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miércoles, 13 de marzo de 2013

Oposiciones Justicia Convocatoria 1000 Plazas 2013


¿Cuándo sale la convocatoria para las oposiciones de justicia 2013? Ha salido la noticia de que el Gobierno autoriza a convocar 1000 plazas de Justicia en su Oferta de Empleo Público del Estado para 2013, según fuentes de las academias de oposiciones. Estamos pendientes que algunas CCAA confirmen el número de plazas a convocar en su territorio.

Las plazas serían para Gestión Procesal, Tramitación Procesal, Auxilio Judicial y Secretarios Judiciales. En Cataluña se prevén más de 200 plazas, por lo que supongo que en Madrid habrá un número similar de plazas.

¿Pero cuándo serán las oposiciones de Justicia 2013? Esta es la eterna pregunta. Tal como está la cosa pondría la mano sobre el fuego que tardará en salir la convocatoria para apuntarse en las oposiciones. Después, la lista de admitidos y excluidos, y el plazo para rectificar errores. Más tarde, por fin, el primer examen. En fin, las cosas de palacio van despacio, por lo que os recomiendo prepararos desde ya con calma.

Esta es la historia de siempre por lo que yo calcularía que para las navidades que viene. Pero el tiempo pasa volando. Si es la primera vez que nos visitas, recuerda que ya empezamos a preparar el temario de justicia para auxilio judicial, tramitación y gestión. Suscríbete a la página para estar al día.

Los demás recordad que seguimos preparando el temario de justicia que publicamos regularmente y pronto vamos a centrarnos exclusivamente en el mismo, desarrollando no sólo el temario, sino también creando tests de justicia interactivos para que podáis comprobar vuestro nivel con respecto a otros opositores. Pondremos las listas con vuestras calificaciones (respetando siempre vuestros datos privados, como el email)

Como veréis, publicamos esto a las 20:34 y el tiempo ya no da para mucho más, pero trabajaremos duro en vuestro beneficio para que al menos podáis tener un temario de justicia gratis y actualizado que podáis copiar, imprimir y pasar a PDF.

¿Cómo Descargar el Temario de Justicia 2013?

Esta es la eterna pregunta que dejan en los comentarios de abajo. ¡No tenemos el temario completo! Lo vamos desarrollando poco a poco y lo compartimos con vosotros. Por favor, no dejéis vuestros correos electrónicos en los comentarios, porque terminaréis siendo víctimas del spam (envío masivo de publicidad no solicitada), vuestras bandejas de entrada se llenarán de correos basura y no podréis ver nuestros mensajes entre todos esos emails que no sabéis ni quién os envía.

Sección de Comentarios:

Por favor, utilizad esta sección para consultar dudas sobre el temario de justicia. Creo que es de mucha mayor utilidad que utilizarlo sólo para pedir temarios gratis y preguntar día tras día cuándo sale la oposición.

¡¡¡Suerte a todos, ánimo y paciencia!!!!

Atentamente Pablo C. García Ormaechea – Dueño de la Guía de Formación Online

Tema 9 Guardia Civil Tráfico De Influencias, Malversación, Fraudes y Exacciones Ilegales


Vamos a ver el Tráfico de Influencias, Malversación y Fraudes y Exacciones Ilegales, continuando con el temario oposiciones guardia civil y los delitos contra la administración pública y cometidos por funcionarios. Esperamos que estos apuntes actualizados a día de hoy os resulten útiles para acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para seguirnos simplemente suscríbete a la Guía de Formación Online por email.


EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Utilizamos el concepto de tráfico de influencias para referirnos a aquellas situaciones donde las influencias o relaciones que se afirman tener sobre los funcionarios, que deben decidir sobre los asuntos públicos, se utilizan para obtener un beneficio o ventaja.
Existes varios tipos de tráfico de influencias:

1)      Influencia realizada por funcionario o autoridad sobre otro funcionario o autoridad: el artículo 428 de Código Penal establece que el funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de 6 meses a 2 años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

2)      Influencia Realizada por Particular: según el artículo 429 del Código Penal, el particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

3)      Ofrecimiento de Influencia: el artículo 430 del CP establece que los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptasen ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. En cualquiera de estos supuestos, la autoridad judicial puede imponer también la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, organización o despacho y la clausura de sus dependencias abiertas al público por tiempo de 6 meses a 3 años. Cuando según el artículo 31bi del CP, una persona jurídica sea la responsable de estos delitos, se le impondrá la pena de multa de 6 meses a 2 años. Siguiendo las reglas del artículo 66 bis, los jueces y tribunales pueden también imponer las penas que se recogen en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

4)      Comiso: según establece el artículo 431 del Código Penal, en todos los casos previstos en este capítulo y en el anterior, las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso.


