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jueves, 10 de octubre de 2013

Juzgados de lo Mercantil Oposiciones Justicia

Seguimos con el tema 8 para las oposicionesjusticia, repasando los diferentes tipos de Juzgados.

JUZGADOS MERCANTILES

Sede y Jurisdicción de los Juzgados Mercantiles

Con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil.

También podrán establecerse Juzgados Mercantiles en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción.

Pueden establecerse Juzgados Mercantiles que extiendan su jurisdicción a 2 o más provincias de la misma comunicad autónoma, con la salvedad prevista para los Juzgados de lo Mercantil de Alicante, como se verá más adelante.

Competencias de los Juzgados Mercantiles:

Los Juzgados Mercantiles conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en la ley reguladora.

En todo caso, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

1)      Acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con la excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley Concursal (dice que a petición del legitimado para instar el concurso necesario, el Juez, al admitir a trámite la solicitud, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio del deudor, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2)      Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y  sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.

3)      Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.

4)      Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral.

5)      Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.

6)      Las acciones tendentes a exigir la responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

Los juzgados de lo mercantil también conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil con respecto a:

a)      Demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

b)      Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.

c)       Las pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo.

d)      Las acciones relativas a las condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.

e)      Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.

f)       Los procedimientos de aplicación de los artículo 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE y de su derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

Artículo 101:

1)      Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:

a.       Fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción.

b.      Limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones

c.       Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento.

d.      Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasione a éstos una desventaja competitiva.

e.      Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

2)      Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.

3)      No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

                                                               i.      Cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas

                                                             ii.      Cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas

                                                            iii.      Cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

a.       Impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos.

b.      Ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.


Artículo 102

Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.

Estas prácticas abusivas pueden consistir, particularmente, en:

a)      Imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas.

b)      Limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;

c)       Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva.

d)      Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

Por último, cabe destacar que los juzgados de lo mercantil tienen competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando estas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
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