Tema 6 Justicia Jueces y Magistrados Funciones y Competencias

Entramos a estudiar la figura de jueces y magistrados, así como sus funciones y competencias. Empezamos por una breve introducción para situarnos y lo iremos profundizando en próximos apartados. Recuerda que puedes seguir este temario oposiciones justicia auxilio judicial, tramitación y gestión en tu email o a través de nuestra cuenta de facebook, twitter, myspace o google+.

Funciones y Competencias de Jueces y Magistrados

La LOPJ, siguiendo lo establecido en la Constitución para el Poder Judicial, establece que la justicia emana del pueblo y se administra, en nombre del Rey, por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Estos jueces y magistrados son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la Ley.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional por parte de Jueces y Magistrados se lleva a cabo juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Esta función les corresponde en exclusiva a los juzgados y tribunales donde prestan sus servicios Jueces y Magistrados y que vienen establecidos tanto en las Leyes como en los Tratados Internacionales.

Los juzgados y los tribunales no pueden por ello ejercer más funciones que las que vimos en el apartado anterior, las funciones de Registro Civil* y las otras funciones que establezcan las leyes.

*Registro Civil, IMPORTANTE: según la Ley Orgánica 8/2011 de 21 de julio, las funciones relacionadas con el Registro Civil ya no serán ejercidas por juzgados y tribunales a partir del 22 de Julio del 2014. La citada LO es complementaria del Registro Civil y modificó la LOPJ 6/1985 de 1 de Julio.

El Sometimiento de Jueces y Magistrados a la Constitución y Al Resto Del Ordenamiento Jurídico

Lo establecido a la Constitución obliga a todos los jueces y tribunales. O sea, que tanto jueces como tribunales deben interpretar y aplicar las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales tal como los interpreta el Tribunal Constitucional mediante sus resoluciones.

En consecuencia, cuando un órgano judicial considere que, en un proceso, una norma con rango de Ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ir contra la Constitución, planteará esta cuestión al Tribunal Constitucional (de ahí que lo llamemos Cuestión de Inconstitucionalidad). Esta cuestión de inconstitucionalidad procede cuando por vía interpretativa no resulta posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. Hablamos de Leyes.

En el caso de los Reglamentos (jerárquicamente por debajo de la ley), los jueces y tribunales no los aplicarán así como tampoco cualquier otra disposición contraria a la Constitución, a la Ley o al principio de Jerarquía Normativa (un reglamento no puede ir contra la ley ni una ley contra la constitución).

Los derechos y libertades que vienen reconocidos en el Capítulo II del Título I de la CE vinculan, en su totalidad, a todos los jueces y tribunales y vienen garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.

Los derechos que vienen enumerados en el artículo 53.2 de la Constitución (sección primera del Capítulo Segundo, con los artículos 14 y 30 incluidos) se deben reconocer, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, si que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido.

Los juzgados y tribunales también deben proteger los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se debe reconocer la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción.

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