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viernes, 14 de diciembre de 2012

Imprimir Temarios y Pasarlos a PDF IMPORTANTE

¡Hola a todos y feliz viernes! Hemos agregado una nueva barra de herramientas encima del título de estos artículos que creo que os puede resultar útil para IMPRIMIR LOS TEMARIOS, PASARLOS A PDF y más.

Esta nueva barra de opciones de arriba os permite realizar muchas funciones, desde pasar a PDF e imprimir los temarios a enviarlos a vuestro correo o al de un amigo, así como enviar el temario a vuestra cuenta o página de facebook, twitter, myspace, tuenti...

BARRA DE NOTICIAS

Y también os habréis fijado que hemos añadido un rectángulo con texto en movimiento. Ahí pondremos las últimas noticias importantes sobre las oposiciones y la página, y por eso la hice tan llamativa.

Bueno, espero que estos cambios en la Guía de Formación Online os sirvan para acceder mejor a nuestros temarios, guardarlos en vuestro ordenador y compartirlos, ¡porque internet se trata de compartir gratis!

¡Ah! y en navidades seguiremos con los temarios. Felices Fiestas y un Saludo de la Guía de Formación Online

Pablo C. Garcia Ormaechea

Temas 15 y 16 Oposiciones Guardia Civil 2013

Hola a todos los que preparáis con nosotros el temario guardia civil 2013 . Hemos actualizado los temas 15 y 16 sobre la Administración. Es importante que leáis estas líneas para saber cómo estudiar esta parte de derecho administrativo.

Como veréis, en el índice del temario hemos puesto los temas de derecho administrativo que ya redactamos esta primavera-verano para el temario de auxiliar administrativo. El caso es que los temas que vais a ver son más extensos que lo que os piden para las oposiciones de Guardia Civil. Pero tal como están las cosas, mejor saber de más que de menos y estos temas además os resultarán muy útiles para la mayoría de las oposiciones (sobre todo, de auxiliar administrativo).

Además encontraréis tests de derecho administrativo para practicar.

Sólo queda por publicar en estos temas el Contencioso-Administrativo, que tan solo son 2 ó 3 páginas a aprender.


Ahora, en el índice de nuestro temario de Guardia Civil aparece esta indicación:


Tema 15. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Objeto. Ámbito y principios generales. De las Administraciones Públicas y sus relaciones. Órganos. De los interesados. La actividad de las Administraciones Públicas

puedes preparar este tema a través de los artículos que ya publicamos en el temario auxiliar administrativo de Madrid, temas 4, 5, 6 y 7. Ahí también encontrarás tests sobre la Ley 30/1992

Tema 16. Disposiciones y actos administrativos. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos. Revisión de los actos en vía administrativa. Potestad sancionadora. La responsabilidad de las Administraciones Públicas, de sus autoridades y demás personal a su servicio. El recurso contencioso-administrativo.

puedes preparar este tema a través de los artículos que ya publicamos en el temario auxiliar administrativo de Madrid, temas 4, 5, 6 y 7. Ahí también encontrarás tests sobre la Ley 30/1992

Importante: debes saber que ahí encontrarás un análisis mucho más profundo de lo que se pide para cualquier oposición a la guardia civil o policía nacional, pero te resultará muy útil para conocer a fondo este tema para preparar oposiciones a Auxiliar Administrativo.

QUEDA POR VER EN TODO CASO: EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, que lo publicaremos en su momento, basándonos en lo que se pide para los Guardias Civiles y Policías Nacionales.

jueves, 13 de diciembre de 2012

Personas Responsables De Delitos Y Faltas: Autor Coautor Participación

Continuamos con esta interesante introducción al derecho penal general para los que os preparáis para la guardia civil, policía nacional o justicia. Puedes encontrar el índice de estos apuntes de derecho penal en el temario de guardia civil, tema 8, que estamos publicando gratis a diario. ¡Bienvenido a la Guía de Formación Online! ¿Todavía no estás suscrito? ¡Ya somos 8000!

El artículo 27 del Código Penal declara responsables criminalmente de los delitos y faltas a los Autores y los Cómplices. Analicemos estos tipos de responsables.

LOS AUTORES DEL CRIMEN

¿Quién se considera autor? EL CP establece un concepto de autoría en el artículo 28:

“Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores:

a)      Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo (=inductores)

b)      Los que cooperan en su ejecución con su acto, sin el cual no se habría efectuado (=cooperadores/colaboradores)

Distinguimos así una “autoría inmediata” (yo mato directamente a una persona) de la “autoría mediata” (yo mato a una persona por medio de otra, que utilizo como instrumento).

¿En qué se diferencia la Autoría de la Participación?

Es muy importante saber distinguir la autoría de la participación. La participación, en general, es un concepto de referencia que presupone siempre la existencia de un autor principal según el que se tipifica el hecho que se ha cometido. En otras palabras, la participación tiene una naturaleza accesoria, mientras que la autoría tiene una naturaleza principal.

Acerca de este tema de Autoría y Participación se han formulado muchas teorías y hoy en día predomina la doctrina del “dominio final del acto”, que se desarrolla a partir de la teoría final de acción. Según esto, autor será quien domine finalmente la realización del delito. El autor es quien decide si cometer el delito y cómo cometerlo, o no.

Tipos de Autoría

1)      AUTORÍA DIRECTA INDIVIDUAL: se trata de lo que todos entendemos por autor del delito. Hablamos de la persona que lleva a cabo personalmente el delito de modo directo. Esta es la forma de autoría que menciona el artículo 28 CP (los que realicen el hecho por sí solos). Este es sujeto activo que vemos en la parte especial del derecho penal (donde se definen los delitos y faltas y sus penas) donde los artículos empiezan “el que matare a otro…”.

