funciones, gestiona un sistema de información informatizado (Europol Computer System – TECS), alimentado por los Estados miembros. Cada Estado miembro designa una Autoridad Nacional de Control con el fin de garantizar el uso correcto de todos los datos personales que están en poder de Europol, y también existe una Autoridad Común de Control independiente. La misión de esta última, es la de vigilar el funcionamiento y la actividad de Europol para garantizar que se respetan los derechos de las personas. Un máximo de dos expertos en protección de datos, nombrados por cada uno de los Estados miembros por períodos de 5 años, son los componentes de la citada Autoridad Común de Control independiente.

Europol se relaciona con los Estados miembros por medio de los Oficiales de Enlace –destinados en La Haya-, y estos, a su vez, únicamente con sus respectivas Unidades Nacionales.

En nuestro país, la Unidad Nacional de Europol está integrada dentro de la División de Cooperación Internacional de la Dirección General de Policía, y sus misiones son las de encauzar y coordinar la cooperación técnica y operativa con Europol, según las disposiciones de la Unión Europea que regulan su funcionamiento.

viernes, 20 de diciembre de 2013

Oposición Policía Nacional. Tema 4. El Acuerdo Schengen.

Continuamos con el tema 4 del temario oposición policía nacional, en concreto con el estudio de todo lo referente al Acuerdo Schengen. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.

4. EL ACUERDO SCHENGEN

Con el fin de adelantar la supresión de los controles de las fronteras comunes y facilitar la cooperación en materia judicial y penal, cinco países de la UE –Alemania, Bélgica, Francia, Holanda y Luxemburgo- firmaron el 14 de junio de 1985 en Schengen (Luxemburgo) el Acuerdo Schengen, bajo la forma de una declaración de intenciones.

Cinco años después, el 19 de junio de 1990, se firmó el Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen. En él se desarrolla y lleva a la práctica el principio de libre circulación de personas, mediante la supresión de los controles de las fronteras comunes, para crear una zona conocida como “Espacio Schengen”.

El Acuerdo Schengen, es decir, la normativa Schengen y sus órganos e instrumentos, se incorporó a la UE el 2 de Octubre de 1997 por el Tratado de Ámsterdam.

Progresivamente se han ido adhiriendo al Convenio el resto de los países de la Unión, excepto el Reino Unido e Irlanda.

-1990: Italia

- 1991: España y Portugal

-1992: Grecia

-1995: Austria

-1996: Suecia, Finlandia y Dinamarca

-2007: El 21 de diciembre de este año se incorporaron, además de Malta, 8 estados del este: Hungría, Polonia, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia y Eslovaquia.
Noruega e Islandia, aunque no pertenecen a la UE, han suscrito acuerdos de Asociación. En cuanto a Suiza, aunque decidió integrarse en 2005, el retraso por parte de los países miembros en aprobar su adhesión, retrasó su incorporación hasta el 12 de diciembre de 2008.

Y a día de hoy, ya son 26 los países de Europa cuyos ciudadanos pueden circular libremente, ya que el último en adherirse fue Liechtenstein el 19 de diciembre de 2011. Otros países no lograron adherirse por no cumplir con los requisitos de seguridad exigidos: Bulgaria, Chipre y Rumanía.

Al territorio que comprende a los Estados de la Unión Europea que acordaron la creación de un espacio común cuyos principales objetivos son la supresión de las fronteras entre dichos países, la seguridad, la inmigración y la libre circulación de personas, se le ha dado el nombre de Schengenland.

El Manual Común de Fronteras asumido en el Convenio, recoge las condiciones de acceso al Espacio Común Schengen, y asegura que los requisitos de entrada y el control de entrada sean los mismos en todos los puestos fronterizos exteriores.

El Convenio Schengen define dos tipos de fronteras: interiores y exteriores.

También se establecen dos tipos de controles, dependiendo de la nacionalidad de la persona que quiera realizar el cruce de frontera exterior:

. Control mínimo: Consiste en la comprobación de la identidad y simple examen –buscando posibles alteraciones- de los documentos de viaje. Se someten a este tipo de control los ciudadanos de la Unión Europea, Liechtenstein, Islandia y Suiza (gracias al Acuerdo bilateral entre Suiza y la Unión Europea).

. Control minucioso: Se aplica a los extranjeros no comunitarios. En este caso se trata de un examen exhaustivo de los documentos de identidad y de viaje, verificando visado Schengen, siempre que fuese exigido por motivos de su nacionalidad, además de otros requisitos (justificación del motivo del viaje, medios económicos, que la persona no esté inscrita como no admisible en el SIS, certificado médico si viene de países que resulta procedente).

El Convenio Schengen también ha creado el Visado Uniforme Schengen, válido para una estancia máxima en el territorio de todos los Estados Parte, lo cual significa que todos los Estados Schengen aplican idénticos criterios y exigen los mismos requisitos, por medio de la Instrucción Consular Común, para la concesión de visado.

