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jueves, 10 de octubre de 2013

Juzgados de lo Mercantil Oposiciones Justicia

Seguimos con el tema 8 para las oposicionesjusticia, repasando los diferentes tipos de Juzgados.

JUZGADOS MERCANTILES

Sede y Jurisdicción de los Juzgados Mercantiles

Con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil.

También podrán establecerse Juzgados Mercantiles en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción.

Pueden establecerse Juzgados Mercantiles que extiendan su jurisdicción a 2 o más provincias de la misma comunicad autónoma, con la salvedad prevista para los Juzgados de lo Mercantil de Alicante, como se verá más adelante.

Competencias de los Juzgados Mercantiles:

Los Juzgados Mercantiles conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en la ley reguladora.

En todo caso, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

1)      Acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con la excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley Concursal (dice que a petición del legitimado para instar el concurso necesario, el Juez, al admitir a trámite la solicitud, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio del deudor, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2)      Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y  sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.

3)      Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.

4)      Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral.

5)      Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.

6)      Las acciones tendentes a exigir la responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

Los juzgados de lo mercantil también conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil con respecto a:

a)      Demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

b)      Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.

c)       Las pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo.

d)      Las acciones relativas a las condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.

e)      Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.

f)       Los procedimientos de aplicación de los artículo 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE y de su derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

Artículo 101:

1)      Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:

a.       Fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción.

b.      Limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones

c.       Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento.

d.      Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasione a éstos una desventaja competitiva.

e.      Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

2)      Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.

3)      No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

                                                               i.      Cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas

                                                             ii.      Cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas

                                                            iii.      Cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

a.       Impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos.

b.      Ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.


Artículo 102

Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.

Estas prácticas abusivas pueden consistir, particularmente, en:

a)      Imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas.

b)      Limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;

c)       Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva.

d)      Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

Por último, cabe destacar que los juzgados de lo mercantil tienen competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando estas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
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martes, 8 de octubre de 2013

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria. Juzgado de Menores. Juzgado Central de Menores.



Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:

En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios juzgados de vigilancia penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la Ley.

Podrán establecerse juzgados de vigilancia penitenciaria que extiendan su jurisdicción a 2 o más provincias de la misma Comunidad Autónoma.

También podrán crearse juzgados de vigilancia penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda la Provincia.


Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria

En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, descritas anteriormente, y demás que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos Juzgados Centrales será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional.

El cargo de juez de vigilancia penitenciaria será compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal.

El número de juzgados de vigilancia penitenciaria se determinará en la Ley de Planta, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de éstos.

El Gobierno establecerá la sede de estos juzgados, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial.



Juzgados de Menores

En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de Menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Juzgados de Menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos o bien a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede.
Corresponde a los jueces de menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes.


Juzgado Central de Menores


En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá un Juzgado Central de Menores, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores:
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Juzgados de lo Contencioso Administrativo. Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo. Juzgados de lo Social


Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

En el caso de que el volumen de asuntos lo requiera, se pueden establecer uno o más Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en las poblaciones que por Ley se determine. Estos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo tomarán la denominación del municipio de su sede y extenderán su jurisdicción al partido correspondiente.

Excepcionalmente, también pueden crearse Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdicción a más de una Provincia dentro de la misma Comunidad Autónoma.

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la Ley.

También les corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante Auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración.



Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo

En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo que conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la Ley establezca.

La Ley Orgánica 4/2011 de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, ha establecido recientemente que corresponde también a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante Auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como la ejecución material de las resoluciones adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicación de la citada Ley 34/2002 y del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.



Juzgados de lo Social

En cada Provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo social; también podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de su jurisdicción.

Excepcionalmente, los juzgados de lo social pueden extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma Comunidad Autónoma.