2)      AUTORÍA MEDIATA: “mediata” procede del latín y significa que hay algo por medio, siendo lo contrario de “inmediata”. Aquí el autor no realiza directa y personalmente el delito, sino que utiliza a otra persona, normalmente no responsable, que es quien realiza el acto. La autoría media supone un dominio de la acción o de la voluntad del que actúa por parte del autor mediato y por eso la ausencia de acción en el instrumento humano del que se sirve. Distinguimos varios casos a los que se extiende esta autoría mediata que vienen recogidos en el artículo 28 CP:

a.       Los delitos donde se domina la voluntad del autor inmediato, utilizando para ello por ejemplo la fuerza física o psíquica.

b.      El caso en el que el agente domina el hecho al inducir a error al autor inmediato. Este último actúa de buena fe realizando la conducta típica y logrando la finalidad que se propone el autor mediato (un ejemplo claro es darle a alguien una bolsa llena de droga para que viaje en avión)

c.       También existe el caso de utilizar como instrumento a una persona inimputable. Por ejemplo, convencer a un enfermo mental para que mate a alguien por nosotros.

d.      Existe también la situación en que un sujeto cualificado se sirve de otro sujeto no cualificado para que ejecute materialmente el delito (por ejemplo, en el delito de cohecho, un funcionario puede utilizar a otra persona para que reciba el dinero, convirtiéndose así el funcionario en autor mediato)

e.      Otro caso es el del miedo insuperable. Cuando alguien nos amenaza de muerte si no realizamos la acción típica que pretende ese autor mediato.


¿Qué es? ¿Cuándo Hay COAUTORÍA?

El mismo artículo 28 del código penal que estamos analizando establece que son autores los que realizan el hecho por sí solos o conjuntamente. Así, entendemos que hay coautoría cuando la realización de un delito se lleva a cabo por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. Por eso, hablar de coautoría es similar a hablar de conspiración (la diferencia es que en la conspiración el coautor no interviene directamente en la acción).

Podemos distinguir la coautoría directa de la coautoría parcial. En la directa, todos los autores realizan todos los actos ejecutivos (por ejemplo, apuñalar a la víctima hasta matarla). En la parcial hay un reparto de tareas ejecutivas. Por ejemplo, cuando uno te pone la navaja en el cuello y la otra persona te quita el dinero.

En definitiva, existe coautoría cuando varias personas tienen “dominio sobre el hecho” aunque se repartan las tareas. Por eso, el derecho penal considera que todos estos coautores están realizando todo el hecho en conjunto, y no atiende sólo a la parte en la que intervinieron.



PARTICIPACIÓN

¿Qué es la participación en un delito? Se trata de intervenir en un hecho ajeno. El partícipe, a diferencia del coautor, se encuentra en una posición secundaria respecto del autor, quien domina el hecho. El partícipe no realiza el tipo principal, sino un tipo dependiente de aquél. Entre las conductas de un partícipe está la inducción (artículo 28.a) o la cooperación (28.b y 29). El inductor –quien induce al delito- no comete el delito, pero sí que queda dentro del tipo del inductor al delito, que consiste en determinar que otro realice ese delito.

Tipos de Participación

1)      INDUCCIÓN: el Código Penal, en su artículo 28, a), considera como autores a los que inducen directamente a otro u otros a ejecutar el delito. Se trata de una forma de participación, aunque el legislador la equipara a la autoría a efectos de pena. Se considera la inducción como la instigación, autoría moral o intelectual del delito. El inductor, de una forma u otra, hace que en una persona surja la idea de cometer el delito. Esta persona inducida al delito es quien decide y domina la realización del mismo. En caso contrario, el inductor sería en realidad un autor mediato. Si el inducido no empieza a ejecutar el delito, no se puede castigar al inductor excepto si su comportamiento encaja dentro de una de las formas de participación intentada especialmente punible.

La inducción también puede ser un tipo autónomo de delito en casos como la inducción al suicidio, inducción a un menor a participar en comportamientos de naturaleza sexual o a abandonar el hogar… En estos casos, el hecho al que se induce no es una acción típica y antijurídica (suicidarse, por ejemplo) y por eso, si no se tipifica directamente la inducción en estos casos, esa conducta quedaría impune.

2)      AUXILIO O COOPERACIÓN: respecto al auxilio, el código penal distingue el auxilio necesario (que se equipara a la autoría de cara a la pena) y el auxilio no necesario o complicidad (se castiga con la pena inferior en un grado). En el artículo 28 se define a los cooperadores necesarios como los que “cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado” el crimen. En el artículo 29 se establece que “son cómplices los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos”.
Esta distinción plantea muchos problemas en la práctica, ajenos al propósito de una oposición, donde lo que importa es la letra de la ley (=derecho positivo).

La Autoría En Los Delitos Cometidos Por Procedimientos Que Faciliten La Publicidad
Hablamos de situaciones en que se utilizan los medios de comunicación, desde la radio, televisión, prensa, hasta el mismo Facebook. El artículo 30 del Código Penal establece una regulación especial para las personas responsables de los delitos que se cometen a través de los medios de comunicación social, viniendo a decir:
1)      En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieran favorecido personal o realmente (“realmente” significa con algo material, como dinero. Viene del latín res, “cosa” y de ahí los “derechos reales”, derechos sobre los bienes muebles e inmuebles, ¡no derechos de los reyes o “verdaderos”)

2)      Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden:

a.      Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signe de que se trate y quienes le hayan inducido a realizarlo.

b.      Los directores de la publicación o programa en que se difunda

c.       Los directores de la empresa editora, emisora o difusora

d.      Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

3)      Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la resistencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en uno de los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior.