MALVERSACIÓN

El delito de malversación viene regulado en el Capítulo VII del Título XIX del Código Penal, donde no sólo se tutela el patrimonio público, sino sobre todo el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y, en general, de los entes públicos.

Existen 2 tipos de malversación, propia e impropia:

1)      Malversación Propia:

a.       Sustracción de caudales o efectos públicos: según el artículo 432.1 del CP, la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 10 años. En caso de que la malversación revista especial gravedad, se impondrá la pena de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años, atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplican si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4000 euros, se impondrán las penas de multa superior a 2 y hasta 4 meses, prisión de 6 meses a 3 años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta 3 años.

b.      Malversación de Uso: según el artículo 433 del CP, la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 3 años. Si el culpable no reintegrara el importe de lo sustraído dentro de los 10 días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior. Según el artículo 434 CP, la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad Estatal, autonómica o local u Organismos dependientes de alguna de ellas, incurrirá en las penas de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años.


2)      Malversación Impropia: el artículo 435 establece que las disposiciones que se regulan en este capítulo que vimos pueden extenderse a:

a.       Los que estén encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones Públicas.

b.      A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos.

c.       A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.


FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES

Los fraudes y exacciones ilegales vienen regulados en el Cap. VIII del Título XIX, donde encontramos las siguientes clases:

1)      Fraudes: el artículo 436 del CP, según su modificación por la LO 5/2010, establece que la autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años. Al particular que se haya concertado con autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de 2 a 5 años.

2)      Exacciones Ilegales: establece el artículo 437 del Código Penal que la autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada, será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado, con las penas de multa de 6 a 24 meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 4 años.

3)      Estafa o Apropiación Indebida Agravadas: según el artículo 438 del CP, la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o apropiación indebida, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su mitad superior, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años.

viernes, 8 de marzo de 2013

¿Qué Es El Cohecho? Tipos y Penas. Tema 9 Guardia Civil


Continuamos con los delitos administrativos y cometidos por funcionarios en nuestro temario de oposiciones para la guardia civil. Pincha el enlace azul para acceder al índice. Vamos a analizar aquí el delito de cohecho como se regula en el Código Penal.

COHECHO

Viene regulado en el Capítulo V del Título XIX del Código Penal, donde el cohecho encabeza un grupo de infracción que denominamos comúnmente corrupción, que también se extiende al tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales y en general abusos en el ejercicio de la función pública, dirigidos a la obtención de un beneficio normalmente económico. Este tipo de conductas giran en torno a un factor común que es utilizar un cargo con fines ajenos a los públicos.
La Ley Orgánica 5/2010 ha introducido cambios importantes para adecuar la antigua legislación a los compromisos internacionales que asumimos. Hablamos del Convenio Penal sobre la corrupción desarrollado por el Consejo de Europa y el Convenio establecido sobre el Tratado de la UE acerca de la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE.

Según lo establecido en estos Convenios fue necesario realizar una adaptación de las penas, porque se exige que por lo menos en los casos graves se prevean penas privativas de libertad que puedan, en su caso, dar lugar a la extradición. A esto se suma la conveniencia de ampliar el concepto de funcionario para que englobe también al funcionario comunitario y al funcionario extranjero al servicio de otro país miembro de la Unión Europea.

Hay varios tipos de Cohecho que pasamos a analizar:

1)      COHECHO PASIVO PROPIO, que se divide a su vez en 2 tipos con una disposición común a ambos:

a.       Realización de una acción u omisión constitutiva de delito: el artículo 419 del Código penal establece que la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 12 años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito”

b.      Realización de un Acto Propio de su Cargo: el artículo 420 del CP establece que la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 7 años.

c.       Disposición Común: el artículo 421 del CP establece que las penas señaladas en los dos apartados anteriores se impondrán también cuando la dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos apartados.

2)      COHECHO PASIVO IMPROPIO: según estable el artículo 422 del Código Penal, la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a 1 año y suspensión de empleo y cargo público de 1 a 3 años.

3)      COHECHO ACTIVO: viene regulado en el artículo 424 del CP que establece que el particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.

Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo a la solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a ellos les correspondan.
Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas convocados por las Administraciones o Entes Públicos, se impondrá al particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que representare la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismo o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de 3 a 7 años.



ATENUACIÓN DE LA PENA

Viene regulada en el artículo 425 CP que dispone que cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de prisión de 6 meses a 1 año.



EXCUSA ABSOLUTORIA PARA FACILITAR LA PERSECUCIÓN DEL DELITO

Según el artículo 426, queda exento de pena por delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los hechos.



EXTENSIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA UE O A LOS FUNCIONARIOS NACIONALES DE OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN

Como vimos antes, la Ley Orgánica 5/2010 reformó el CP y así el artículo 427 del mismo establece que lo dispuesto en los artículos anteriores también es aplicable cuando los hechos sean imputados o afecten a los funcionario de la Unión Europea o a los funcionarios nacionales de otro Estado miembro de la Unión.


¿Qué entendemos por funcionario de la UE?

1)      Toda persona que tenga la condición de funcionario o de agente contratado en el sentido del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o del Régimen aplicable a otros agentes de la UE;

2)      Toda persona puesta a disposición de la UE por los Estados miembros o por cualquier organismo público o privado que ejerza en ellas funciones equivalentes a las que ejercen los funcionarios u otros agentes de la UE

3)      Los miembros de organismos creados de conformidad con los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, así como el personas de dichos organismos, en la medida en que el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o el Régimen aplicable a otros agentes de la UE no les sea aplicable.

Asimismo, se entiende por funcionario nacional de otro Estado miembro de la Unión el que tenga esta condición a los fines de la aplicación del derecho penal de dicho Estado miembro.

Cuando, según lo que establece el artículo 32 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas.
1)      Multa de 2 a 5 años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años.

2)      Multa de 1 a 3 años o del doble al cuádruple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de 2 años de privación de libertad no incluida en el anterior inciso.

3)      Multa de 6 meses a 2 años, o del doble al triple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.



jueves, 7 de marzo de 2013

Tema 6 Justicia Escuela Judicial. Jueces En Prácticas y Jueces Adjuntos. Acceso A La Carrera Fiscal.

Continuamos con el tema 6 y la Escuela Judicial de nuestro temariooposiciones Justicia. Pincha el enlace para acceder al índice de los temas publicados hasta ahora. Vamos a ver en este artículo para qué sirve la Escuela Judicial, cómo se accede a ella, qué pruebas hay que superar, la duración mínima de los cursos teóricos y prácticos, qué pasa si se suspende y las figuras de jueces en prácticas y adjuntos, así como sus funciones de sustitución y refuerzo de jueces titulares. Por último incluimos el Acceso a la Carrera Fiscal para terminar con el tema 6 de auxilio judicial, tramitación procesal y gestión.

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Nota: por favor, no nos saturéis la sección de comentarios pidiendo los temarios. Esa sección es para dudas. Como veis, los temarios los vamos publicando poco a poco, gratis y actualizados, y sólo tenéis que copiar y pegar en Word ¡Gracias!


LA ESCUELA JUDICIAL

La Escuela Judicial es el centro para la selección y formación de jueces y magistrados que depende el Consejo General del Poder Judicial. El objetivo de esta escuela es ofrecer una formación integral, especializada y de alta calidad tanto a los jueces y magistrados en activo como a los aspirantes a ingresar en la Carrera Judicial.

El curso de selección incluye un programa de formación multidisciplinar, además de un período de prácticas que son tuteladas por los diferentes órganos que conforman los órdenes jurisdiccionales. Durante este período de prácticas, los jueces ejercen funciones de auxilio y colaboración con los titulares de los órganos. En casos excepcionales, pueden realizar actividades de sustitución y de refuerzo.

Como vemos en esta Escuela Judicial se desarrolla tanto la coordinación como la impartición de la enseñanza tanto inicial como continua.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano competente para regular la duración del período de prácticas, sus circunstancias y el destino, así como las funciones asignadas a los jueces en prácticas, según el programa de formación que elabora la propia Escuela Judicial. Los cursos teóricos nunca pueden durar menos de 9 meses. El curso práctico no puede durar menos de 6 meses.

Las funciones de los jueces en prácticas no pueden exceder las de redacción de borradores o proyectos de resolución que el juez o ponente podrá, en su caso, asumir con las modificaciones que estime pertinentes. Queda exceptuado el caso de jueces en prácticas que actúen en régimen de sustitución o refuerzo.

Quienes superen el curso teórico y práctico son nombrados jueces por el orden de la propuesta realizada por la Escuela Judicial. El nombramiento es extendido por el CGPJ, mediante orden, y con la toma de posesión los jueces que prácticas quedan investidos de la condición de juez.
Los aspirantes que hubiesen aprobado pero que no pudiesen ser nombrados jueces titulares de órganos judiciales ingresan en la Carrera Judicial como jueces adjuntos, tomando posesión del cargo ante el Presidente del CGPJ, al que quedan adscritos.