Los juzgados de lo social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo:
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Juzgados de lo Penal. Juzgados Centrales de lo Penal


Juzgados de lo Penal

En cada provincia y con sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados de los Penal. Podrán establecerse Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre Demarcación y Planta Judicial, que fijara la ciudad donde tendrán su sede. Los Juzgados de lo Penal tomarán su denominación de la población donde tengan su sede.
Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la Ley determine. A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en la Ley contra la violencia de género.
También corresponde a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito por los Juzgados de Instrucción, y el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español.

Juzgados Centrales de lo Penal

En la Villa de Madrid, y con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos cuyo conocimiento corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y de los demás asuntos que señalen las leyes.

También corresponde a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito por los Juzgados Centrales de Instrucción.

Finalmente, corresponde a los Juzgados de lo Penal el reconocimiento y ejecución de las resoluciones de decomiso transmitidas por las autoridades competentes de otros estados miembros de la UE, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español:
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Oposiciones Justicia

Empezamos el tema 8 del temariooposiciones justicia auxilio judicial, tramitación y gestión. Vamos a analizar en este apartado los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Suscríbete a la Guía de Formación Online para estar al día con las últimas actualizaciones de tu temario de justicia.

Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Estos juzgados tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido. El Ministro de Justicia puede decidir que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción estén servidos por Magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial superior a los 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que supere dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija.

El Gobierno, a propuesta del CGPJ y con el informe previo de las CCAA con competencias transferidas en materia de justicia, podrá establecer la separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en aquellos partidos judiciales en los que el número de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción así lo aconseje.

Competencias de los Juzgados de Primera Instancia

En materia civil, los Juzgados de Primera Instancia conocerán:

1)      En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por la ley a otros juzgados o tribunales.

2)      De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes.

3)      De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del Partido.

4)      De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del partido.

5)      De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

El Registro Civil está a cargo de los Jueces de Primera Instancia y, por delegación de estos, de los de paz, de conformidad con lo que establezca la Ley, sin perjuicio de lo que se disponga en ella para los demás Registros Civiles, en su caso.

Nota importante sobre modificaciones: después de la publicación de la Ley 20/2011 de 21 de Julio del Registro Civil y de la LO 8/2011, de 21 de julio, que complementa a la anterior, por la que se modifica la LO 6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial, que entran en vigor el 22 de julio de 2014, los Juzgados de Primera Instancia, como los de Paz, perderán entonces sus competencias en materia de Registro Civil.

La Ley de Planta determina las poblaciones en las que uno o varios jueces desempeñarán con exclusividad funciones de Registro Civil, y en las ciudades donde hubiere más de un juzgado de primera instancia, cuál o cuáles de entre ellos se encargarán del Registro Civil.

Nota: este apartado quedará derogado el 22 de julio de 2014, según las leyes mencionadas arriba.
A tenor de lo expuesto en la Ley 63/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje, en el ejercicio de funciones de apoyo y control al mismo, para la asistencia judicial en la práctica de pruebas será competente el Juzgado de Primera Instancia del Lugar del arbitraje o el del lugar donde hubiere de prestarse la asistencia.

Para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado.

Para la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquellos, determinándose subsidiariamente la competencia territorial por el lugar de ejecución o donde aquellos laudos o resoluciones arbitrales deban producir sus efectos.

Para la adopción de medidas cautelares será tribunal competente el del lugar en que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia.


Competencias de los Juzgados de Instrucción

Los Juzgados de Instrucción, en el orden penal, conocen:

a)      De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de los Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

b)      Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley.

c)       Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

d)      De los procedimientos de Habeas Corpus

e)      De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.

f)       De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

g)      De la ejecución de las medidas de embargo y aseguramiento de pruebas transmitidas por un órgano judicial de un Estado Miembro de la UE que las haya acordado en un proceso penal, cuando los bienes o los elementos de prueba se encuentren en territorio español.

Los Juzgados de Instrucción también conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de estos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales (LO 2/2009 de 11 de diciembre).


LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN

En la Villa de Madrid puede haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, y de extradición pasiva, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los estados miembros de la UE cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la Ley.
En el próximo apartado de este temario auxilio judicial, tramitación y gestión veremos los Juzgados de lo Penal y Juzgados Centrales de lo Penal:


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El Domilicio. La Vecindad Civil. Temario Oposiciones Policía Nacional

Continuamos con el temario policía nacional escala básica y con este apartado acerca del Domicilio y la Vecindad Civil terminaremos con el tema 1. Después prepararemos unos tests policía nacional para que practiquéis este primer tema. Suscribiros para estar al día con las últimas actualizaciones del temario. Recordad que este tema también os resultará útil para las oposiciones de justicia.


EL DOMICILIO

En derecho se trata de una cuestión muy importante debido a que las personas deben tener un lugar de residencia, un punto de referencia, donde se le puedan reclamar sus obligaciones (notificarle), por ejemplo. El domicilio se define como “la sede jurídica de la persona” y tiene diferentes efectos en nuestras vidas.
Domicilio de las Personas Naturales

Viene regulado en el artículo 40 del Código Civil donde se establece que: “para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil”. O sea, que el domicilio es donde tenemos la morada personal y familiar y viene reflejado en el padrón municipal.

En la Ley de Enjuiciamiento civil también se establece qué se considera domicilio a la hora de realizar una entrada y registro:

1)      Los palacios reales, estén o no habitados por el Monarca al tiempo de efectuar la entrada o registro

2)      El edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia.

3)      Los buques mercantes españoles

Las tabernas, casas de comidas, posadas y fondas no se consideran domicilio de los que se encuentren o residan temporalmente, pero sí de los posaderos, hosteleros…


El Domicilio de las Personas Jurídicas

El artículo 41 del Código Civil indica que cuando ni la ley que las haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijasen el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal o donde ejerzan las principales funciones de su instituto.


Tipos de Domicilios

Domicilio General: se trata del lugar que la Ley estima como sede de la persona para la generalidad de las cosas

Domicilios Especiales: se trata de los diversos lugares que la Ley estima sedes de la persona para ciertos asuntos solamente (por ejemplo para notificar el pago de impuestos)

Domicilio Real o Voluntario: es el domicilio basado en la residencia habitual. El art. 40 del CC establece que el domicilio real o voluntario se caracteriza por ser la residencia efectiva y habitual.

Domicilio legal o necesario: se trata del domicilio que impone la Ley. Por ejemplo, este es el domicilio de los hijos sometidos a patria potestad o de los sometidos a tutela. Su domicilio es el de los padres o tutores. El domicilio legal de los trabajadores es donde está su destino. En el caso de los militares en servicio activo, su domicilio es el lugar donde esté su Cuerpo. En el caso de los Diplomáticos que residan por razón de su cargo en el extranjero, el domicilio será el último que hubiesen tenido en España.

Domicilio Electivo: se trata del domicilio que eligen voluntariamente las personas para la realización y ejecución de determinados actos, jurisdicción aplicable, etc. Por ejemplo, cuando 2 litigantes se someten de mutuo acuerdo a los Tribunales de un determinado emplazamiento.



LA VECINDAD CIVIL

Debemos para empezar distinguir la vecindad administrativa de la vecindad civil. La vecindad administrativa determina la condición de ciudadano de un municipio, con los derechos políticos que le correspondan. Esta vecindad se establece por residencia habitual en un término municipal, acreditada mediante la inscripción en el Padrón Municipal.

Entonces, ¿qué es la vecindad civil? Se trata del vínculo que une a un individuo con la región, comarca o localidad a la que pertenece y determina su sujeción a alguna de las legislaciones civiles existentes en España. Dependiendo de la vecindad que tengamos, se aplicará el Derecho Civil Común o el Derecho Civil Especial que hay que ciertas regiones de nuestro país (por ejemplo, Galicia o Navarra).