Terminamos aquí el tema de la autoría, coautoría, participación en nuestra introducción al derecho penal. Abajo tienes los artículos que hemos publicado hasta ahora sobre el Derecho Penal:

Concepto De Derecho Penal, Principios y Límites

Concepto De Delito y Falta

El Dolo Y La Culpa/Imprudencia

Sujetos Y Objeto Del Delito

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Sujetos Y Objeto Del Delito: oposiciones guardia civil, policía nacional y justicia

Continuamos con la introducción al derecho penal para nuestro temario de guardia civil, que también vale para justicia y policía nacional. Recuerda que para recibir apuntes como estos en tu email, sólo tienes que suscribirte en la casilla de la izquierda. Bienvenidos a la Guía de Formación Online, ¡la única página de internet con temarios de oposiciones gratis y actualizados!

Analicemos pues los Sujetos (Activo y Pasivo) y el Objeto del Delito: veremos así conceptos básicos como delitos comunes, delitos especiales, cómo se responsabiliza a una persona jurídica según el nuevo derecho penal, que es un tema muy importante recientemente modificado en 2010.

Cuando se realiza un acción típica, siempre nos encontramos un Sujeto Activo, persona que desarrolla la acción y un Sujeto Pasivo, persona titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por esa acción.

El Sujeto Activo Del Delito: es la persona que realiza la conducta típica, constituyéndose así en el núcleo del tipo penal. Solamente las personas humanas, de forma individual, pueden considerarse sujetos de una acción penalmente relevante. Esto plantea la duda de qué pasa con las personas jurídicas (p.ej: una sociedad, que genera una persona “ficticia” a la que denominamos así en derecho). La doctrina dominante va en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas basándose en el principio de societas delinquere non potest (una sociedad no puede delinquir).

Pero ahora, desde la reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio entendemos que una persona jurídica que desarrolla actividades mayormente ilícitas se considera como instrumento para cometer los delitos. Existe sanción penal si esa persona jurídica no actúa correctamente o con el  cuidado debido para evitar que sus empleados cometan delitos. En estos casos, el CP prevé multas para la persona jurídica y se responde de ellas de forma solidaria (solidaria significa que son responsables todas las personas físicas que forman esa sociedad).

En el artículo 31bis que se introdujo con la reforma se establece que en los supuestos previstos en el Código Penal, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. Las personas jurídicas también son responsables penalmente en los delitos que se cometan en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible cuando se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando, como consecuencia de los mismos hechos, se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquellos.

La concurrencia en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de los que se dispone en el apartado siguiente.

Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a)      Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

b)      Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c)       Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito

d)      Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas o presten servicios de interés económico general.

En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

En materia de penalidad, el artículo 33.7 afirma que las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de penas graves, son:

1)      Multa por cuotas o proporcional

2)      Disolución de la persona jurídica. La disolución produce la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

3)      Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

4)      Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

5)      Prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

6)      Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de 15 años.

7)      Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de 5 años.

La intervención puede afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.

Además, en el caso de delitos o faltas cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis del Código Penal, anteriormente citado, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en los apartados c) a g) del artículo 33.7 CP. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.

Las consecuencias accesorias a las que se refiere el apartado anterior sólo se pueden aplicar a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él mencionados cuando el Código Penal lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos o faltas por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas.

La Clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial se pueden acordar también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7 según dispone el artículo 129 del Código Penal, también modificado por la Ley Orgánica 5/2010.

También hay situaciones en las que las condiciones jurídicas necesarias para incluir la conducta en un tipo penal se cumplen en una persona jurídica o en otra persona física pero no en la persona concreta que había realizado el hecho.

Pero también hay situaciones donde las condiciones jurídicas necesarias para incluir la conducta en un tipo penal se cumplen en una persona jurídica o en otra persona física pero no en la persona concreta que había realizado el hecho.

Esto tiene lugar en los delitos especiales donde el sujeto activo aparece calificado como p.ej: el deudor o el obligado a pagar impuestos, características que no concurren en la persona física sino en las jurídicas en cuyo nombre actúan.

Este problema lo resuelve el Código Penal en el artículo 31, estableciendo que “el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”.

Así, el CP ha extendido el campo de aplicación a los supuestos donde no sólo hay actuación en nombre de una persona jurídica, sino también a los de actuación en nombre de otra persona física cualquiera (como en el caso de representar a un menor o un incapacitado).

Según el CP podemos distinguir los delitos comunes donde la ley no limita normalmente el ámbito de los posibles sujetos activos, sino que se limita a decir: “el que…”, “los que…”. Por otro lado están los delitos especiales donde solo pueden ser sujetos quienes poseen ciertas condiciones especiales que establece la ley como, por ejemplo, ser “funcionario”. A esta última categoría se suman los delitos especiales propios e impropios. Son delitos especiales propios los que describen una conducta que sólo es posible a título de autor si es realizada por ciertos sujetos, de modo que los demás que la ejecuten no pueden ser autores ni de éste ni de ningún otro delito común que castigue para ellos la misma conducta. Un ejemplo es el delito de prevaricación (art.446 CP), ya que una sentencia injusta dictada por quien carece de la condición de Juez es impune. Los delitos especiales impropios, por su lado, guardan relación con un delito común, del que puede ser autor el sujeto no cualificado que realiza la acción. Por ejemplo, en el delito de malversación de caudales públicos por parte de autoridad o funcionario que se recoge en el 432 CP. El que realice esa sustracción sin ser autoridad o funcionario cometerá igualmente el delito común de hurto.

