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jueves, 13 de junio de 2013

Audiencias Provinciales Temario Oposiciones Justicia

Continuamos con el temario oposiciones justicia y vamos a analizar las Audiencias Provinciales, sede, jurisdicción, composición y competencias. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir la actualizaciones de este temario de oposiciones en tu email.

Sede, Jurisdicción y Composición De Las Audiencias Provinciales

Las Audiencias Provinciales tienen su sede en la capital de la provincia y toman su nombre de ella. Su jurisdicción se extiende a todo el territorio de la provincia (hay excepciones que vemos abajo y recuerda que en derecho lo más importante es aprender las “excepciones” de las normas generales).

Se pueden crear Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. En todo caso, y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno, el CGPJ puede acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la Audiencia Provincial, que extenderá siempre su competencia a todo su ámbito territorial aun cuando existieren secciones desplazadas. Este acuerdo se publicará en el BOE.

Composición de las Audiencias Provinciales:

Las Audiencias Provinciales están compuestas por un Presidente y 2 o más magistrados. También pueden estar formadas por 2 o más Secciones de la misma composición, en cuyo caso el Presidente de la Audiencia presidirá una de las Secciones que determinará al principio de su mandato.

Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar su plantilla de uno a dos magistrados, incluido el Presidente. En este caso, la Audiencia Provincial se completará para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolución a dictar lo exija, con el número de magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la Sala de Gobierno establecerá un turno para cada año judicial.

Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor administración de justicia, las secciones de la Audiencia pueden estar formadas por 4 magistrados.

La adscripción de los magistrados a las distintas secciones tendrá carácter funcional cuando no estuvieren separadas por orden jurisdiccional o por especialidad. Si lo estuvieren, la adscripción será funcional exclusivamente dentro de las del mismo orden o especialidad.


Competencias De De La Audiencia Provincial En Materia Penal

Las audiencias provinciales conocerán:

1)      De las causas por delito, a excepción de los que la Ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en esta Ley.

2)      De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de Instrucción y de lo Penal de la Provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de faltas la audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto.

3)      De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley Orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Provincia.

4)      Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.

5)      De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Competencias De Las Audiencias Provinciales En Materia Civil

Conocerán:

1)      De los recursos que establezca la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto.

2)      De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la LOPJ.

3)      Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento nº 40/94 del Consejo de la UE, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, del Consejo de la UE de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria.

4)      Las Audiencias Provinciales también conocerán de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus secciones.

Según establece el artículo 8.5 de la Ley 60/2003 de Arbitraje, corresponde a las Audiencias Provinciales la competencia para conocer de los recursos de anulación contra los laudos arbitrables.


Competencias de las Audiencias Provinciales en Cuestiones de Competencia y Recusaciones:

Las Audiencias Provinciales también conocerán:

a)      De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre juzgados de la provincia que no tengan otro superior común.

b)      De las recusaciones de sus Magistrados, cuando la competencia no esté atribuida a la sala especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia.

En el próximo capítulo de este temario de gestión procesal, válido para Auxilio Judicial y Tramitación, veremos el Juicio del Jurado. ¡Síguenos por email para estar al día con tus oposiciones de justicia!


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martes, 11 de junio de 2013

Los Tribunales Superiores De Justicia Tema 7 Oposiciones Justicia

Continuamos con el temariode gestión procesal que también vale para tramitación y auxilio judicial para las próximas oposiciones. Recordad que vamos actualizando estos temarios regularmente. Suscríbete para recibir una notificación en tu correo.

Los Tribunales Superiores De Justicia

Los TSJs de las CC.AA culminan la organización judicial en su ámbito territorial (sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo). Cada Tribunal Superior de Justicia recibe el nombre de su Comunidad Autónoma y tiene jurisdicción en todo su territorio.

Cada TSJ está formado por:

1)      Sala de lo Civil y Penal

2)      Sala de lo Contencioso-Administrativo

3)      Sala de lo Social

Composición del Tribunal Superior de Justicia

El TSJ se compone de:

1)       un Presidente. El Presidente del TSJ también es el Presidente de la Sala de lo Civil y Penal. El presidente tiene consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.

2)      Presidentes de Sala.

3)      Magistrados. El número de magistrados viene determinado por la ley, tanto para las Salas como para las Secciones que puedan crearse dentro de cada Sala.

Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social Excepcionales:

Según establece la ley, cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran podrán crearse, con carácter excepcional, Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma, en cuya capital tendrán su sede. Estas Salas estarán formadas, como mínimo, por su Presidente y se completan, si procede, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.

La ley de planta también puede, en aquellos Tribunales Superiores de Justicia en que el número de asuntos lo justifique, reducir el de Magistrados, quedando compuestas las salas por su respectivo Presidente y por los Presidentes y Magistrados, en su caso, que aquella determine.

Jurisdicción Limitada en Ciertos Tribunales Superiores de Justicia

Hemos visto que la regla general es que los Tribunales Superiores de Justicia tienen jurisdicción en toda su Comunidad Autónoma. Sin embargo, existen excepciones:

1)      Tienen jurisdicción limitada a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que tienen su sede en Sevilla; y a las provincias de Almería, Granada y Jaén las que tienen su sede en Granada. Las salas de lo contencioso-administrativo y de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga tienen jurisdicción limitada a su provincia.

2)      Tienen jurisdicción limitada a las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que tienen su sede en Valladolid; y a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, las que tienen su sede en Burgos.

3)      Tienen jurisdicción limitada a la provincia de Las Palmas las salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del TSJ de Canarias que tienen su sede en las Palmas de Gran Canaria, y a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las que tienen su sede en Santa Cruz de Tenerife.

4)      Ceuta y Melilla, a efectos de demarcación judicial, pertenecen a la circunscripción territorial del TSJ de Andalucía (Ceuta pertenece a Cádiz y Melilla a Málaga).

Sede de los Tribunales Superiores de Justicia:

Los Tribunales Superiores de Justicia tienen su sede en la ciudad que indiquen sus respectivos Estatutos de Autonomía y, si no la indicaren, en la ciudad en que hubiere sido la sede de la extinta Audiencia Territorial existente en el momento de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, cuando no exista, en la capital de la Comunidad Autónoma.

Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia: Competencias

Sala de lo Civil:

a)      Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.

b)      Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.

c)       De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la UE, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

La Sala de Lo Civil también conocerá:

a)      En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y contra los miembros de la Asamblea Legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.

b)      En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus Secciones.

c)       De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.

La Ley 60/2003 de 23 de diciembre de Arbitraje establece que para el nombramiento y remoción judicial de árbitros será competente la Sala de lo Civil y de los Penal del TSJ de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar el arbitraje; de no estar éste aún determinado, la que corresponda al domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados; si ninguno de ellos tuviere domicilio o residencia habitual en España, la del domicilio o residencia habitual de actor y si este tampoco los tuviere en España, la de su elección.

Para conocer de la acción de anulación del laudo será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de la Comunidad Autónoma donde aquél se hubiese dictado.

Para el reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquellos, determinándose subsidiariamente la competencia territorial por el lugar de ejecución o donde aquellos laudos o resoluciones arbitrales deban producir sus efectos.

Sala de Lo Penal:

a)      Conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia (causas penales contra el Presidente, Consejeros o miembros de las Asambleas como vimos arriba en el orden civil)

b)      Instrucción y fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.

c)       Recursos de Apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.

d)      Decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la Comunidad Autónoma que no tengan otro superior común.

Para la instrucción de las causas que vimos en los párrafos a) y b) se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
La decisión de las cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores de distintas Provincias de la Comunidad Autónoma también corresponde a la Sala de lo Penal del TSJ.

Creación de Secciones y Salas de lo Penal excepcionales:

En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, pueden crearse una o más Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra c) y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.

Los nombramientos de magistrados de estas Secciones, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerán en aquellos magistrados que, habiendo permanecido durante los 10 años inmediatamente anteriores en el orden penal, ostenten mayor antigüedad en el escalafón.

Sala de lo Contencioso-Administrativo. Competencias:

Esta Sala conoce en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:

a)      Los actos de las Entidades Locales y de las Administraciones de las CCAA, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

b)      Las disposiciones generales emanadas de las CCAA y de las Entidades Locales.

c)       Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas Legislativas de las CCAA y de las Instituciones Autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

d)      Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativo Regionales y Locales que pongan fin a la vía Económico-Administrativa.

e)      Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

f)       Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones Locales en los términos de la legislación electoral.

g)      Los convenios entre Administraciones Públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.

h)      La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión.

i)        Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

j)        Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.