Los candidatos aprobados, según las plazas convocadas, pueden optar, según la nota que obtuvieran, por una u otra Carrera en el plazo que establezca la Comisión de Selección.
Los jueces adjuntos tienen preferencia sobre los jueces sustitutos en cualquier llamamiento para ejercer funciones de sustitución o refuerzo y cesarán en su cometido en el mismo momento en el que sean nombrados jueces titulares y destinados a las vacantes que vayan saliendo, según el orden numérico que ocupan en las listas de aspirantes aprobados.

Los que no superen el curso, pueden repetirlo en el siguiente, al que se incorporarán con la nueva promoción de jueces en prácticas.

En el caso de que tampoco superen este curso, quedarán definitivamente excluidos y decaídos en la expectativa de ingreso en la carrera judicial derivada de las pruebas de acceso que hubiesen aprobado.


ACCESO A LA CARRERA FISCAL

Tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el ingreso a la carrera fiscal se realiza mediante oposición libre entre quienes reúnan las condiciones de capacidad que se exigen en este Estatuto. El acceso se realiza conjuntamente con el de ingreso a la Carrera Judicial, según los términos que se establecen en la LOPJ (que vimos arriba).

Para ser nombrado miembro del Ministerio Fiscal hay que ser español, mayor de 18 años, doctor o licenciado en Derecho y no hallarse comprendido en ninguna de las incapacidades que establece la ley.

Entre las incapacidades están:

1)      No tener la aptitud física o intelectual necesaria

2)      Haber sido condenado por delito doloso, mientras no se haya obtenido la rehabilitación. En los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses, el fiscal General del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, puede sustituir la pérdida de la condición de Fiscal por la sanción de suspensión de hasta 3 años.

3)      Concursado no rehabilitado

4)      Perder la nacionalidad española

La condición de miembro del Ministerio Fiscal se adquiere, una vez hecho válidamente el nombramiento, por el juramento o promesa, y la toma de posesión.

Los miembros del MF, antes de tomar posesión de su primer destino, deben prestar juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes, así como de desempeñar fielmente las funciones fiscales con lealtad al Rey. El juramento o promesa se prestará ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia a cuyo territorio hayan sido destinados, junto a cuyo Presidente se situará el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma.

Igualmente, deben jurar o prometer su cargo los Fiscales de Sala cuando accedan a la primera categoría de la carrera fiscal. Este acto tiene lugar ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, junto a cuyo Presidente se situará el Fiscal General del Estado.

Los Fiscales Superiores de las CCAA tomarán posesión en la ciudad donde tenga la sede su Fiscalía, en un acto presidido por el Fiscal General del Estado.

Los Fiscales Jefes de las Fiscalías Provinciales y de las Fiscalías de Área tomarán posesión en el lugar donde tenga la sede su Fiscalía, en un acto que preside el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma respectiva, salvo que asista el Fiscal General del Estado, en cuyo caso será este el que presida el acto.

El resto de los Fiscales toman posesión de su cargo ante el Fiscal Jefe de la Fiscalía a la que vayan destinados, excepto que asista al acto el Fiscal General del Estado u otro miembro de rango superior a la escala jerárquica del Ministerio Fiscal, en cuyo caso será éste quien presida el acto.

En el próximo artículo empezamos con el tema 7 donde analizaremos la organización y competencia del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales. Como siempre, repartiremos el tema en secciones que publicaremos regularmente, a ser posible a diario.



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miércoles, 6 de marzo de 2013

Tema 9 Oposiciones Guardia Civil Delitos Contra La Administración Pública y Cometidos Por Funcionarios 2


Seguimos analizando los delitos contra la administración pública y cometidos por funcionarios en nuestro temario oposiciones guardia civil. Los próximos días iremos viendo en diferentes artículos todos estos delitos. Pincha el enlace azul para entrar en el índice completo del temario de la guardia civil.


DESOBEDIENCIA

Hay dos modalidades de desobediencia tipificadas por el Código Penal:

1)      Negativa Abierta Al Cumplimiento De Una Orden: el artículo 410 del CP establece que “1º. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 2 años.

2º. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.” (causa de justificación para la desobediencia abierta)

2)      Desobediencia de una Orden Reiterada: el artículo 411 del Código Penal establece que “la autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que aquéllos hubieren desaprobado la suspensión, incurrirá en las penas de multa de 12 a 24 meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años”




DENEGACIÓN DE AUXILIO

El artículo 412 del Código Penal tipifica dos modalidades de denegación de auxilio:

1)      Denegación de Auxilio a la Autoridad: 412.1: “1.El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de 3 a 12 meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años.

2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 2 a 3 años”

2)      Denegación de Auxilio a los Ciudadanos: artículo 412.3: “la autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de 18 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años.
Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, será castigado con la pena de multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público de 1 a 3 años.
En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la pena de multa de 3 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años”.




INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS

Este delito consiste en la infracción del deber de correcta preservación y utilización de los medios o instrumentos, documentos e informaciones, esenciales para el cumplimiento para los fines propios de la Administración. Hay cuatro modalidades para este delito que pasamos a resumir:

1)      Sustracción, destrucción, inutilización y ocultación: el artículo 413 del Código Penal establece que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajese, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de 1 a 4 años, multa de 7 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años.

2)      Suspensión de medios para acceder a documentos restringidos: el artículo 414 establece que: “1. La autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso, y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización, incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años.

2. El particular que destruyere o inutilizare los medios a que se refiere el apartado anterior será castigado con la pena de multa de 6 a 18 meses”

3) Acceso a Documentos Secretos: viene regulado en el art. 415 del CP que establece que “la autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo anterior que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años”

4) Penalidad para los Particulares: según el artículo 416 del CP “Serán castigados con las penas de prisión o multa inmediatamente inferiores a las respectivamente señaladas en los 3 artículos anteriores los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del Gobierno o de las autoridades o funcionarios públicos a quienes hayan sido confiados por razón de su cargo, que incurran en las conductas descritas en los mismos”




VIOLACIÓN DE SECRETOS

El artículo 417 del código penal establece que: “1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años.

Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultar grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 3 años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años.

2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 18 meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años”



USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Viene regulado en el art. 418 del Código Penal, que establece que “el particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado. Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 6 años”

En el próximo capítulo de nuestro temario de oposiciones a la Guardia Civil nos centraremos en el importante delito de Cohecho (corrupción).



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Tema 6 Oposiciones Justicia Acceso A La Carrera Judicial


Empezamos un nuevo apartado en nuestro temariode auxilio judicial, tramitación procesal y gestión. Vamos a analizar los diferentes Sistemas de Acceso a las Carreras Judicial y Fiscal.


El Acceso a la Carrera Judicial

El ingreso a la carrera judicial se basa en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional. El proceso de selección para ingresar en la carrera judicial debe garantizar, con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesional de las personas seleccionadas para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Para acceder a la oposición libre de acceso a la Escuela Judicial hay que ser español, mayor de edad y licenciado en Derecho. Tampoco se puede incurrir en las causas de incapacidad establecidas por la ley.

Están incapacitados para el ingreso en la carrera judicial los que tengan un impedimento físico o psíquico para la función judicial; los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso mientras no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.



Ingreso a la Carrera Judicial Según la Categoría

Para acceder a la Carrera Judicial como Juez hay que superar una oposición libre y luego un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial. La convocatoria para ingresar en la Carrera Judicial (que se realiza con la del ingreso a la Carrera Fiscal) comprenderá todas las plazas vacantes existentes en el momento de la misma y un número adicional que permita cubrir las que previsiblemente puedan producirse hasta la siguiente convocatoria.

Los candidatos aprobados, de acuerdo con las plazas convocadas, optarán, según el orden de puntuación obtenida, por una u otra Carrera en el plazo que se fije por la Comisión de Selección.
También ingresarán en la Carrera Judicial por la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, o de magistrado, juristas de reconocida competencia en los casos, formas y proporción respectivamente establecidos en la ley. Quienes pretendan el ingreso en la carrera judicial en la categoría de magistrado también tienen que superar un curso de formación en la Escuela Judicial.
En todos los casos se exige no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad que establece la LOPJ y no tener la edad de jubilación en la Carrera Judicial ni alcanzarla durante el tiempo máximo previsto legal y reglamentariamente para la duración del proceso selectivo, hasta la toma de posesión incluido, si es el caso, el curso de selección en la Escuela Judicial.


1)      Categoría de Juez y Abogado Fiscal

La oposición para ingresar en las Carreras Judicial y Fiscal como juez y abogado-fiscal (tienen la misma categoría) se convoca por lo menos cada 2 años. La convocatoria la realiza la Comisión de Selección, previa propuesta del CGPJ y del Ministro de Justicia, atendiendo al número máximo de plazas que corresponda ofrecer según la LOPJ y en atención al presupuesto. El tribunal no puede seleccionar para estas pruebas a un número de candidatos superior al de las plazas que se hubiesen convocado.

Los que hayan superado la oposición tienen la categoría de funcionario en prácticas.
Todas las pruebas selectivas que se realizan para ingresar y promocionar en las Carreras Judicial y Fiscal deben atender al principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.