También queda una categoría, los delitos de propia mano en los que se exige una realización personal del tipo, como en casos de falso testimonio o bigamia, siendo imposible la comisión del delito utilizando a otra persona como instrumento.

El Sujeto Pasivo Del Delito

Se trata del titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro por la conducta típica realizada por el sujeto activo. Puede ser sujeto pasivo una persona física individual, las personas jurídicas y el Estado. Se discute mucho si pueden ser sujeto pasivo el difunto o el feto.

El sujeto pasivo de la acción típica no siempre coincide con el titular del bien jurídico protegido. Coincide en los delitos contra las personas (agresión), pero en un delito como, por ejemplo, de estafa, quizás no coincidan. Quizás la acción típica recaiga sobre una persona distinta de la que sufre el perjuicio patrimonial. Esta distinción tiene mucha importancia en casos donde hay que saber quién está legitimado para consentir y disponer del bien jurídico.

Tampoco es igual la figura del sujeto pasivo y la del perjudicado. Por perjudicado entendemos un concepto más amplio que no sólo abarca al titular del bien sino a todos los que soportan las consecuencias dañosas. Por ejemplo, en el homicidio, la víctima es el sujeto pasivo y sus familiares los perjudicados. Se utiliza esta figura de perjudicados para temas, por ejemplo, de indemnizaciones.

El Objeto Del Delito

Se trata de la persona o cosa sobre la que recae la acción del delito, por lo que también se conoce como Objeto de la Acción.

Pueden ser objeto de delito las personas individuales o jurídicas, los animales y las cosas inanimadas. No se da en todos los delitos (por ejemplo de omisión simple o simple actividad).

En ciertos casos el objeto del delito puede coincidir con el sujeto pasivo como, por ejemplo, en el homicidio o lesiones.

Apuntes Publicados Hasta Ahora: (están en el tema 8 del temario guardia civil)

Concepto De Derecho Penal, Principios y Límites

Concepto De Delito y Falta

El Dolo Y La Culpa/Imprudencia

Sujetos Y Objeto Del Delito

martes, 11 de diciembre de 2012

El Dolo Y La Culpa Oposiciones Guardia Civil, Nacional, Justicia.

Continuamos con la iniciación al Derecho Penal para las oposiciones de justicia (pronto entraremos en más detalle aquí), policía nacional y guardia civil. Puedes encontrar el índice de estos temas en el temario de la guardia civil que estamos desarrollando en la Guía De Formación Online.

El Dolo, Elementos Y Tipos

Entendemos por dolo la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Esta es la doctrina más extendida sobre el solo y de la definición extraemos los elementos que conforman el dolo:

1)      Elemento Intelectual: para que la actuación se considere dolosa, el sujeto de la acción tiene que saber qué es lo que está haciendo además de conocer los elementos que caracterizan su acción como típica. Por ejemplo, en el homicidio, debe saber que mata a otra persona. Si falta este elemento de “conciencia” de lo que se hace, nos acercaríamos más a la imprudencia.

2)      Elemento Volitivo: volitivo viene de voluntad. Para actuar con dolo, hay que querer realizar los elementos objetivos del tipo. O sea, en el ejemplo anterior, queremos matar a otra persona.


Tipos De Dolo

Atendiendo a la intensidad en que se presente el elemento intelectual o volitivo, distinguimos:

1)      Dolo Directo De Primer Grado: se da en el caso de que el autor persiga la realización del delito, o sea, lograr ese resultado o acción. O sea, el sujeto quiere matar y mata.

2)      Dolo Directo De Segundo Grado: el autor no busca la realización de ese tipo pero sabe que su actuación dará lugar a ese delito. O sea, el autor no quiere cometer ese delito, pero sabe que es una consecuencia necesaria. Por ejemplo, cuando asaltamos un banco no queremos matar al cajero, pero quizás terminemos haciéndolo.

3)      Dolo Eventual: en este caso el delito aparece como una consecuencia posible. Aunque el sujeto no quiera ese resultado, sabe que su actuación puede llevar a él y acepta el riesgo, cuenta con el mismo y admite la producción del resultado. El Dolo Eventual limita con la Imprudencia Consciente.

Este problema a la hora de distinguir el dolo eventual de la imprudencia consciente surge muy a menudo en los delitos de tráfico donde el resultado de lesiones suele caer más del lado de la imprudencia y no del dolo eventual. La jurisprudencia consideraría dolo eventual en casos de los llamados “pilotos suicidas” (conducir, por ejemplo, en dirección contraria con la intención de morir). En estos casos sí que se puede fundamentar el dolo eventual atendiendo a una total falta de respeto a la vida de los demás.


La Culpa o Imprudencia:

En el caso de un delito imprudente el sujeto de la acción no quiere cometer el hecho previsto pero infringe igualmente lo que llamados una norma de cuidado. Esto quiere decir que debemos observar un cuidado necesario para no cometer un delito por imprudencia, porque aunque no queramos ese resultado, seguimos siendo responsables del mismo.

Esto quiere decir que el núcleo del tipo del injusto del delito imprudente consiste en esa divergencia entre la acción que realizamos y la que deberíamos haber seguido por ese deber de cuidado que nos impone la ley.
El delito imprudente está formado por estos elementos:
1)      Acción u Omisión Voluntaria, pero no intencional.

2)      Que integra un hecho objetivamente típico y antijurídico.

3)      La lesión que se produzca o el peligro creado deben ser consecuencia de la inobservancia de un deber de cuidado objetivo.