En segunda instancia conocen de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
También conocen de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

Conocen de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.

También conocen del recurso de casación para la unificación de doctrina en los casos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sala de lo Social. Competencias:

Conocerá:

1)      En única instancia, de los procesos que la Ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un juzgado de lo social y no superior al de la Comunidad Autónoma.

2)      De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma así como de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.

3)      De las cuestiones de competencia que se susciten entre los juzgados de lo social de la Comunidad Autónoma.


Competencias de las Salas del TSJ en materia de Recusación. La Sala Especial

Cada una de las salas del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las recusaciones que se formulen contra sus Magistrados cuando la competencia no corresponda a la sala especial que analizamos a continuación.

Una sala constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada una de ellas conocerá de las recusaciones formuladas contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en las CCAA o de 2 o más Magistrados de una sala o sección o de una Audiencia Provincial.

El recusado no puede formar parte de esta sala, produciéndose, en su caso, su sustitución según lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el próximo artículo de este temario oposiciones Justicia estudiaremos las Audiencias Provinciales. ¡Suscríbete para recibir en tu correo la actualización!



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lunes, 10 de junio de 2013

Tema 10 Temario Guardia Civil: La Querella

Terminamos el tema 10 de nuestro temario oposiciones guardia civil analizando la Querella, que viene regulada en los artículos 270-281 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Suscríbete a la Guía de Formación para recibir estas actualizaciones en tu email.


¿Qué es una Querella?

Podemos definir a la querella como el acto por el que ponemos en conocimiento de un órgano jurisdiccional hechos que revisten los caracteres de delito y en el que se manifiesta la voluntad del querellante de ser parte en el proceso penal que, en su caso se incoe, o que ya se hubiese incoado. A diferencia de la denuncia, en la querella el querellante ejercita en este acto la acción penal, configurándose la querella como su derecho.


Sujetos de la Querella:

1)      El Querellante. ¿Quién puede querellarse? Requisitos: cualquier ciudadano español puede querellarse ejercitando la acción popular (sin importar si ha sido ofendido o no por el delito). Los extranjeros también pueden querellarse por delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus representados, previa prestación de la fianza de la clase y cuantía que fije el tribunal para responder de las resultas del juicio, salvo que no les corresponda en virtud de Tratado Internacional o en virtud de principio de reciprocidad.

El querellante debe prestar fianza de la clase y cuantía que fije el tribunal para responder de las resultas del juicio. Quedan exentos de esta fianza:

* El ofendido y sus herederos o representantes legales

* En los delitos de asesinato y homicidio, el viudo o la viuda, ascendientes, descendientes, 
consanguíneos o afines, los colaterales hasta el segundo grado y los herederos de la víctima.

La  querella se presenta a través de un Procurador y va suscrita por Abogado. El Procurador necesita un poder. Si no tiene este poder especial, se requiere la firma del querellante. Los funcionarios del Ministerio Fiscal deben ejercer en forma de querella la acción penal en los casos en que estén obligados a ello.

2)      Destinatario de la Querella. ¿A quién se dirige la Querella? La querella debe interponerse ante el Juez de instrucción competente. No obstante, cuando se trata de un delito in fragranti o de los que no dejan señales permanentes de su perpetración, o en que fuera de temer fundadamente la ocultación o fuga del presunto culpable, el particular que intentara querellarse por el delito, podrá acudir al Juez de Instrucción que estuviera más próximo o a cualquier funcionario de la policía judicial, a fin de que practiquen las primeras diligencias necesarias para hacer constar la verdad de los hechos y para detener al delincuente.

3)      El Querellado. ¿Contra quién se dirige la Querella? Simplemente se trata de la persona contra quien dirigimos la querella. El querellado debe aparecer identificado en la querella.

Contenido y Forma de la Querella:

Veamos cuáles son los requisitos formales para presentar una querella y su contenido esencial:

1)      Juez o Tribunal ante quien se presenta la querella.

2)      Nombre, apellidos y vecindad del querellante.

3)      Nombre, apellidos y vecindad del querellado (o señas que permitan saber quién es).

4)      La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecute (si se saben)

5)      Expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho.