2)      Categoría de Magistrado:

Ascensos

De cada 4 vacantes que haya en la categoría de Magistrado, 2 dan lugar al ascenso de los jueves que ocupen el primer lugar en el escalafón dentro de esta categoría. El Magistrado así ascendido puede optar por seguir en la plaza que ocupaba u ocupar la vacante que le sea ofertada en el momento del ascenso. Debe comunicárselo al CGPJ en la forma y plazo que determine este Consejo. En el primer caso, no puede participar en los concursos ordinarios de traslado durante 3 años si la plaza que venía ocupando es de categoría de Juez y un año si es de categoría de Magistrado.

La tercera de las 4 vacantes se proveerá, entre Jueces, mediante la realización de pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil y penal, y de especialización en los órdenes contencioso-administrativo, social y mercantil.

La cuarta vacante se provee mediante concurso entre los juristas de reconocida competencia y con más de 10 años de ejercicio profesional que superen el curso de formación establecido al efecto en la propia LOPJ.

Una tercera parte de estas vacantes debe reservarse a los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales de primera y segunda categoría.

Mediante este procedimiento sólo se puede convocar un número de plazas que no supere el total de las efectivamente vacantes más las previsibles que vayan a producirse durante el tiempo en que dure la resolución del concurso.

En las CCAA donde haya más de una lengua oficial o tengan Derecho Civil propio, para proveer estas plazas, se deben aplicar las previsiones que se establecen en la LOPJ.


Pruebas de Especialización

La tercera vacante debe proveerse entre jueces mediante la realización de pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil y penal y de especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social.

Para presentarse a las pruebas selectivas o de especialización bastan con 2 años de servicios efectivos, cualquiera que sea la situación administrativa del candidato. Se pueden presentar a las pruebas de los órdenes contencioso-administrativo y social, los miembros de la Carrera Judicial con categoría de magistrado y, como forma de acceso a la Carrera Judicial, los de la Carrera Fiscal; en ambos casos, hay que haber prestado al menos 2 años de servicios efectivos en sus respectivas carreras.


Concurso

La cuarta vacante se provee mediante concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de 10 años de ejercicio profesional que superen un curso de formación. A su vez, una tercera parte de estas vacantes debe reservarse a los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales de primera o segunda categoría.

Por este procedimiento sólo se puede convocar un número de plazas que no supere el total de las efectivamente vacantes más las previsibles que vayan a producirse durante el tiempo en que se prolongue la resolución del concurso.


CONVOCATORIA DE OPOSICIONES, CONCURSOS Y PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA LA CARRERA JUDICIAL

El Ministerio de Justicia, con la colaboración –en su caso- de las CCAA competentes, puede instar del CGPJ la convocatoria de las oposiciones, concursos y pruebas selectivas de promoción y de especialización necesarias para cubrir las vacantes existentes en la plantilla de la Carrera Judicial.

Las CCAA con competencias en la materia ostentan iguales facultades que el Ministerio de Justicia.
En la convocatoria debe reservarse un cupo no inferior al 5% de las vacantes para que sean cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras Judicial y Fiscal se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas.



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Justicia Tema 6 El Ministerio Fiscal y las CCAA. Categorías De La Carrera Fiscal

Continuamos con el tema 6 de nuestro temariooposiciones justicia y analizando el Ministerio Fiscal que terminamos de estudiar en este apartado. Pincha en el enlace azul para ver el índice con todos los apuntes publicados hasta ahora. Suscríbete para estar al día.



EL MINISTERIO FISCAL Y LAS CC.AA

En el marco de sus competencias, y cuando los órganos de las CCAA interesen la actuación del Ministerio Fiscal en defensa del interés público se dirigirán, poniéndolo en conocimiento del Ministerio de Justicia, al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, que a su vez lo pondrá en conocimiento del Fiscal General del Estado, quien, oída la Junta de Fiscales de Sala, resolverá lo procedente, ajustándose en todo caso al principio de legalidad. Cualquiera que sea el acuerdo adoptado, se dará cuenta del mismo a quien haya formulado la solicitud.

Los Fiscales Superiores de las CCAA deben elaborar una memoria sobre la actividad de las Fiscalías de su ámbito territorial que elevarán al Fiscal General del Estado. Igualmente, remitirán una copia al Gobierno, al Consejo de Justicia y a la Asamblea Legislativa de la Comunidad. Los Fiscales Superiores de las CCAA deben presentar la Memoria ante la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma dentro de los 6 meses siguientes al día en que se hizo pública.
Los fiscales superiores de las CCAA colaborarán con la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, tal y como el Fiscal General del Estado está obligado a colaborar con las Cortes Generales.