4)      El hecho debe ser previsible para el sujeto. Para apreciar esta previsibilidad se atiende a las circunstancias subjetivas (persona) y objetivas (hecho cometido) del caso concreto.

Como ya hemos comentado antes, hoy en día, lo delitos por imprudencia más “populares” son los de tráfico. No queremos cometer un acto: lesiones, pero prevemos (porque hemos bebido) que estos resultados son probables.

Tipos de Culpa o Imprudencia

1)      Culpa Consciente: tiene lugar en el caso de que no se quiere causar una lesión, pero se advierte la posibilidad de que tenga lugar y se actúa igualmente. Reconocemos el peligro de la situación pero confiamos en que no dé lugar al resultado lesivo. Cuando el sujeto confía en que no se dará ese resultado previsible estamos en el Dolo Eventual que vimos antes.

2)      Culpa Inconsciente: no queremos el resultado lesivo ni prevemos la posibilidad de que tenga lugar con nuestra actuación.

Además, también distinguimos dos tipos de imprudencia:

1)      Imprudencia Grave: sólo en este caso la imprudencia puede dar lugar a delitos (no a faltas). Se considera que hay imprudencia grave cuando la mayoría de la gente hubiese previsto el evento dañoso.

2)      Imprudencia Leve: la imprudencia leve no da lugar a delito, sino a faltas contra las personas que recoge el artículo 621 del Código Penal. Se trata de una infracción de las normas de cuidado no tan elementales (mucha la gente no lo hubiese previsto) como las que vulnera la imprudencia grave.

El artículo 12 del Código Penal establece que “las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley”. Hablamos de casos de imprudencia grave que tiene como consecuencia la producción de homicidios, lesiones o poner en peligro la salud o integridad física de trabajadores, consumidores…

En el caso de la Imprudencia Leve, el CP solo la castiga como falta en relación con el homicidio y las lesiones que constituyen delito (ver artículo 621 CP). Esta imprudencia leve sólo es perseguible a instancia de parte (no a instancia oficial). Para apreciar la imprudencia también se observa si el hecho se realizó utilizando un vehículo a motor o un arma o se trata de imprudencia profesional, casos en los que también se imponen sanciones de inhabilitación para conducir, ejercer profesión…



Apuntes Publicados Hasta Ahora: (están en el tema 8 del temario guardia civil)

Concepto De Derecho Penal, Principios y Límites

Concepto De Delito y Falta

El Dolo Y La Culpa/Imprudencia

Sujetos Y Objeto Del Delito


miércoles, 5 de diciembre de 2012

Concepto De Delito Y Falta Oposiciones Policía, Guardia Civil, Justicia

Continuamos con el tema de derecho penal para las oposiciones de guardia civil, policía nacional y justicia. Recuerda que prepararemos el temario de guardia civil y policía nacional en uno sólo ya que son muy parecidos. Si preparas oposiciones a justicia, este tema te resultará muy útil como iniciación, pero en las oposiciones de auxilio judicial, tramitación y gestión se exige mucho más y por ello volveremos a este tema con más profundidad. Para estar al día con nosotros, tan sólo suscríbete a la Guía de Formación Online (en el cuadro de la izquierda) y recibe directamente apuntes como estos, elaborados sobre los temarios oficiales para 2013.

Conceptos De Delito Y Falta:

El delito y la pena son el objeto central en torno al que gira el Derecho Penal. La Parte Especial del Derecho Penal describe los elementos que distinguen los diferentes delitos como por ejemplo el robo, asesinato, estafas… y se señalan las penas que corresponden a cada uno de estos delitos. Pero también hay elementos y principios que son comunes a todos los delitos (o a un grupo de delitos) igual que también hay elementos que afectan a todas las penas o tipos de penas. En la Parte General del Derecho Penal por su parte trata de todas las cuestiones generales sobre los delitos y las penas.

Desde una perspectiva puramente jurídica, el delito y la falta son toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Esto está relacionado con el principio del derecho penal que vimos en el capítulo anterior: nullum crimen sine lege que rige en el Derecho Penal español actual. Recuerda que esto significa que no hay delito si no hay una ley que lo regule.

El artículo 10 del Código Penal actual establece que “son delitos o faltas, las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”. Como puedes ver para que haya delito (o falta) debe haber una acción o no acción (no hacer nada también puede ser causa de delito). Y esta acción u omisión de acción tiene que ser dolosa o imprudente.

¿Qué es Dolo? Se trata de la intención maliciosa de cometer un determinado delito.

¿Qué es Imprudencia? Se trata de la producción de un resultado dañoso por no cumplir con un determinado deber de cuidado. Por ejemplo, cuando conducimos muy por encima del límite de velocidad establecido, quizás drogados o borrachos, y matamos a alguien, no existe dolo (intención), pero sí imprudencia. Según el artículo 12 CP: “las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley”. Por ejemplo, la ley prevé el castigo en casos de delitos de homicidio o lesiones, como acabamos de ver en un ejemplo cotidiano.

De esta forma, los legisladores han desarrollado un concepto de delito que se basa en la concurrencia de varias características esenciales y mínimas. Por eso “delito es toda acción típica, antijurídica, culpable y punible”. Recuerda que “típica” viene de tipicidad y se refiere a que debe haberse creado ese “tipo” de delito previamente, para que pueda castigarse.