6)      Petición de que se admita la querella, se practiquen las diligencias indicadas, se proceda a la detención y prisión del presunto culpable o a exigirle la fianza de libertad provisional y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria en los casos que proceda.

7)      Firma del querellante o la de otra persona a su ruego si no supiere o no pudiere firmar, cuando el procurador no tuviere poder especial para formular la querella.

En el caso de que las querellas tengan por objeto delitos privados, deben ir acompañadas de la certificación que acredite haberse celebrado (o intentado) el acto de conciliación entre el querellante y el querellado. Sin embargo, pueden practicarse sin este requisito las diligencias de carácter urgente para la comprobación de los hechos o para la detención del delincuente, suspendiendo después el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimiento de este requisito. En el caso de delitos de calumnias o injurias causadas en juicio se debe presentar también la licencia del tribunal que hubiera conocido de aquél.


Efectos de la Querella:

Cuando presentamos la querella, el tribunal debe proceder a estimarla o desestimarla:

1)      Si el tribunal estima procedente la querella, debe dictar auto admitiéndola y mandará practicar las diligencias que en ella se propusieran, salvo las que se consideren contrarias a las leyes, o innecesarias o perjudiciales para el objeto de la querella, las cuales denegará en resolución motivada.

Una vez admitida la querella, el particular quedará sometido para todos los efectos del juicio promovido al tribunal competente para conocer del delito objeto de la querella. No obstante, podrá apartarse de la misma en cualquier momento, quedando sin embargo sujeto a las responsabilidades que pudieran resultar por sus actos anteriores.

La querella se tendrá por abandonada cuando por muerte o por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no comparecieran los herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los 30 DÍAS siguientes a la citación que al efecto se les hará, dándoles conocimiento de la querella.

2)      El Juez de Instrucción desestimará la querella por auto cuando los hechos en que se funde no constituyan delito o cuando no se considere competente para instruir el sumario objeto de la misma.


Terminamos aquí el tema 10 para empezar con el tema 11 dedicado a la Policía Judicial. 

martes, 4 de junio de 2013

Tema 10 Oposiciones Guardia Civil: La Denuncia y el Atestado Policial

Hoy, en el temario oposiciones guardia civil vamos a ver el concepto de denuncia, la obligación de denunciar, las formalidades de la misma y sus efectos. Para finalizar veremos el Atestado Policial. Recuerda que esto te resultará muy útil si también preparas las oposiciones de justicia (en su temario correspondiente lo veremos con más profundidad).

LA DENUNCIA: viene regulada en los artículo 259-269 de la LECr donde se establece que la denuncia es el acto por el que se pone en conocimiento de la autoridad la perpetración de hechos que revisten los caracteres de delito perseguible de oficio.

SUJETOS DE LA DENUNCIA: se trata del denunciante y quién recibe la denuncia

1)      Denunciante. Están obligados a denunciar:

a.       Todos los que presenciaran la perpetración de cualquier delito público. En caso contrario se establece multa de 25 a 250 pesetas (ahora de 0,15 a 1,5 euros).

b.      Los que por razón de su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público. En caso contrario, multa de 125 a 250 pesetas (0,75-1,50 euros). En el caso de tratarse de un empleado público, se pondrá, además, en conocimiento de su superior jerárquico para los efectos a que hubiera lugar en el orden administrativo.

c.       Quedan Exentos de esta obligación de Denunciar:

                                                               i.      Los impúberes (o sea, lo que sean menores de edad según la ley penal) y los que no gocen del pleno uso de su razón.

                                                             ii.      El cónyuge del delincuente.

                                                            iii.      Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del delincuente y sus colaterales hasta el segundo grado inclusive

                                                           iv.      Los abogados y procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que reciban de sus clientes

                                                             v.      Los eclesiásticos y ministros de otros cultos, respecto de las noticias que se les hubieran revelado en ejercicio de las funciones de su ministerio.

Finalmente, debemos tener en cuenta que el que por cualquier medio diferente de los que acabamos de enumerar tenga conocimiento de la perpetración de algún delito de los que son perseguibles de oficio, deberá denunciarlo, sin que se entienda por ello obligado a probar los hechos denunciados ni a formular querella.

2)      Destinatario de La Denuncia (¿a quién le presentamos la denuncia?):

a.       Juez De Instrucción

b.      Juez De Paz

c.       Ministerio Fiscal

d.      Policía Judicial

Siempre los más próximos al lugar donde se halle el denunciante.


