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viernes, 8 de marzo de 2013

¿Qué Es El Cohecho? Tipos y Penas. Tema 9 Guardia Civil


Continuamos con los delitos administrativos y cometidos por funcionarios en nuestro temario de oposiciones para la guardia civil. Pincha el enlace azul para acceder al índice. Vamos a analizar aquí el delito de cohecho como se regula en el Código Penal.

COHECHO

Viene regulado en el Capítulo V del Título XIX del Código Penal, donde el cohecho encabeza un grupo de infracción que denominamos comúnmente corrupción, que también se extiende al tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales y en general abusos en el ejercicio de la función pública, dirigidos a la obtención de un beneficio normalmente económico. Este tipo de conductas giran en torno a un factor común que es utilizar un cargo con fines ajenos a los públicos.
La Ley Orgánica 5/2010 ha introducido cambios importantes para adecuar la antigua legislación a los compromisos internacionales que asumimos. Hablamos del Convenio Penal sobre la corrupción desarrollado por el Consejo de Europa y el Convenio establecido sobre el Tratado de la UE acerca de la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE.

Según lo establecido en estos Convenios fue necesario realizar una adaptación de las penas, porque se exige que por lo menos en los casos graves se prevean penas privativas de libertad que puedan, en su caso, dar lugar a la extradición. A esto se suma la conveniencia de ampliar el concepto de funcionario para que englobe también al funcionario comunitario y al funcionario extranjero al servicio de otro país miembro de la Unión Europea.

Hay varios tipos de Cohecho que pasamos a analizar:

1)      COHECHO PASIVO PROPIO, que se divide a su vez en 2 tipos con una disposición común a ambos:

a.       Realización de una acción u omisión constitutiva de delito: el artículo 419 del Código penal establece que la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 12 años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito”

b.      Realización de un Acto Propio de su Cargo: el artículo 420 del CP establece que la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 7 años.

c.       Disposición Común: el artículo 421 del CP establece que las penas señaladas en los dos apartados anteriores se impondrán también cuando la dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos apartados.

2)      COHECHO PASIVO IMPROPIO: según estable el artículo 422 del Código Penal, la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a 1 año y suspensión de empleo y cargo público de 1 a 3 años.

3)      COHECHO ACTIVO: viene regulado en el artículo 424 del CP que establece que el particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.

Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo a la solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a ellos les correspondan.
Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas convocados por las Administraciones o Entes Públicos, se impondrá al particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que representare la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismo o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de 3 a 7 años.



ATENUACIÓN DE LA PENA

Viene regulada en el artículo 425 CP que dispone que cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de prisión de 6 meses a 1 año.



EXCUSA ABSOLUTORIA PARA FACILITAR LA PERSECUCIÓN DEL DELITO

Según el artículo 426, queda exento de pena por delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los hechos.



EXTENSIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA UE O A LOS FUNCIONARIOS NACIONALES DE OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN

Como vimos antes, la Ley Orgánica 5/2010 reformó el CP y así el artículo 427 del mismo establece que lo dispuesto en los artículos anteriores también es aplicable cuando los hechos sean imputados o afecten a los funcionario de la Unión Europea o a los funcionarios nacionales de otro Estado miembro de la Unión.


¿Qué entendemos por funcionario de la UE?

1)      Toda persona que tenga la condición de funcionario o de agente contratado en el sentido del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o del Régimen aplicable a otros agentes de la UE;

2)      Toda persona puesta a disposición de la UE por los Estados miembros o por cualquier organismo público o privado que ejerza en ellas funciones equivalentes a las que ejercen los funcionarios u otros agentes de la UE

3)      Los miembros de organismos creados de conformidad con los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, así como el personas de dichos organismos, en la medida en que el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o el Régimen aplicable a otros agentes de la UE no les sea aplicable.

Asimismo, se entiende por funcionario nacional de otro Estado miembro de la Unión el que tenga esta condición a los fines de la aplicación del derecho penal de dicho Estado miembro.

Cuando, según lo que establece el artículo 32 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas.
1)      Multa de 2 a 5 años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años.

2)      Multa de 1 a 3 años o del doble al cuádruple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de 2 años de privación de libertad no incluida en el anterior inciso.

3)      Multa de 6 meses a 2 años, o del doble al triple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.



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