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martes, 5 de marzo de 2013

Tema 6 Justicia Atribuciones Del Ministerio Fiscal

Tema 6 Temario Auxiliar de Justicia, Tramitación Procesal y Gestión. Vamos con las Atribuciones que corresponden al Ministerio Fiscal. Recordamos a los nuevos que los temarios están actualizados y los vamos publicando a diario siempre que podemos. ¡Ánimo!

En primer lugar, queremos recomendaros una estupenda página para consultar las leyes y en este caso el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, donde se recogen las atribuciones del Ministerio Fiscal. Si pinchas en el enlace entrarás en Noticias Jurídicas donde te informan siempre si una ley está vigente, además de todas las modificaciones que ha sufrido. Este Estatuto, por ejemplo, tuvo su última modificación mediante la Ley 24/2007 de 9 de octubre, pero recuerda que la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal actual es la Ley 50/1981 de 30 de diciembre (en noticias jurídicas.com cuando leas los artículos de esta ley, verás cuáles han sido modificados y por qué ley).

Principios de Actuación del Ministerio Fiscal

La función principal del Ministerio Fiscal es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, pudiendo actuar de oficio o a petición de los interesados. También tiene como función velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado español y ya viene regulado en la Constitución, Título VI. Desarrolla su misión valiéndose de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

Siguiendo el principio de legalidad, el Ministerio Fiscal debe actuar en primer lugar sometido al imperio de la Constitución y después a las leyes y demás normas (que la desarrollan).

Según el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal debe actuar con total objetividad e independencia en defensa de los intereses que tiene encomendados.

Al Ministerio Fiscal le corresponde esta denominación con carácter exclusivo.


Atribuciones del Ministerio Fiscal

1)      Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.

2)      Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.

3)      Velar por el respecto de las instituciones constitucionales y  de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.

4)      Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.

5)      Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.

6)      Tomar parte en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.

7)      Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.

8)      Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.

9)      Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.

10)   Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.

11)   Intervenir en los procesos judiciales de amparo así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

12)   Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma en que las leyes establezcan.

13)   Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.

14)   Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención.

15)   Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales.

16)   Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.

Con carácter general, la intervención del fiscal en los procesos podrá producirse mediante escrito o comparecencia. También podrá producirse a través de medios tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezcan las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar.


Facultades del Ministerio Fiscal para Ejercer sus Funciones

El Ministerio Fiscal para realizar sus funciones puede:

1)      Interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado, o que se le remita copia de cualquier actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las Leyes, plazos y términos, promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas. También puede pedir información de los hechos que hubieran dado lugar a un procedimiento, de cualquier clase que sea, cuando existan motivos racionales para estimar que su conocimiento pueda ser competencia de un órgano distinto del que está actuando. También puede acceder directamente a la información de los registros oficiales, cuyo acceso no quede restringido a control judicial.

2)      Visitar en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, penitenciarios o de internamiento de cualquier clase de su respectivo territorio, examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta información estime conveniente.

3)      Requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y de sus agentes.

4)      Dar a cuantos funcionarios constituyen la Policía Judicial las órdenes e instrucciones procedentes en cada caso.

5)      Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados.

Las autoridades, funcionarios u organismos o particulares requeridos por el Ministerio Fiscal en el ejercicio de las facultades que se enumeran en este artículo y en el siguiente deberán atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los límites legales. Igualmente, y con los mismos límites, deberán comparecer ante el Fiscal cuando éste lo disponga.

6)      Establecer las sedes de las Fiscalías Provinciales y en las que se considere necesario, centros de relación con las víctimas y perjudicados de las infracciones criminales cometidas en su circunscripción y por las que se sigue proceso penal en los Juzgados o Tribunales de la misma, con la finalidad de conocer los daños y perjuicios sufridos por ellas y para que aporten los documentos y demás pruebas de que dispongan para acreditar su naturaleza y alcance.

7)      El fiscal puede recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.

8)      Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva.

Todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de autenticidad.
A tal fin, el fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas. La duración de esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de 6 meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado. No obstante, las diligencias de investigación en relación con los delitos competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (artículo 19 del Estatuto), tendrán una duración máxima de 12 meses salvo prórroga acordada mediante Decreto motivado del Fiscal General del Estado.

9)      Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo.

El Fiscal también puede incoar las diligencias preprocesales encaminadas a facilitar el ejercicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye.



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