Ahora vamos a analizar esos elementos mínimos que constituyen el delito o infracción penal:

ACCIÓN, TIPICIDAD, ANTIJURICIDAD, CULPABILIDAD Y PUNIBILIDAD

1)      ACCIÓN: definimos a la acción como la conducta humana voluntaria, lo que queremos o no queremos hacer. Existen varios tipos de Acción:

a.       Acción En Sentido Estricto: es lo que entendemos habitualmente por acción y consiste en hacer algo que prohíbe la ley (robar, asesinar, estafar…).

b.      Omisión Pura: dentro de la acción, como dijimos, está la “No Acción” u omisión. Se trata de una conducta pasiva ante una acción que el Derecho espera de nosotros o nos exige. Esta omisión pura consiste en no hacer lo que la ley ordena. Un ejemplo típico es la Omisión del Deber de Socorro a una persona que por ejemplo está en peligro. En ese caso, seríamos también responsables por no actuar.


c.       Comisión Por Omisión: a veces, no hacer nada también resulta en un delito. La comisión por omisión consiste en no evitar la producción de un resultado que tenemos la obligación de impedir por encontrarnos en una “posición de garantía”. Por ejemplo, este es el caso de unos padres que no alimentan a su hijo y este muere de hambre. Esta omisión es igual a la causación de ese resultado y tiene su razón de ser en la posición de garante que tienen ciertas personas respecto de un resultado que están obligadas a impedir.

Dentro de la Acción se enmarca el Dolo y la Imprudencia.


2)      TIPICIDAD: la tipicidad, como mencionamos antes, procede del principio de legalidad y supone la semejanza o identidad entre una conducta humana realizada y la prevista de antemano en el Código Penal (CP) que “tipifica” los delitos y las faltas. De esta forma, “matar a una persona” entra en el tipo penal del delito de homicidio que viene en el artículo 138 CP. Visto desde el punto de vista contrario, una conducta no sería “típica”, por muy antisocial que sea, si no viene descrita en la ley penal. (Llegados aquí, si eres nuevo en la lengua del derecho, no debes confundir más la palabra “típica”, que como ves es diferente de su uso habitual. En derecho penal significa “tipificada”, “tipo (de delito o falta” recogido en el CP)
También puede suceder que un sujeto actúe movido por un “error de tipo”. En este caso, si el error es invencible, falta la tipicidad y no hay delito. Un ejemplo de esto sería un cazador que dispara y mata a una persona que pensaba que era un animal. Para que hubiese delito tiene que saber que está disparando contra una persona.

3)      ANTIJURICIDAD: significa que hay una contradicción entre el acto que se realiza y lo que dispone el derecho penal. Un homicidio no siempre es delito. Por ejemplo, cuando matamos a otra persona en legítima defensa. En este caso, en principio, el ordenamiento jurídico no desaprueba esto y por eso no es un acto delictivo. Esta sería una causa de justificación. Las causas de justificación son:

a.       Legítima Defensa: la acabamos de ver y se trata de una defensa proporcionada de la persona o derechos propios o ajenos puestos injustificadamente en peligro. Recuerda bien la palabra “proporcionada”. Creo recordar que hace años alguien alegó defensa propia, ¡pero la víctima apareció con 70 puñaladas! Eso sería desproporcionado.

b.      Estado de Necesidad: se da cuando existe una situación de conflicto en la que el sujeto se ve obligado a causar un mal menor que el que pretende evitar. Este es el caso, por ejemplo, de una madre que roba para poder comer o alimentar a su familia.

c.       Cumplimiento de un Deber o Ejercicio Legítimo de un Derecho, Oficio o Cargo: muy importante para los que os preparáis para guardia civil o policía nacional. En este caso existen deberes jurídicos, como denunciar, perseguir y detener a los delincuentes que pueden derivar en muerte. Igualmente se aplica a otras profesiones y deportes violentos. Por ejemplo, que un boxeador mate a su rival.


d.      Consentimiento del Ofendido: el consentimiento justificaría la conducta del autor en el caso de lesiones que se deriven de la esterilización, trasplante de órganos o cirugía transexual que se realicen conforme a la ley, siempre que la persona afectada emita su consentimiento expreso. Básicamente, es cuando te piden que firmes tu consentimiento expreso cuando vas al hospital.

4)      CULPABILIDAD: hay culpabilidad cuando el autor del delito ha actuado contra lo que la norma dispone pudiendo haber actuado de otra forma. Para que haya culpabilidad, que se considere al autor culpable de la acción, el sujeto debe cumplir con estas condiciones:

a.       Imputabilidad: se trata de la capacidad de entender y valorar la norma penal. O sea, es la capacidad mínima para ser considerado culpable. Se entiende fácilmente que existe falta de imputabilidad en el caso de graves alteraciones psíquicas del sujeto, trastorno mental transitorio, drogadicción, minoría de edad o en los casos en que existen alteraciones en la percepción de la realidad desde el nacimiento o la infancia.

b.      Exigibilidad De Una Conducta Distinta: a veces se dan situaciones límite en las que no se puede exigir al sujeto una conducta diferente de la que realizó porque cualquier persona en su misma situación seguramente hubiese obrado de la misma forma. Se trata de supuestos de inexigibilidad como el miedo insuperable (si por ejemplo omitimos el deber de socorro de alguien que está en peligro), el estado de necesidad entre bienes de igual valor y el encubrimiento de parientes próximos (en otros casos el encubrimiento sería delito).



5)      PUNIBILIDAD: se trata del otro elemento esencial que configura el concepto de delito. Significa que toda conducta típica, antijurídica y culpable además es punible (se puede sancionar con una pena). A veces, sin embargo, la Ley declara exentas de pena cierto tipo de conductas (por razones de política criminal, conveniencia o utilidad) en casos de Excusas Absolutorias (p.ej: pequeños hurtos entre parientes próximos), o condiciona la punibilidad al cumplimiento de una condición (condiciones objetivas de punibilidad) o de un previo requisito de carácter procesal (condiciones de perseguibilidad).