CONTENIDO Y FORMA DE LA DENUNCIA:

El contenido de la denuncia se limita a una simple e informal exposición de los hechos aparentemente delictivos y de sus circunstancias. La denuncia puede realizarse tanto por escrito como oralmente. En cualquier caso se debe realizar personalmente o mediante un mandatario con poder especial.

a)      Denuncia por Escrito: en este caso la denuncia debe ir con la firma del denunciante y, si no puede hacerlo, por otra persona a petición del denunciante.

b)      Denuncia Verbal: en el caso de presentar la denuncia de forma oral, la autoridad o funcionario que la reciba debe extender un acta donde, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante respecto del hecho denunciado y de sus circunstancias, firmando ambos a continuación. Si el denunciante no puede firmar, lo puede hacer otra persona a petición suya.

En cualquier caso, la autoridad que recibe la denuncia debe hacer constar la identidad del denunciante y debe extender un resguardo de presentación de la denuncia si el denunciante lo pide.


EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA

Si la denuncia cuenta con todos los requisitos exigidos, se procederá o se mandará proceder inmediatamente por el juez o funcionario a quien se hiciere, a la comprobación del hecho denunciado, salvo que este no revista los caracteres de delito o que la denuncia fuera manifiestamente falsa. En cualquiera de estos dos casos, el tribunal o funcionario se abstendrá de todo procedimiento.

Una vez que se hayan practicado las diligencias de averiguación y comprobación de los hechos, el Juez de Instrucción deberá decidir sobre la admisión o inadmisión de la denuncia:

1)      Si los hechos denunciados revisten apariencia delictiva, el juez de instrucción debe dictar un auto por el que admite la denuncia y ordenar la incoación del sumario/diligencias previas. La admisión de la denuncia no implica que el denunciante quede obligado a probar los hechos ni a formalizar querella y no contrae ninguna responsabilidad más que la correspondiente a los delitos que hubiera cometido por medio de la denuncia o con su ocasión.

2)      Si entiende que los hechos no son delictivos o que la denuncia es manifiestamente falsa, debe dictar un auto desestimándola.



EL ATESTADO POLICIAL

¿Qué es un atestado policial?

Se trata del conjunto de las diligencias instruidas por la policía judicial con la finalidad de:

1)      Averiguar la existencia de un delito y de las circunstancias que concurran

2)      Descubrir y asegurar al detenido y ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

3)      Consignar las pruebas del delito; recoger y poner en custodia todo aquello que lleve a la averiguación del delito.

Tal como indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el atestado recibe la misma consideración que la denuncia.


Diligencias del Atestado

El atestado está formado por un grupo de diligencias que tienen como objetivo esclarecer un hecho presuntamente delictivo. Distinguimos 4 tipos de diligencias:

1)      Diligencias de Iniciación: para incoar el atestado. Deben reflejar la forma en que se ha conocido el hecho y ha de identificar a las personas por medio de las cuales se ha obtenido la información.

2)      Diligencias de Trámite: su contenido es administrativo y sirven para coordinar y estructurar las demás diligencias que incluye el atestado.

3)      Diligencias de Investigación: son las diligencias que recogen las actuaciones típicamente policiales realizadas para la averiguación y esclarecimiento de los hechos (declaraciones de detenidos o testigos, inspecciones oculares, informes periciales…).

4)      Diligencias de Remisión: se trata de la última diligencia del atestado y contiene los datos más importantes como la autoridad a la que se remite el atestado, la hora y fecha de finalización, la identidad de los detenidos que pasan a disposición judicial y la enumeración de las actas y efectos que se acompañan.

Requisitos de las Diligencias:

Todas las diligencias del atestado deben cumplir con estos requisitos:

1)      Cada diligencia recoge una actuación aislada

2)      Cada diligencia cuenta con un contenido procesal específico

3)      Las diligencias deben llevar un título identificativo del contenido

4)      Las diligencias deben empezar con indicación del lugar, la fecha y la hora en que se inician y finalizar de la misma forma

5)      Las diligencias deben estar ordenadas de forma cronológica.



Las Actas Del Atestado

Se trata de la materialización por escrito de un acto concreto de investigación, realizado con ocasión de la instrucción del atestado, al cual se incorporará posteriormente. Las actas forman parte del atestado.
Las actas del atestado deben seguir los siguientes requisitos:

1)      Las actas deben elaborarse por funcionarios de la Policía Judicial.