De igual modo y con objeto de reforzar la falta de seguridad que se deriva de la supresión de controles, el Convenio Schengen establece los mecanismos de cooperación policial siguientes:

. Asistencia mutua, para prevenir e investigar las infracciones.

. Vigilancia transfronteriza, por la que se permite a los servicios de policía (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) y servicios de aduana, mantener más allá de sus fronteras una vigilancia. Para ello existen dos tipos de procedimientos:

-          Procedimiento ordinario. Para poder realizar la vigilancia previamente habrá que presentar una solicitud de asistencia judicial (a través de SIRENE), y cumplir que:

. Esté en marcha una investigación judicial.

. El Estado requerido haya autorizado la vigilancia.

. El acto presuntamente cometido por la persona bajo vigilancia pueda dar lugar a la extradición.

-          Procedimiento urgente: Siempre que se comunique de inmediato el cruce de la frontera a la Autoridad Central y se presente sin demora la solicitud de asistencia judicial, el procedimiento urgente permite el cruce de la frontera por motivos de urgencia sin tener que tramitar la solicitud previamente.

Los límites a los que está sujeta la vigilancia transfronteriza son:

-          Siempre se respetará el derecho del país en el que se ha entrado.

-          Se obedecerán las órdenes de las autoridades locales competentes.

-          No se podrá efectuar la entrada en los domicilios ni en aquellos lugares donde no tenga acceso el público.

-          El arma reglamentaria, se podrá portar, pero no podrá hacerse uso de ella salvo en situaciones de legítima defensa.

-          Tampoco se podrá detener ni interrogar a la persona bajo vigilancia.

-          La vigilancia se interrumpirá a instancias del Estado requerido, o 5 horas después de cruzar la frontera en el caso de no haber conseguido la autorización.

. Persecución  transfronteriza: Se trata de un sistema de cooperación que permite a los agentes de un país continuar la persecución en el Estado con el comparte frontera, de detenidos o presos evadidos, así como de personas sorprendidas en flagrante delito, siempre y cuando se lo comuniquen lo antes posible a dicho Estado, y también cumpliendo siempre los requisitos siguientes:

-          La persecución sólo puede ser efectuada por las fronteras terrestres.

-          Ésta cesará de inmediato cuando así lo solicite la autoridad local.

-          El detenido no podrá ser interrogado.

-          Si al final se logra detener a la persona perseguida, ésta se presentará ante las autoridades locales.

La Persecución transfronteriza también se conoce como “persecución en caliente”.

Nuestro país tiene suscrito con Francia un límite de espacio desde la frontera de un máximo de 10 kilómetros, y con nuestro otro país vecino, Portugal, de un radio de 50 kilómetros o por un período de 2 horas.

También con la intención de aumentar la seguridad, el Convenio ha creado el SIS (Sistema de Información Schengen). Se trata de una base de datos que permite a los funcionarios públicos y a las Autoridades comprobar y consultar datos sobre personas, objetos y vehículos.
El Sistema de Información Schengen está integrado por un Órgano Central llamado C-SIS, que centraliza y transmite la información recibida de los distintos países, y cuya sede se encuentra en Estrasburgo. También una serie de Órganos Nacionales, conocidos como N-SIS, que envían la información de su Estado al C-SIS, y al mismo tiempo reciben los datos centralizados de éste.

También en cada Estado hay una oficina denominada SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries), cuya misión es seleccionar los datos que se introducirán en el SIS, además de facilitar, a quien lo solicite, información complementaria de los datos del SIS.

En la próxima entrega del temario de policía nacional, veremos “La cooperación policial internacional”.


Oposición Policía Nacional. Tema 4. Instituciones Más Importantes de la Unión Europea (2): El Tribunal de Justicia, El Tribunal de Cuentas, Órganos Consultivos, El Defensor del Pueblo Europeo.

Continuamos con el tema 4 del temario oposición policía nacional, en concreto con el estudio de la Unión Europea, viendo ahora el resto de sus Instituciones más importantes: El Tribunal de Justicia, El Tribunal de Cuentas, Órganos Consultivos y El Defensor del Pueblo Europeo. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir estas actualizaciones directamente en tu correo electrónico.

3. 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fue creado en 1952 en virtud del Tratado CECA. Tiene su sede en Luxemburgo.

Su trabajo es garantizar que la legislación de la UE se interprete y se aplique del mismo modo en todos los países de la UE, a fin de que la ley sea igual para todos. Asegura, por ejemplo, que los tribunales nacionales no dicten sentencias distintas sobre la misma cuestión. El Tribunal tiene poder para resolver conflictos legales entre Estados miembros, instituciones de la UE, empresas y particulares.

