Estamos publicando PSICOTÉCNICOS Y JUSTICIA. ¡Suscríbete a la Guía De Formación Online y Recibe Las Actualizaciones Gratis En Tu Correo!

jueves, 28 de febrero de 2013

Tema 6 Justicia Ministerio Fiscal: Organización y Funciones I

Continuamos con el temario oposiciones justicia auxilio judicial, tramitación y gestión y el tema 6. Este temario está actualizado. Pero siempre que tengáis dudas consultar directamente la Ley. ¿Cómo saber si una ley ha sido reformada? Os recomiendo acceder a la página de Noticias Jurídicas.com, buscar la ley y entonces veréis todas las modificaciones que ha sufrido. Vamos a ver en este artículo los órganos que componen el Ministerio Fiscal y el Fiscal General del Estado.

La Organización del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal (MF) está formado por:

1)      El Fiscal General del Estado

2)      El Consejo Fiscal

3)      La Junta de Fiscales de Sala

4)      La Junta de Fiscales Superiores de las CCAA

5)      La Fiscalía del Tribunal Supremo

6)      La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

7)      La Fiscalía de la Audiencia Nacional

8)      Las Fiscalías Especiales

9)      La Fiscalía del Tribunal de Cuentas

10)   La Fiscalía Jurídico Militar

11)   Las Fiscalías de las CCAA

12)   Las Fiscalías Provinciales

13)   Las Fiscalías de Área



El Fiscal General del Estado y la Fiscalía General del Estado

Nombramiento, Mandato y Cese:

El fiscal general del estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.

Recibido el informe del CGPJ, el Gobierno debe comunicar su propuesta al Congreso de los Diputados, para que puedan disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión Correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.

Una vez nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El Fiscal General del Estado tendrá carácter de autoridad en todo el territorio español y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo. En los actos oficiales el Fiscal General del Estado ocupa el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.

El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de 4 años. Antes de que finalice su mandato, sólo puede cesar por estas razones:

1)      A petición propia

2)      Por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecida

3)      En caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo

4)      Cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto

El mandato del Fiscal General del Estado no es renovable, con la excepción de los supuestos en que el Fiscal hubiera ostentado el cargo durante un período inferior a 2 años.

El Consejo de Ministros debe apreciar las causas de cese de los números 1, 2 ,3 y 4.

Al Fiscal General del Estado se le aplican las incompatibilidades establecidas para los restantes miembros del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las facultades o funciones que le encomienden otras disposiciones del mismo rango. Su régimen retributivo es el mismo que el del Presidente del Tribunal Supremo. Si el nombramiento del Fiscal General recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales.

Funciones del Fiscal General Del Estado

El Fiscal General del Estado dirige la Fiscalía General del Estado, integrada por la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo y por los Fiscales de Sala que se determinen en plantilla.
Al Fiscal General del Estado le corresponde proponer al Gobierno los ascensos y nombramientos para los distintos cargos, previo informe del Consejo Fiscal, oído el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma respectiva cuando se trate de cargos en las Fiscalías de su ámbito territorial.

El Fiscal General del Estado también ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español. Al Fiscal General del Estado le corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal.

El Fiscal General del Estado puede delegar en los Fiscales de Sala las funciones relacionadas con la materia propia de su competencia. Los Fiscales de Sala Delegados asumirán dichas funciones en los términos y con los límites que establezca el acto de delegación, que será revocable y en todo caso se extinguirá cuando cese el Fiscal General. Dentro de estos límites, los Fiscales de Sala puede proponer al Fiscal General del Estado las Circulares e Instrucciones que consideren necesarias, participar en la determinación de los criterios para la formación de los Fiscales especialistas y coordinar a nivel estatal la actuación de las Fiscalías, sin perjuicio de las facultades de los respectivos Fiscales Jefes de los órganos territoriales.



-->

miércoles, 27 de febrero de 2013

Temario Justicia Tema 6 La Independencia Judicial

Continuamos con el tema 6 para las oposiciones de justicia de nuestro temario oposiciones justicia gratis.

En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los jueces y magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial. Ni jueces o tribunales pueden corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que hayan realizado sus inferiores según la jerarquía judicial con la excepción de que se trata de un recurso establecido por la ley.