EL CONCEPTO LEGAL DE DELITO Y FALTA

Es el concepto de delito y falta que establece el Código Penal. Según el artículo 13 del Código Penal:
1.       Son Delitos Graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave

2.       Son Delitos Menos Graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave

3.       Son Faltas las infracciones que la Ley castiga con pena leve

4.       Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará en todo caso grave.

Esto quiere decir que el Código Penal supedita la calificación de una conducta como delito o falta a la pena que le puede seguir si se realiza esa conducta.

Para ello, debemos estar a lo que dispone el artículo 33 del Código Penal. En este artículo se clasifican los distintos tipos de penas que se pueden imponer con arreglo al mismo. Por eso, hay que atender a la relación de delitos minuciosamente recogidos en el Libro II del Código Penal (“Delitos y sus Penas”) y las faltas recogidas en el Libro III (“Faltas y sus Penas”).

En el próximo capítulo de este temario de oposiciones de la Guía de Formación Online entraremos a analizar el Dolo y la Culpa. Suscríbete por email y recíbelo directamente en tu correo electrónico.


Apuntes Publicados Hasta Ahora: (están en el tema 8 del temario guardia civil)

Concepto De Derecho Penal, Principios y Límites

Concepto De Delito y Falta

El Dolo Y La Culpa/Imprudencia

Sujetos Y Objeto Del Delito


martes, 4 de diciembre de 2012

Derecho Penal Concepto Principios Generales Y Límites

Empezamos con los temas de derecho penal para las oposiciones a la Guardia Civil, Policia Nacional y Justicia. Este artículo pertenece al temario guardia civil que estamos creando actualmente y vamos a empezar con el Concepto de Derecho Penal, los Principios Generales y Garantías del Derecho Penal así como los Límites, tema 8 del temario de la Guía de Formación Online de las oposiciones guardia civil. Este tema también te resultará muy útil para las oposiciones de Justicia, donde desarrollaremos a fondo estas materias, si estás empezando a preparar estas oposiciones y te encuentras perdido.

Concepto De Derecho Penal

Cuando hablamos de derecho penal, de una u otra forma, hablamos de violencia ya que el derecho penal trata de casos violentos como el robo y asesinato. El Derecho Penal regula estos comportamientos también de forma violenta (privación de libertad, inhabilitaciones…).

El Derecho Penal es una forma de los medios de control social cuyo objetivo es evitar este tipo de comportamientos violentos, amenazando con imponer una pena. Estas sanciones del derecho penal son más graves que las que impone, por ejemplo el Derecho Civil o el Administrativo (nunca puede imponer pena de cárcel, por ejemplo).

Esta forma de control es tan importante que está monopolizada por el Estado, o sea, que las comunidades autónomas no pueden crear normas penales. Realmente es difícil establecer un único concepto de derecho penal. Tradicionalmente se entiende el derecho penal desde dos puntos de vista: el subjetivo y el objetivo.
Definimos el derecho penal objetivo como el conjunto de las normas penales que establece el Estado, definiendo los delitos y las faltas y estableciendo penas y medidas de seguridad que se impondrán a los responsables de estas infracciones.

Definimos el derecho penal subjetivo como el derecho a castigar del Estado (en latín ius puniendi).
Si eres nuevo en la jerga del Derecho, recuerda que Objetivo significa “cosa” (en este caso, la ley) y Subjetivo “Sujeto”, la persona.

Principios Generales Del Derecho Penal

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Significa básicamente que el Estado en la imposición de las penas debe someterse a los límites que establece la ley. Esto tiene que ver con el Estado de Derecho que promulga la Constitución.

Esta formulación procede del marqués de Beccaria (Cesare Bonesana) que en su libro De Los Delitos y las Penas aplicó el principio de nullum crimen, nulla poena sine lege de Von Feuerbach. Este aforismo latino significa que no hay crimen ni pena sin una ley previa.

El artículo 9.1 de la Constitución de 1978 establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico y el 9.3 dice que “la constitución garantiza el principio de legalidad”. No sólo nosotros, como ciudadanos de “a pie” estamos sometidos a la ley, sino que el Estado también debe acatarla. Además, las normas legales sólo pueden ser aplicadas por Jueces y Magistrados, como establece el artículo 117.1, y éstos jueces y magistrados son independientes, estando sólo sometidos al imperio de la ley.

En la Constitución también encontramos el principio de legalidad en el artículo 25.1: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.

Además, existe una reserva de ley en caso de normas penales. Si se trata además de penas privativas de libertad se exige ley orgánica (ver artículo 81 de la Constitución).

Este principio de legalidad da lugar a una serie de garantías en el ámbito penal que ahora tratamos en la Guía de Formación Online. Las garantías que vemos a continuación vienen establecidas en actual código penal de 1995 (es de ese año aunque haya tenido diversas modificaciones):

1)      Garantía Criminal: para que haya un delito, debe haber una ley anterior a éste que lo regule. De ahí el aforismo latino de nullum crimen sine lege (ningún crimen, sin ley). El código penal empieza en su artículo 1 estableciendo que “No será castigada ninguna acción u omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración” y que “las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley”.

2)      Garantía Penal: viene establecida en el artículo 2 del Código Penal y establece que “No será castigado ningún delito o falta con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario”.