Los miembros del Ministerio Fiscal deben colaborar con las CCAA que tengan competencias en materia de Justicia para la efectividad de las funciones que éstas ostentan en materia de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia y participarán en los órganos de colaboración que en el ámbito territorial de éstas se constituyan entre los distintos operadores e instancias implicados en la Administración de Justicia con el fin de analizar, debatir y realizar estudios sobre materias relacionadas con la Administración de Justicia. Se podrán celebrar convenios con las CCAA previa autorización del Fiscal General del Estado.




CATEGORÍAS QUE INTEGRAN LA CARRERA FISCAL

La Carrera Fiscal cuenta con varias categorías de Fiscales que forman un Cuerpo Único, Organizado Jerárquicamente. Los miembros de la Carrera Fiscal están equiparados en honores, categorías y retribuciones a los de la Carrera Judicial.

En los actos oficiales a que asisten los representantes del Ministerio Fiscal ocuparán el lugar inmediato siguiente al de la autoridad judicial.

Cuando tengan que asistir a las reuniones del Gobierno de los Tribunales y Juzgados ocuparán el mismo lugar respecto de quien las presida.

Las categorías de la carrera fiscal son:

1)      Fiscales de Sala del Tribunal Supremo (equiparados a Magistrados del Alto Tribunal). El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo (tiene la consideración de Presidente de Sala).

2)      Fiscales (equiparados a Magistrados)

3)      Abogados-Fiscales (equiparados a Jueces)


Hay que pertenecer a la categoría primera para servir los siguientes destinos:

a)      Teniente Fiscal del Tribunal Supremo (además tiene que tener 3 años de antigüedad en esa categoría)

b)      Fiscal Jefe Inspector

c)       Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica

d)      Fiscal Jefe de la Unidad de la Unidad de Apoyo

e)      Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional

f)       Fiscal Jefe de las Fiscalías Especiales

g)      Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

h)      Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas

i)        Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

j)        Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada

k)      Los demás puestos de Fiscales de Sala que se determinen en la plantilla con arreglo a las disposiciones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

Los Fiscales Superiores de las CCAA y los Fiscales Jefes de las Fiscalías Provinciales tendrán la categoría equiparada a la de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y Presidentes de las Audiencias Provinciales, respectivamente.

Es necesario pertenecer a la categoría segunda para servir en los restantes cargos en las Fiscalías del Tribunal Supremos, ante el Tribunal Constitucional, Fiscalía de la Audiencia Nacional, Fiscalías Especiales, Tribunal de Cuentas, Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica. También es necesario pertenecer a la categoría segunda para servir el cargo de Fiscal Jefe y Teniente Fiscal.

La plantilla orgánica fijará la categoría necesaria para servir los restantes destinos fiscales dentro de la segunda y de la tercera categoría.




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martes, 5 de marzo de 2013

Guardia Civil Tema 9 Delitos Contra La Administración Pública. Delitos Cometidos Por Funcionarios Públicos Contra Las Garantías Constitucionales


Empezamos con el Tema 9 de nuestro temario de oposiciones para la Guardia Civil. Como hacemos habitualmente, publicaremos este tema por partes y puedes seguir el índice del temario pinchando en el enlace azul. Para estar al día, con esta y otras oposiciones que preparemos, sólo suscríbete a la página en el recuadro de la izquierda.

LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Código Penal, en el Título XIX del Libro II regula los delitos contra la Administración Pública. En estos delitos, en general, se exige ser funcionario. Esto quiere decir que el elemento común de la mayoría de estos delitos contra la administración pública es que quien los comete sea funcionario y autoridad. Esto viene en el artículo 24 del CP que establece que se considerará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las CCAA y del Parlamento Europeo. Se considera también autoridad a los funcionarios que desempeñan funciones en el Ministerio Fiscal.

También se establece que se considera funcionario público a todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

En definitiva, establecemos para el derecho penal un concepto de funcionario público más amplio que el administrativo, el que aprueba la oposición y saca la plaza, como establece el artículo 9 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público “en virtud de nombramiento legal, está vinculado a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente”.



PREVARICACIÓN

La Prevaricación Administrativa: viene regulada en el artículo 404 del Código Penal, donde se establece que “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años”.

Nombramientos Ilegales: el artículo 405 del Código Penal establece que “A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años

Aceptación de Nombramiento Ilegal: el artículo 406 del Código Penal establece que “La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles



ABANDONO DE DESTINO Y OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DETERMINADOS DELITOS

En el Código Penal, Capítulo II del Título XIX, se regulan 3 delitos que se fundan en el incumplimiento de un deber de actuación:

Abandono de Destino: el artículo 407 del CP establece que:

“1. A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI (delitos contra la Constitución), XXII (delitos contra el orden público), XXIII (delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional) y XXIV (delitos contra la Comunidad Internacional) se le castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años. Si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años.

2. Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente”


Omisión del Deber de Perseguir Delitos: según el artículo 408 del CP la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años.


Abandono colectivo de servicio público: el artículo 409 del Código Penal establece que “a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de 8 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años.
Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de 8 a 12 meses”.


Tema 6 Justicia Atribuciones Del Ministerio Fiscal

Tema 6 Temario Auxiliar de Justicia, Tramitación Procesal y Gestión. Vamos con las Atribuciones que corresponden al Ministerio Fiscal. Recordamos a los nuevos que los temarios están actualizados y los vamos publicando a diario siempre que podemos. ¡Ánimo!

En primer lugar, queremos recomendaros una estupenda página para consultar las leyes y en este caso el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, donde se recogen las atribuciones del Ministerio Fiscal. Si pinchas en el enlace entrarás en Noticias Jurídicas donde te informan siempre si una ley está vigente, además de todas las modificaciones que ha sufrido. Este Estatuto, por ejemplo, tuvo su última modificación mediante la Ley 24/2007 de 9 de octubre, pero recuerda que la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal actual es la Ley 50/1981 de 30 de diciembre (en noticias jurídicas.com cuando leas los artículos de esta ley, verás cuáles han sido modificados y por qué ley).

Principios de Actuación del Ministerio Fiscal

La función principal del Ministerio Fiscal es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, pudiendo actuar de oficio o a petición de los interesados. También tiene como función velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado español y ya viene regulado en la Constitución, Título VI. Desarrolla su misión valiéndose de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

Siguiendo el principio de legalidad, el Ministerio Fiscal debe actuar en primer lugar sometido al imperio de la Constitución y después a las leyes y demás normas (que la desarrollan).

Según el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal debe actuar con total objetividad e independencia en defensa de los intereses que tiene encomendados.

Al Ministerio Fiscal le corresponde esta denominación con carácter exclusivo.


Atribuciones del Ministerio Fiscal

1)      Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.

2)      Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.

3)      Velar por el respecto de las instituciones constitucionales y  de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.

4)      Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.

5)      Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.

6)      Tomar parte en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.

7)      Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.

8)      Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.

9)      Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.

10)   Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.

11)   Intervenir en los procesos judiciales de amparo así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

12)   Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma en que las leyes establezcan.

13)   Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.

14)   Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención.

15)   Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales.

16)   Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.

Con carácter general, la intervención del fiscal en los procesos podrá producirse mediante escrito o comparecencia. También podrá producirse a través de medios tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezcan las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar.


Facultades del Ministerio Fiscal para Ejercer sus Funciones

El Ministerio Fiscal para realizar sus funciones puede:

1)      Interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado, o que se le remita copia de cualquier actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las Leyes, plazos y términos, promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas. También puede pedir información de los hechos que hubieran dado lugar a un procedimiento, de cualquier clase que sea, cuando existan motivos racionales para estimar que su conocimiento pueda ser competencia de un órgano distinto del que está actuando. También puede acceder directamente a la información de los registros oficiales, cuyo acceso no quede restringido a control judicial.

2)      Visitar en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, penitenciarios o de internamiento de cualquier clase de su respectivo territorio, examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta información estime conveniente.

3)      Requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y de sus agentes.

4)      Dar a cuantos funcionarios constituyen la Policía Judicial las órdenes e instrucciones procedentes en cada caso.

5)      Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados.

Las autoridades, funcionarios u organismos o particulares requeridos por el Ministerio Fiscal en el ejercicio de las facultades que se enumeran en este artículo y en el siguiente deberán atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los límites legales. Igualmente, y con los mismos límites, deberán comparecer ante el Fiscal cuando éste lo disponga.

6)      Establecer las sedes de las Fiscalías Provinciales y en las que se considere necesario, centros de relación con las víctimas y perjudicados de las infracciones criminales cometidas en su circunscripción y por las que se sigue proceso penal en los Juzgados o Tribunales de la misma, con la finalidad de conocer los daños y perjuicios sufridos por ellas y para que aporten los documentos y demás pruebas de que dispongan para acreditar su naturaleza y alcance.

7)      El fiscal puede recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.

8)      Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva.

Todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de autenticidad.
A tal fin, el fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas. La duración de esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de 6 meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado. No obstante, las diligencias de investigación en relación con los delitos competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (artículo 19 del Estatuto), tendrán una duración máxima de 12 meses salvo prórroga acordada mediante Decreto motivado del Fiscal General del Estado.

9)      Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo.

El Fiscal también puede incoar las diligencias preprocesales encaminadas a facilitar el ejercicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye.



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