2)      Deben redactarse de forma sintética y precisa, pero sin omitir los detalles.

3)      La identificación de los funcionarios de la policía judicial se realizará mediante el número de su tarjeta de identificación personal.

4)      Todas las hojas de las actas deben llevar en el anverso y a lo largo del margen izquierdo la rúbrica de los funcionarios de la policía judicial que participan en la actuación y el sello de la dependencia donde se estén instruyendo.

5)      Cada acta debe ir firmada por las personas que intervienen en la actuación; los funcionarios lo harán en todo caso; a los particulares se les invitará a que lo hagan, y en caso de que se nieguen a hacerlo, se hará constar el motivo.

6)      Llegado el momento de proceder a la entrega del atestado a la autoridad judicial competente, se realizará mediante la diligencia de remisión.

Los funcionarios de la policía deben poner en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal las diligencias practicadas sin demora y en ningún caso podrá dejar transcurrir más de 24 HORAS, salvo que actuaran por orden de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, en cuyo caso comunicarán el resultado obtenido dentro del plazo que se les hubiera señalado.

En el próximo artículo finalizamos el Tema 10 de estas oposiciones a la guardia civil con el estudio de la Querella.


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Tema 10 Oposiciones Guardia Civil: Primeras Diligencias Y La Acción Penal

Hoy, en el temario oposiciones guardia civil vamos a ver las primeras diligencias y la acción penal en el tema 10. Recuerda que esto también te resultará muy útil si preparas las oposiciones a justicia (en el temario de justicia veremos esto con mayor profundidad).

Las Primeras Diligencias:

Las primeras diligencias son las que pueden practicar los jueces a los que llega la notitia criminis (conocimiento del delito). Estos jueces, al tener conocimiento del delito deben practicar las primeras diligencias. Estas diligencias son:

1)      Consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer

2)      Recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente.

3)      Detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito

4)      Proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas


La Acción Penal

Según establece el artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), de todo delito o falta:
1)      Nace la acción penal para el castigo del culpable

2)      Puede nacer también la acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible.

La ley permite que en el proceso penal se ejerciten estas 2 acciones de forma acumulada como regla general. Sin embargo, es posible el ejercicio independiente de ambas, o sea, primero la acción penal y luego la acción civil en un proceso civil. También es posible que el perjudicado renuncie y por tanto no ejercite la acción civil. Por el contrario, la acción penal es irrenunciable.


¿A quién corresponde el ejercicio de la acción penal?

1)      Al ofendido por el delito. Éste puede ejercitarla mediante la interposición de una querella (cuando se trate de un proceso penal ordinario) o mediante la simple personación en el proceso cuando se trate del proceso abreviado.

2)      El Ministerio Fiscal está obligado también a ejercer la acción penal. En los delitos públicos (se persiguen de oficio) y en los semipúblicos, tras la correspondiente denuncia del ofendido, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de ejercer, con arreglo a las disposiciones de la ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos en aquellas donde el CP reserva exclusivamente a la querella privada (delitos privados). También debe ejercitar la acción penal en las causas por delitos que con arreglo al CP deben denunciarse previamente por los interesados o cuando del Ministerio Fiscal deba, a su vez, denunciarlo por recaer dichos delitos sobre personas desvalidas o faltas de personalidad (cfr. Artículo 105 LECr)

3)      Personas no ofendidas ni perjudicadas por el delito. Hablamos de la acción penal popular. Según establece el art. 101 de la LECr la acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de esta Ley. De aquí resulta lo siguiente:

a.       Como regla general pueden ejercitar la acción penal todos los ciudadanos españoles sin necesidad de ser víctimas o perjudicados por el delito que sea.

b.      Excepciones a la regla general: no pueden ejercitar esta acción los que no gocen plenamente de los derechos civiles. Tampoco pueden los que hubieran sido condenados 2 veces por sentencia firme como reo de delito de denuncia o querella calumniosa. Por último, tampoco puede ejercitar la acción el juez o magistrado.


A estas reglas negativas la LECr establece 2 excepciones:

                * Todos los excluidos podrán, sin embargo, ejercitar la acción penal por delito o falta cometidos contra sus personas o bienes o contra las personas o bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos.