¿Cómo se adquiere la vecindad civil?

1)      Por Filiación: tienen vecindad civil en territorio de derecho común o en uno de los de derecho especial o foral los nacidos de padres que tengan esa vecindad civil. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes; en su defecto, tendrá la del lugar de nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho común. Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los 6 meses siguientes al nacimiento o a la adopción. La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio de vecindad de los padres, no afectarán a la vecindad civil de los hijos.

2)      Por Opción: el Código Civil permite, con ciertas condiciones, que el hijo mayor de 14 años opte por la vecindad civil del lugar de nacimiento o por la última vecindad de cualquiera de sus padres.

3)      Por Residencia. La vecindad civil se adquiere:

a.       Por residencia continuada durante 2 años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad.

b.      Por residencia continuada durante 10 años, sin declaración en contrario durante ese plazo.

                                                                     Ambas declaraciones constarán en el Registro Civil y no hace falta reiterarlas

4)      Por Matrimonio: el matrimonio no altera la vecindad civil, pero cualquiera de los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, pueden en cualquier momento, optar por la vecindad civil del otro. En caso de duda prevalece la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento.

Adquisición de la Vecindad Civil por Extranjeros

Cuando un extranjero adquiere la nacionalidad española debe optar, al inscribir esta adquisición en el Registro, por cualquiera de las siguientes vecindades:

a)      La correspondiente al lugar de residencia

b)      La del lugar del nacimiento

c)       La última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes

d)      La del cónyuge

El extranjero que adquiera la nacionalidad mediante Carta De Naturaleza tendrá la vecindad civil que determine el Real Decreto de concesión, teniendo en cuenta la opción de aquel.

La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo la de aquella vecindad civil que ostentara el interesado al tiempo de su pérdida.

Fin del tema 1 oposiciones policía nacional escala básica:


lunes, 7 de octubre de 2013

Adquisición, Conservación y Pérdida de la Nacionalidad Española

Continuamos con el tema 1 del temario oposiciones policía nacional escala básica. Vamos a estudiar el tema de la Nacionalidad Española, cómo se adquiere, cómo se conserva y en qué casos y quiénes pueden perder la nacionalidad en España.

Nacionalidad Española

Según el artículo 11 de la Constitución, la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde según lo que establece la ley (el Código Civil). Ningún español de origen puede ser privado de la nacionalidad española.

Doble Nacionalidad

El Estado Español puede concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán  naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

¿Cómo se adquiere la nacionalidad española?

Distinguimos dos formas básicas de adquirir la nacionalidad española:

1)      Adquisición Originaria de la Nacionalidad Española: la persona tiene una nacionalidad desde el momento de su nacimiento, que puede obedecer a 2 criterios diferentes:

a.       Por Filiación: son españoles de origen los que nacen de un padre o madre españoles. O sea, llega con que sea español sólo uno de los 2 progenitores.

b.      Por Lugar de Nacimiento. Según este criterio “del suelo” donde se nace, son españoles:

                                                               i.      Los que nacen en España de padres extranjeros si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España. Quedan exceptuados los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado.

                                                             ii.      Los que nacen en España de padres extranjeros, si ambos carecen de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (hablamos de apátridas)

                                                            iii.      Los nacidos en España cuya filiación resulte desconocida. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar de estancia conocido sea el territorio español.

El extranjero menor de 18 años adoptado por un español también adquiere, desde el momento de la adopción, la nacionalidad española de origen. Si el adoptado ya ha cumplido 18 años, podrá optar por la nacionalidad de origen en el plazo de 2 años a partir de la adopción.

2)      Adquisición Derivativa de la Nacionalidad Española: la llamamos derivativa porque se da en los casos de cambio o modificación de la nacionalidad que anteriormente tenía una persona.

En este caso, para adquirir la nacionalidad española se requiere que el mayor de 14 años, y capaz de prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes; que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad; y que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.