Los jueces y tribunales, y los órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial, no podrán dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Todos deben respetar la independencia de los jueces y magistrados. Si un juez o magistrado se considera inquietado o perturbado en su independencia lo puede poner en conocimiento del CGPJ, dando cuenta de los hechos al juez o tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismo las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.

El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquellos, promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.

A raíz de su independencia, los jueces y magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la LOPJ.

Inamovilidad de Jueces y Magistrados

Los jueces y magistrados que desempeñen cargos judiciales gozarán de inamovilidad. En el caso de que hayan sido nombrados por un plazo determinado gozarán de inamovilidad solo por ese tiempo. Los casos de renuncia, excedencia, traslado y promoción se regirán por sus normas específicas, que vienen establecidas en la LOPJ.

Pérdida de la Condición de Juez o Magistrado

Causas:

1)      Renuncia a la carrera judicial

2)      Pérdida de la nacionalidad española

3)      Por sanción disciplinaria de separación de la Carrera Judicial

4)      Por la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso. En los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses, el CGPJ, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de magistrado o juez por la sanción de suspensión de hasta 3 años.

5)      Por haber incurrido en alguna de las causas de incapacidad, salvo que proceda su jubilación.

6)      Por jubilación

En los casos previstos en los números 2, 3, 4 y 5 la separación se acuerda previo expediente, con intervención del Ministerio Fiscal.

Rehabilitación: los que perdiesen la condición de Juez o Magistrado por las causas de los números 1, 2, 3 y 4 pueden solicitar del CGPJ su rehabilitación, una vez obtenida la establecida en el Código Penal, si procediere. La rehabilitación se concederá por el CGPJ, cuando se acredite el cese definitivo o la inexistencia, en su caso, de la causa que dio lugar a la separación, valorando las circunstancias de todo orden. Si se deniega la rehabilitación, no puede iniciarse nuevo procedimiento para obtenerla en los 3 años siguientes, plazo que se cuenta desde la resolución denegatoria inicial del CGPJ. El juez o magistrado rehabilitado será destinado con arreglo a lo dispuesto en la LOPJ


Suspensión de Jueces y Magistrados

La suspensión tendrá lugar en los siguientes casos:

1)      Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones

2)      Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento

3)      Cuando se decretase en expediente disciplinario o de incapacidad, ya con carácter provisional, ya definitivo.

4)      Por sentencia firme condenatoria en que se imponga como pena principal o accesoria la de suspensión, cuando no procediere la separación.

En los supuestos de los dos primeros puntos, el juez o tribunal que conociera de la causa lo comunicará al CGPJ quien hará efectiva la suspensión, previa audiencia del Ministerio Fiscal. En el caso del número 4, el tribunal debe remitir testimonio de la sentencia al CGPJ.

La suspensión, para los casos de los números 1 y 2, durará hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. En los casos restantes, durará todo el tiempo a que se extienda la pena, sanción o medida cautelar.

Jubilación De Jueces y Magistrados

Sólo por estas causas pueden ser los jueces jubilados:
1)      Por edad

2)      Por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones

En el caso de jubilación por edad de los jueces y magistrados, esta jubilación es forzosa y se debe decretar con antelación suficiente para que el cese en la función se produzca efectivamente al cumplir la edad de 70 años.

A partir de los 65 años también pueden jubilarse siempre que lo manifiesten al CGPJ con 6 meses de antelación (y sin perjuicio de los demás supuestos de jubilación voluntaria legalmente previstos).

Cuando se aprecie la incapacidad permanente de un juez o magistrado, la Sala de Gobierno correspondiente, por sí misma o a instancia del Ministerio Fiscal o del interesado, formulará la propuesta de jubilación ante el CGPJ. El expediente de jubilación por incapacidad permanente también puede ser iniciado por el CGPJ de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

Los jueces y magistrados jubilados por incapacidad permanente también pueden ser rehabilitados y volver al servicio activo si acreditan que desapareció la causa que motivó la jubilación.

Los procedimientos de separación, traslado, jubilación por incapacidad permanente y rehabilitación se formarán con audiencia del interesado e informe del Ministerio Fiscal y de la sala de gobierno respectiva, sin perjuicio de las demás justificaciones que procedan, y se resolverán por el CGPJ.