                * Los excluidos en los apartados 2 y 3 pueden ejercitar la acción penal por delito o falta cometidos contra las personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal.

Además, tampoco pueden ejercitar acciones penales entre sí:

1)      Los cónyuges, a no ser por delito o falta cometidos por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos y por el delito de bigamia.

2)      Los ascendientes, descendientes y hermanos a no ser por delito o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros.

Por último, quien ejercite la acción popular debe prestar fianza de la clase y cuantía que el juez estime suficiente, teniendo en cuenta lo siguiente:
1)      No pueden exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular

2)      La cuantía de la fianza debe resultar adecuada al patrimonio del querellante.


En el próximo capítulo veremos el concepto de Denuncia y de Querella.


Tema 10 Oposiciones Guardia Civil: Jurisdicción Y Competencia

Hoy, en el temario oposiciones guardia civil vamos a ver el orden jurisdiccional penal y su  competencia. Suscríbete a la Guía de Formación Online para recibir en tu correo una notificación con las actualizaciones del temario.

LA COMPETENCIA EN EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL

Cuando queda determinado que la jurisdicción penal es la competente para conocer cierto asunto, hay que determinar cuál será el órgano judicial penal concreto que se ocuparán del mismo. Para ello, se siguen las siguientes reglas de competencia:

1)    Competencia Objetiva: determinan a qué órgano judicial le corresponde juzgar y decidir las causas penales. La LECr establece 3 criterios para esto:

a.    Materia: se trata del tipo o clase de ilícito penal objeto del proceso.

b.    Persona: se trata de la condición personal del acusado

c.    Pena: se trata del criterio general y tiene en cuenta la mayor o menor gravedad del ilícito penal.

Estos 3 criterios deben aplicarse siguiendo este procedimiento:

            * Primero se verifica si el enjuiciamiento de los hechos viene asignado a un determinado órgano judicial en virtud del ilícito penal o de la persona a quien se acusa del mismo.
            * En caso de conflicto entre ambos criterios, tendrá preferencia el criterio personal.

            * Si la ley no prevé la competencia de un órgano determinado en virtud de tales criterios, se aplica el criterio ordinario o general (por razón de la pena)

2)    Competencia Funcional: las reglas sobre la competencia objetiva indican qué tipo de órgano será el competente para enjuiciar (o sea, fallar o sentenciar los asuntos penales). Pero además del enjuiciamiento propiamente dicho (juicio oral y sentencia), también hay en el proceso penal otros cometidos que, a su vez, vienen atribuidos a órganos judiciales distintos del enjuiciador. Así, en concreto: la instrucción, el conocimiento de los recursos y la ejecución de los mismos.

3)    Competencia Territorial: mediante sus reglas podemos determinar a qué órgano, de entre los varios de la misma clase, corresponde conocer, en concreto, de un asunto penal. La regla básica es la del fuero exclusivo y excluyente que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, la competencia territorial viene condicionada por el lugar donde se realizó la falta o delito. En caso de que no conste el lugar de comisión, se prevén 4 fueros subsidiarios que se determinan siguiendo este orden:

a)    El término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.

b)    El término municipal, partido o circunscripción donde se haya aprehendido el presunto responsable del delito o falta

c)    La residencia del presunto delincuente

d)    Cualquiera que tuviese noticia del delito

Ahora bien, aun habiendo empezado a conocer el Juez señalado en uno de estos apartados, si posteriormente consta el lugar de comisión de los hechos, se remitirán las diligencias al juzgado a cuya demarcación corresponda, poniendo a su disposición a los detenidos y efectos ocupados.

En el caso de tratarse de alguno de los delitos o faltas cuya instrucción o enjuiciamiento corresponda a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección o de medidas urgentes que pudiera adoptar el Juzgado de Instrucción del lugar de comisión de los hechos.


LOS ÓRGANOS DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL

Estos son los órganos que integran el orden jurisdiccional penal:

1)    JUZGADOS DE PAZ: estos juzgados los habrá en todos los municipios donde no haya un juzgado de primera instancia e instrucción. En el orden penal conocen de determinados juicios de faltas. También pueden intervenir en la instrucción penal con la práctica de diligencias de prevención, de primeras diligencias o por delegación del juez de instrucción.