La adquisición de la nacionalidad se puede realizar:

a)      Por Posesión de Estado: la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó.

b)      Por Opción: tienen derecho a optar por la nacionalidad española las personas mayores de 18 años, que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español, o aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España.

c)       Por Carta de Naturaleza: la nacionalidad se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente por el Gobierno, mediante Real Decreto, cuando en el extranjero concurran circunstancias excepcionales.

d)      Por Residencia: la nacionalidad en este caso se concede por el Ministerio de Justicia, que también puede denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. El interesado debe justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española.


Años de Residencia Requeridos Para Pedir La Nacionalidad Según Los Casos:

Como norma general se exigen 10 años de residencia; 5 años para los asilados o refugiados y 2 años para los de origen Iberoamericano, de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes.

Basta una residencia de 1 Años en el caso de:

* Quien naciese en territorio español

* Quien no hubiese ejercido oportunamente la facultad de optar (derecho de opción, que vimos arriba).

* El que esté o haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante 2 años consecutivos.

* El que al tiempo de la solicitud llevase 1 año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho. A estos efectos, se entenderá que tiene residencia legal en Espala el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.

* El viudo o viuda de español o española, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.

* El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.

En todos estos casos, la residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. El interesado en nacionalizarse además debe justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

Las concesiones por Carta de Naturaleza o por Residencia caducan a los 180 días siguientes a su notificación, si en este plazo de 180 días (unos 6 meses) el interesado no comparece ante funcionario competente para cumplir con los requisitos legalmente establecidos.

¿Cómo se pierde la Nacionalidad Española? Casos de Pérdida de la Nacionalidad Española

1)      Adquisición Voluntaria De Otra Nacionalidad: perderán la nacionalidad española (salvo en el caso que vimos arriba de doble nacionalidad) los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. Esta pérdida tiene lugar cuando transcurren 3 años contados desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. Sin embargo, los interesados también pueden optar por evitar la pérdida si dentro de este plazo declaran su voluntad de conservar la nacionalidad al encargado del Registro Civil. En cualquier caso, pierden la nacionalidad los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero.

2)      Perdida de la Nacionalidad por Sanción: ya vimos que los españoles de origen no pueden perder su nacionalidad por una sanción. Los españoles que no sean de origen pueden perder la nacionalidad española cuando, durante un período de 3 años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. También la perderán cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado Extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.


¿Cómo se recupera la Nacionalidad Española?

El que pierde la nacionalidad española puede recuperarla según estos requisitos:

1)      Ser residente legal en España. Este requisito no es de aplicación en el caso de los emigrantes ni de los hijos de emigrantes. En los demás casos, podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales.

2)      Declarar ante el Encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española.

3)      Inscribir la Recuperación en el Registro Civil



En el próximo apartado de este tema 1 de las oposiciones a policía nacional empezamos a estudiar “El Domicilio de las Personas”:

La Persona En Sentido Jurídico. Temario Policía Nacional Escala Básica

Continuamos con el tema 1 del temario policía nacional escala básica.  Vamos a ver la regulación de la personalidad jurídica. ¿Quién se considera persona en sentido jurídico?

En sentido jurídico, entendemos que es persona todo ser capaz de derechos y obligaciones, o sea, todo sujeto activo y pasivo de relaciones jurídicas. En sentido vulgar entendemos persona como “hombre”. Por eso, lo primero es aclarar que todo sujeto de derecho es una persona pero que no toda persona es sujeto de derecho.

En derecho se clasifican las personas en dos tipos, según establece el Código Civil:

1)      Personas Naturales: se trata de las personas físicas, individuales, que pertenecen al género masculino y femenino. Entre las personas naturales distinguimos, según su capacidad de obrar (qué cosas se pueden hacer ante la ley), entre personas capaces e incapaces (los declarados incapaces sufren por ello de una limitación de las cosas que pueden hacer en derecho como, por ejemplo, firmar un contrato).

