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miércoles, 13 de marzo de 2013

Tema 9 Guardia Civil Tráfico De Influencias, Malversación, Fraudes y Exacciones Ilegales


Vamos a ver el Tráfico de Influencias, Malversación y Fraudes y Exacciones Ilegales, continuando con el temario oposiciones guardia civil y los delitos contra la administración pública y cometidos por funcionarios. Esperamos que estos apuntes actualizados a día de hoy os resulten útiles para acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para seguirnos simplemente suscríbete a la Guía de Formación Online por email.


EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Utilizamos el concepto de tráfico de influencias para referirnos a aquellas situaciones donde las influencias o relaciones que se afirman tener sobre los funcionarios, que deben decidir sobre los asuntos públicos, se utilizan para obtener un beneficio o ventaja.
Existes varios tipos de tráfico de influencias:

1)      Influencia realizada por funcionario o autoridad sobre otro funcionario o autoridad: el artículo 428 de Código Penal establece que el funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de 6 meses a 2 años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

2)      Influencia Realizada por Particular: según el artículo 429 del Código Penal, el particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

3)      Ofrecimiento de Influencia: el artículo 430 del CP establece que los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptasen ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. En cualquiera de estos supuestos, la autoridad judicial puede imponer también la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, organización o despacho y la clausura de sus dependencias abiertas al público por tiempo de 6 meses a 3 años. Cuando según el artículo 31bi del CP, una persona jurídica sea la responsable de estos delitos, se le impondrá la pena de multa de 6 meses a 2 años. Siguiendo las reglas del artículo 66 bis, los jueces y tribunales pueden también imponer las penas que se recogen en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

4)      Comiso: según establece el artículo 431 del Código Penal, en todos los casos previstos en este capítulo y en el anterior, las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso.


MALVERSACIÓN

El delito de malversación viene regulado en el Capítulo VII del Título XIX del Código Penal, donde no sólo se tutela el patrimonio público, sino sobre todo el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y, en general, de los entes públicos.

Existen 2 tipos de malversación, propia e impropia:

1)      Malversación Propia:

a.       Sustracción de caudales o efectos públicos: según el artículo 432.1 del CP, la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 10 años. En caso de que la malversación revista especial gravedad, se impondrá la pena de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años, atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplican si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4000 euros, se impondrán las penas de multa superior a 2 y hasta 4 meses, prisión de 6 meses a 3 años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta 3 años.

b.      Malversación de Uso: según el artículo 433 del CP, la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 3 años. Si el culpable no reintegrara el importe de lo sustraído dentro de los 10 días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior. Según el artículo 434 CP, la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad Estatal, autonómica o local u Organismos dependientes de alguna de ellas, incurrirá en las penas de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años.


2)      Malversación Impropia: el artículo 435 establece que las disposiciones que se regulan en este capítulo que vimos pueden extenderse a:

a.       Los que estén encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones Públicas.

b.      A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos.

c.       A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.


FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES

Los fraudes y exacciones ilegales vienen regulados en el Cap. VIII del Título XIX, donde encontramos las siguientes clases:

1)      Fraudes: el artículo 436 del CP, según su modificación por la LO 5/2010, establece que la autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años. Al particular que se haya concertado con autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de 2 a 5 años.

2)      Exacciones Ilegales: establece el artículo 437 del Código Penal que la autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada, será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado, con las penas de multa de 6 a 24 meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 4 años.

3)      Estafa o Apropiación Indebida Agravadas: según el artículo 438 del CP, la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o apropiación indebida, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su mitad superior, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años.

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