2)    JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN (O JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN): el ámbito territorial de estos juzgados es el partido judicial. Conocen de la instrucción de las causas por delitos cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de lo Penal y a las Audiencias Provinciales. También son competentes para dictar las llamadas “sentencias de conformidad” de los juicios rápidos. Les corresponde el conocimiento de los juicios de faltas (excepto que se atribuyan a los Juzgados de Paz). También conocen de los recursos contra las resoluciones de los juzgados de paz.

3)    JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER: su ámbito territorial también es el partido judicial. A los juzgados de violencia sobre la mujer les corresponde la instrucción de delitos en materia de violencia de género, que después conocerán los juzgados de lo penal o la Audiencia Provincial. También pueden dictar sentencias de conformidad en los juicios rápido.

4)    JUZGADOS DE LO PENAL: su ámbito territorial, en este caso, es la Provincia. Conocen del enjuiciamiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señala una pena privativa de libertad no superior a 5 años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de estas no exceda de 10 años. El procedimiento por el que conoce la causa es siempre el proceso penal abreviado.

5)    AUDIENCIAS PROVINCIALES: se trata de tribunales (no juzgados) y su ámbito territorial es la provincia. Son competentes para conocer del enjuiciamiento y fallo de todas aquellas causas que no corresponden a los juzgados de lo penal y, según los casos, por el proceso penal ordinario (delitos con penas superiores a 9 años de privación de libertad) o por el proceso penal abreviado (en los demás casos). También conocen de los recursos contra las resoluciones de los juzgados de instrucción, de violencia de género y de instrucción de su ámbito territorial.

6)    TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (Sala de lo Civil y Penal): también se trata de tribunales (no juzgados) y su ámbito territorial, en este caso, es la Comunidad Autónoma. Son competentes en el orden penal para conocer de las causas por delitos contra determinadas personas aforadas (presidente de la Comunidad Autónoma, Consejeros, diputados de las Asambleas Legislativas…). También conocen de los recursos contra las resoluciones del Tribunal del Jurado.

7)    AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal): de nuevo estamos ante un tribunal y, en este caso, único, con un ámbito estatal. Tiene competencia para conocer y fallar en determinados delitos como los de terrorismo, delitos contra el titular de la Corona, tráfico de drogas realizado por grupos organizados, delitos monetarios…). También tienen competencia en la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, así como en los procedimientos de extradición pasiva (cuando nos piden que entreguemos a un criminal extranjero; “activa” sería cuando es España quien solicita que le entreguen un criminal nacional que está en el extranjero). En materia de recursos, la Audiencia Nacional conoce de los recursos que procedan contra resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal, de los Juzgados Centrales de Instrucción y de los Juzgados Centrales de Menores.

8)    EL TRIBUNAL SUPREMO (Sala Segunda de lo Penal): Se trata del órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo que se dispone en materia de garantías constitucionales. Su jurisdicción es toda España y ningún otro tribunal puede utilizar el título de “Supremo”. Conoce de las causas por delitos cometidos por determinadas personas aforadas como el Presidente del Gobierno, los Ministros, el Presidente del Congreso, los Diputados y Senadores, Presidente del Senado… También conoce de los recursos de Casación y del extraordinario de revisión en materia penal.

9)    JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN: tienen un ámbito estatal y les corresponde la instrucción de las causas cuyo conocimiento está atribuido a los Juzgados de lo Penal o a la Audiencia Nacional.

10) JUZGADOS CENTRALES DE LO PENAL: su ámbito territorial también es estatal y les corresponde conocer de las causas por delitos que por la materia correspondan a la Audiencia Nacional y por la pena a los Juzgados de lo Penal.

11)  JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA: tienen un ámbito territorial Provincial y les corresponden determinadas actuaciones en materia de ejecución de penas privativas de libertad, así como el control de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias y el amparo de los derechos y beneficios de los internos en establecimientos penitenciarios.

12) JUZGADO CENTRAL DE VIGILANCIA PENITENCIARIA: tiene un ámbito geográfico estatal y competencias propias de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, pero referidas a los delitos de los que conoce la Audiencia Nacional.


13) JUZGADOS DE MENORES: tienen un ámbito provincial y les corresponden todas las actuaciones jurisdiccionales previstas en la legislación que regula la responsabilidad penal de los menores.
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