2)      Personas Jurídicas: se trata de todas las entidades que tienen como función satisfacer la realización de fines colectivos o permanentes de los hombres. Según el artículo 35 del Código Civil, hay dos tipos de personas jurídicas:

a.       Corporaciones, Asociaciones y Fundaciones de Interés Público: deben estar reconocidas por la ley. Su personalidad jurídica empieza en el mismo momento de su válida constitución.

b.      Asociaciones de interés particular: pueden ser civiles, mercantiles o industriales. La ley les concede personalidad jurídica propia, independientemente de la personalidad que tienen cada uno de sus socios.

Hablamos así de entidades que, por ejemplo, podríamos denunciar como un todo (como si fuesen una persona), ya sea una Fundación sin ánimo de lucro o una Asociación con ánimo de lucro. A quien denunciamos es a toda la entidad como si fuese una persona.



¿Cuándo Comienza La Personalidad Jurídica En Las Personas Naturales?

En el caso de las personas jurídicas ya vimos que la personalidad comienza en el momento de su válida constitución. Pero, ¿cuándo comienza a tener personalidad jurídica una persona física? Existen diferentes teorías en derecho que pasamos a ver rápidamente:

1)      Teoría de la Concepción: según esta teoría, el concebido tiene existencia independiente y, por consiguiente, ha de ser tenido como sujeto de derechos aún antes de nacer.

2)      Teoría del Nacimiento: retrasa la personalidad jurídica al momento del nacimiento porque entiende que el feto no tiene vida independientemente de su madre. Además no se puede determinar con precisión el momento de una concepción.

3)      Teoría Ecléctica: se trata de una mezcla de las dos teorías anteriores. Establece el origen de la personalidad jurídica en el nacimiento del niño. Pero también le reconoce derechos desde que ha sido concebido.

4)      Teoría de la Viabilidad: para adquirir la personalidad jurídica, según esta teoría, no solo hay que nacer con vida sino además presentar la aptitud necesaria para seguir viviendo fuera del claustro materno. Lo malo de esta teoría es que no puede fijar tampoco unas condiciones y signos de viabilidad objetivamente precisos.

El Código Civil, en el artículo 29, establece que el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazcan con las condiciones legales del artículo 30. Este artículo establece que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno (esto fue modificado recientemente por la Ley 20/2011 del Registro Civil)


¿Cómo se adquiere y se pierde la personalidad en el caso de las personas jurídicas?

El artículo 32 establece que las personas jurídicas deben su nacimiento a la Ley. Esta ley es la que les atribuye personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados, para que actúen, con validez jurídica en el mundo del derecho y posibilitar así la consecución de sus fines. Su personalidad empieza en el instante mismo en que, con arreglo a Derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas.

La personalidad de las personas jurídicas puede extinguirse por:

1)      Haber expirado el plazo establecido para funcionar legalmente

2)      Haber realizado el fin para el que se constituyeron o

3)      Ser imposible de aplicar a ese fin la actividad y los medios de que disponen.

Capacidad Jurídica y Capacidad de Obrar

Capacidad Jurídica: se trata de la aptitud necesaria para ser sujeto de derechos y obligaciones y se tiene, por eso, desde el momento en que se adquiere la condición de persona, como vimos arriba.

Capacidad de Obrar: se trata de la aptitud para realizar eficazmente actos jurídicos y se adquiere generalmente al llegar a la mayoría de edad. O sea, que no todas las personas tienen capacidad de obrar o no la tienen en el mismo grado. Por ejemplo, esta limitación de la capacidad de obrar afecta a menores y a personas declaradas incapaces:

Temario Policía Nacional. Los Reglamentos Y La Jerarquía Normativa

Continuamos con el tema 1 del temario policía nacional escala básica. Vamos a ver los reglamentos y luego la Jerarquía Normativa. Para estar al día con estas oposiciones suscríbete a la Guía de Formación Online, a la izquierda puedes dejar tu email.