El Tribunal está integrado por un juez de cada Estado miembro, con el fin de que estén representados los 27 ordenamientos jurídicos nacionales de la UE. No obstante, en virtud de la eficacia, el Tribunal no suele reunirse en pleno, sino que normalmente lo hace bajo la forma de "Gran Sala" con sólo 13 jueces, o en cámaras de 5 o 3 jueces.

El Tribunal está asistido por ocho “abogados generales”. Su función consiste en presentar dictámenes motivados sobre los asuntos planteados ante el Tribunal, y deben hacerlo pública e imparcialmente.

Los jueces y abogados generales son personas cuya imparcialidad está fuera de toda duda. Tienen la cualificación y competencia necesarias para ocupar los más altos cargos judiciales en su país de origen. Son designados por acuerdo conjunto de los gobiernos de los Estados miembros. Su nombramiento es por 6 años, y es renovable.
El Tribunal de Justicia dicta sentencias sobre los asuntos que se le plantean, siendo 5 los tipos de casos más comunes:

-Cuestiones prejudiciales.

- Recurso de incumplimiento.

- Recurso de omisión.

- Recurso de anulación.

- Recurso para la reparación de daños.

En 1998 se creó un “Tribunal de Primera Instancia” para ayudar al Tribunal a atender a la enorme cantidad de casos sobre los que debe entender, y así ofrecer a la ciudadanía una protección legal óptima.

El Tribunal de Primera Instancia también cuenta con un juez de cada país de la Unión Europea, y depende del Tribunal de Justicia. Tiene competencia para pronunciarse en ciertos tipos de asuntos, en especial demandas presentadas por empresas, particulares y determinadas organizaciones, además de asuntos de competencia.

3. 6 TRIBUNAL DE CUENTAS

El Tratado de Bruselas de 22 de julio de 1975 que estableció el Tribunal de Cuentas Europeo. Su sede está en Luxemburgo.

 El trabajo del Tribunal es comprobar que los fondos de la UE, que proceden de los contribuyentes, se recaudan adecuadamente y se emplean de forma legal, económica y para el propósito previsto. Su objetivo es garantizar que los contribuyentes obtengan el máximo rendimiento de su dinero, y tiene derecho a auditar a cualquier persona u organización que maneje fondos de la UE.

El Tribunal está compuesto por un miembro de cada país de la UE, designado por el Consejo por un período renovable de seis años. Los miembros eligen a uno de entre ellos como presidente, por tres años.

La función principal del Tribunal de Cuentas es comprobar que el presupuesto de la UE se ejecuta como es debido, dicho de otro modo, que los ingresos y los gastos de la Unión Europea son claro y totalmente legales, al tiempo que garantizar una gestión financiera saludable.

3. 7 ÓRGANOS CONSULTIVOS

. El Comité de las Regiones:

Creado en 1994 con arreglo al Tratado de la Unión Europea (Maastricht), el Comité de las Regiones es un organismo consultivo integrado por representantes de las autoridades regionales y locales de Europa que garantiza que estas autoridades puedan aportar su opinión en la formulación de las normas de la Unión Europea y que se respetan las identidades y prerrogativas regionales y locales.
El Comité debe ser consultado sobre asuntos que conciernen al gobierno local y regional, tales como política regional, medio ambiente, educación y transporte.

El papel del Comité de las Regiones es presentar los puntos de vista locales y regionales en la legislación de la UE. Lo hace emitiendo dictámenes sobre las propuestas de la Comisión.
De sus 344 miembros, 21 son aportados por España.

. El CESE (Comité Económico y Social Europeo)

Su función es representar a las organizaciones sociales.
Fundado en 1957 conforme al Tratado de Roma, el Comité Económico y Social Europeo(CESE) es un  organismo consultivo que representa a empresarios, sindicatos, agricultores, consumidores y otros grupos de interés que colectivamente constituyen la “sociedad organizada”.
A través de discusiones políticas con el Parlamento, la Comisión y el Consejo, el CESE defiende sus intereses. Debe ser consultado antes de la toma de decisiones sobre política económica y social, por los que es parte del proceso decisorio de la Unión. También puede por iniciativa propia presentar sus opiniones sobre temas que considere de importancia.
España aporta 21 de sus 317 miembros.

3. 8  EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO

El Defensor del Pueblo Europeo es el encargado de investigar las denuncias contra las instituciones, organismos, agencias y oficinas de la Unión Europea.

Debe presentarse la denuncia en un plazo máximo de 2 años desde la fecha en que se tuvo conocimiento del problema correspondiente. El Defensor del Pueblo Europeo es elegido por el Parlamento por un período renovable de 5 años. Una vez al año presenta un informe de sus actividades al Parlamento.


Continuando con el tema 4, en el siguiente artículo veremos todo lo referente al Acuerdo Schengen.

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