Independencia económica de Jueces y Magistrados

Nuestro Estado garantiza esta independencia económica de jueces y magistrados mediante la retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional. El Estado también garantiza un régimen de seguridad social que protege a jueces y magistrados y a sus familiares durante el servicio activo y la jubilación.

El régimen de retribuciones de los jueces y magistrados se inspirará en los principios de objetividad, equidad, transparencia y estabilidad, atendiendo para su fijación a la dedicación a la función jurisdiccional, a la categoría y al tiempo de prestación de servicios. Se retribuirá, además, la responsabilidad del cargo y el puesto de trabajo.

En todo caso, las retribuciones de los jueces y magistrados estará integradas, con carácter general, por un componente fijo y otro variable por objetivos, que valore específicamente su rendimiento individual.

Las retribuciones fijas, que se dividen en básicas y complementarias, remunerarán la categoría y antigüedad en la carrera judicial de cada uno de sus miembros, así como las características objetivas de las plazas que ocupen.

Son retribuciones básicas el sueldo y la antigüedad. Son retribuciones complementarias el complemento de destino y el complemento específico.

Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.
Asimismo, jueces y magistrados pueden percibir retribuciones especiales por servicios de guardia, servicios extraordinarios sin relevación de funciones y sustituciones.

Junto a las demás partidas correspondientes a retribuciones de jueces y magistrados, los Presupuestos Generales del Estado contendrán una consignación anual para la dotación de los jueces de paz, otras atenciones de personal judicial a que den lugar los preceptos de la LOPJ y demás exigencias de la Administración de Justicia.

De conformidad con el principio de supremacía jurisdiccional que se recoge en el artículo 123 de la Constitución y de acuerdo con el carácter de magistratura de ejercicio contemplado en la LOPJ, las remuneraciones de los Magistrados del Tribunal Supremo se establecerán en cuantía similar a las de los titulares de otros Altos Órganos Constitucionales, atendiendo a la naturaleza de sus funciones.

La Inmunidad Judicial

Los jueces y magistrados deben responder penal y civilmente en los casos y formas que determinan las leyes y disciplinariamente según lo que establece la LOPJ. Jueces y magistrados en servicio activo sólo pueden ser detenidos por orden de juez competente o en caso de flagrante delito. En este último caso se tomarán las medidas de aseguramiento indispensables y se entregará inmediatamente el detenido al juez de instrucción más próximo.

Hay que dar cuenta de toda detención, por el medio más rápido, al presidente del tribunal o de la audiencia de quien dependa el juez o magistrado. Se tomarán por la autoridad judicial que corresponda las prevenciones que procedan para atender a la sustitución del detenido.
Las autoridades civiles y militares deben abstenerse de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia.

Cuando una autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un juez o magistrado, y que no se refieran a su cargo o función, se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquel, previo aviso.

Cuando se trate de auxilio o cooperación por razón del cargo o de la función jurisdiccional, se prestará sin tardanza, salvo que el acto a ejecutar no esté legalmente permitido o se perjudique la competencia propia del juez o tribunal. La denegación se comunicará a la autoridad peticionaria con expresión suficiente de la razón que la justifique.

Cuando en la instrucción de una causa penal fuere necesaria la declaración de un juez o magistrado, y esta pudiera prestarse legalmente, no podrá excusarse aquel de hacerlo. Si la autoridad judicial que hubiera de recibir la declaración fuere de categoría inferior, acudirá al despacho oficial del juez o magistrado, previo aviso, señalándose día y hora.



-->

BUSCAR OPOSICIONES, CONVOCATORIAS, BOLETINES OFICIALES, INSTANCIAS...

MYSURVEY RECOMPENSA SU OPINION
MYSURVEY RECOMPENSA SU OPINION
MySurvey
Regístrese con MySurvey ahora y reciba entre 1 y 5 € por cada encuesta que complete.

Regístrese ahora para hacer encuestas y obtenga
sus premios mediante su cuenta Paypal.
Puede también canjear sus puntos por otros premios,
como vales de El Corte Inglés o IKEA.

Si se registra ahora recibirá 5 participaciones
para nuestro sorteo de 2,000 €.
MySurvey
¡Únase ahora!
MYSURVEY RECOMPENSA SU OPINION

A NUESTROS QUERIDOS SEGUIDORES, ¡GRACIAS POR FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO DE FORMACIÓN!