Los Reglamentos

¿Qué son los reglamentos? Se trata de una norma escrita, dictada por la Administración. Esta norma está por debajo de la ley, jerárquicamente hablando. El artículo 97 de la Constitución confiere la potestad reglamentaria al Gobierno, de forma genérica y expresa. Esta potestad también corresponde a las Comunidades Autónomas, según podemos deducir al ver los artículos 153,c y 161.2º de la Constitución. 

Asimismo, la potestad de dictar reglamentos también corresponde a los Plenos de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales en lo que se refiere a ordenanzas y reglamentos y los alcaldes en lo que se refiere a dictar bandos, según la Ley de Bases del Régimen Local.

Tipos de Reglamentos Estatales:

1)      Decretos:  se trata de las normas que dicta el Gobierno a través del Consejo de Ministros. Su objetivo normalmente es desarrollar una Ley que se aprobó previamente en las Cortes. Los decretos son expedidos por el Rey.

2)      Órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno: son las que dictan las Comisiones Delegadas del Gobierno

3)      Órdenes Ministeriales: son las que dictan los ministros.

4)      Disposiciones o resoluciones: son las dictadas por Autoridades y órganos inferiores del Gobierno.


La Potestad Reglamentaria

El artículo 106 de la Constitución del 78 establece que los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. Por Tribunales entendemos los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.


El Principio de Jerarquía Normativa

El ordenamiento jurídico está formado por diversas normas, como hemos viso. Estas normas tienen un rango diferente, o sea, que unas están por encima de otras. Esto quiere decir que la norma inferior no puede ir en contra de una norma superior.

El principio de jerarquía normativa viene reconocido y garantizado por la Constitución, artículo 9.3. Según esta jerarquía, veamos qué normas están por encima de otras:

1)      La Constitución: es la cúspide de la pirámide. Las leyes desarrollan diferentes temas según las normas que establece la Constitución.

2)      Leyes. Ya vimos diferentes tipos de leyes en el apartado anterior. Podemos clasificarlas en:

a.       Leyes Orgánicas (recuerda que incluyen los Estatutos de Autonomía)

b.      Leyes Ordinarias (Decretos Legislativos, Decretos Leyes, Leyes de las CCAA)

Recuerda que las leyes estatales y autonómicas no se distinguen por la jerarquía, sino por el principio de competencia (¿quién puede regular qué materia?).

Las leyes siempre están subordinadas a la Constitución y por encima de los Reglamentos.

3)      Reglamentos: incluye los Reales Decreto, Órdenes Ministeriales, etc (ver arriba). Los reglamentos están subordinados a la Ley (la desarrollan) y a la Constitución.

Los Tratados o Convenios Internacionales ¿Dónde incluirlos en la Jerarquía Normativa?
Los Tratados o Convenios Internacionales también son leyes. ¿Están por encima, por debajo o en el mismo nivel que la Constitución? ¿Y de las demás leyes? Se establecen 3 tipos, ordenados por jerarquía, de tratados o convenios en los artículo 93 a 94 de la Constitución:

1)      Tratados o Convenios por los que el estado atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Estos tratados deben ser autorizados por las Cortes Generales mediante una Ley Orgánica. Podemos deducir que estos tratados tienen valor de Ley Orgánica (están por encima de la Ley Ordinaria)

2)      Tratados o Convenios que por la importancia de las materias que son objeto del Tratado, requieren la previa autorización de las Cortes. En este caso los Tratados tienen rango de leyes orgánicas o leyes ordinarias según el caso.

3)      Tratados o Convenios que no necesitan la autorización de las Cortes. En este caso el Gobierno tiene que informar a las Cortes de la conclusión de estos tratados. Por eso, tienen rango de reglamentos.


Por último, recordar que los Tratados o Convenios Internacionales sólo entran a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, como fuente directa del derecho, cuando se publican íntegramente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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