3)      Garantía Jurisdiccional: esto quiere decir que cualquier delito o imposición de pena posibles debe determinarse sólo por medio de sentencia judicial y un procedimiento legalmente establecido (esto se establece en el derecho procesal). El artículo 3.1 del Código Penal establece esta garantía diciendo que “no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firma dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales”.

4)      Garantía de Ejecución: la ejecución de una pena debe estar también sometida a una ley que la regule. El artículo 3.2 del Código Penal (CP) establece que “tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes”.

Además de estas garantías, se establecen otras garantías muy importantes a la actuación del Estado en materia penal:

1)      Reserva Absoluta de Ley Escrita: el derecho penal es exclusivamente derecho positivo (esto significa derecho escrito y recogido en una ley). Con esto se quiere decir que no cabe la costumbre ni los principios generales del derecho como fuente del derecho penal. Tampoco pueden establecerse penas y delitos mediante reglamentos del Ejecutivo (esto serían por ejemplo Decretos, Órdenes Ministeriales…). O sea, sólo el Poder Legislativo tiene la potestad de definir los delitos y las penas.

2)      Principio de Taxatividad y Seguridad Jurídica: para que la ley pueda cumplir su función de establecer cuáles son los delitos y las penas, debe ser clara y concreta, evitando la ambigüedad todo lo posible.
3)      No Retroactividad: básicamente, esto garantiza que debe haber una Ley Previa que defina el delito y la pena y no al revés. La ley penal debe ser previa a los hechos que pretende sancionar. Primero Ley y luego Comisión de Delito y no al revés. Esto quiere decir que podrías cometer un hecho hoy y que mañana salga una ley que lo castigue. Esto está prohibido por el principio de irretroactividad, que es parte fundamental de nuestra Constitución (artículo 9).

4)      Prohibición de la Analogía: según el artículo 4.1 del Código Penal “las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”. De nuevo se trata de ofrecer seguridad (saber que hay una norma concreta que castiga un comportamiento concreto). En derecho a veces se utiliza la analogía para aplicar una norma a casos similares a los que regula, pero que no menciona expresamente. Esta analogía está prohibida en derecho penal. Para ello, el legislador debe determinar qué supuestos se encuentran recogidos por una determinada norma y no puede aplicarse esta norma a supuestos “parecidos”.

5)      Non Bis In Idem: regla del derecho romano que significa literalmente “No dos veces contra lo mismo”. O sea, nadie puede ser castigado 2 veces por el mismo delito o falta.

Principios Que Limitan La Actuación Del Derecho Penal

Hablando en general, se pretende que el derecho penal sea el último recurso. Para ello, se requieren principios que valoren esta necesidad extrema para proteger a la sociedad. Estos límites son:

1)      Principio de Utilidad de la Intervención: la intervención penal debe ser útil para cumplir su objetivo de protección de la sociedad. Si esta intervención es inútil, entonces no debe recurrirse al derecho penal o sustituirlo por otro medio más leve. Por ejemplo, siguiendo este principio, se eliminaron del derecho penal los delitos de adulterio y amancebamiento. En el caso de la abolición de la pena de muerte, por ejemplo, se constató que eso no produjo un aumento de los delitos contra los que se imponía. Se comprobó así que bastaba una pena menos grave.

2)      Principio de Intervención Mínima: está relacionado con lo anterior. El derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques más graves contra los bienes jurídicos más importantes (un bien jurídico es, por ejemplo, la vida o la propiedad). En caso de perturbaciones más leves, debe acudirse a otra rama del derecho, como el derecho civil, por ejemplo. De este principio extraemos tres elementos que deben definir el carácter del Derecho Penal:

a.       Subsidiariedad del Derecho Penal: viene a significar que se debe recurrir al derecho penal como último recurso y cuando los demás órdenes jurídicos fracasan en proteger un bien jurídico determinado.

b.      Última Ratio: significa prácticamente lo mismo. Debe ser la última razón. Cuando un ataque a los bienes jurídicos no sea muy grave o existan soluciones menos drásticas deben aplicarse éstas y no el derecho penal.

c.       Carácter Fragmentario: el objetivo del Derecho Penal es castigar las acciones más graves que atenten contra los bienes jurídicos más importantes, ocupándose solamente de una parte de toda la gama de acciones prohibidas y bienes jurídicos protegidos por el Ordenamiento Jurídico.

Límites Del Derecho Penal Que Derivan Del Estado Democrático De Derecho

1)      Principio de Humanidad De Las Penas: el derecho penal evolucionó desde las penas de muerte y corporales a las penas privativas de libertad. Actualmente se tiende a evitar la privación de libertad por trabajos en beneficio de la comunidad y multas. En las cárceles además deben garantizarse unas condiciones mínimas de humanidad que recomiendan las organizaciones de carácter internacional.

2)      Principio de Culpabilidad: la comisión de un delito no se basa sólo en elementos objetivos (que se cometa el delito), sino que también hay que analizar elementos subjetivos (personales) que llevaron a esta infracción penal. Así, el artículo 5 del Código Penal establece que “No hay pena sin dolo o imprudencia” (el dolo, significa más o menos voluntad de engañar, cometer un delito). O sea, hay que analizar al sujeto que comete el delito y no solo el delito cometido. En caso contrario, podría condenarse a alguien que, por ejemplo, no tenga las condiciones psíquicas necesarias para ser consciente de sus actos.

3)      Principio de Proporcionalidad: la gravedad de la pena debe ser proporcionada al hecho que se ha cometido y a la peligrosidad del sujeto.

4)      Principio de Resocialización: el derecho penal debe perseguir la socialización del delincuente y no su marginación. Tanto en la cárcel como cuando sale de ella, el Estado debe velar porque se “resocialice”. O sea, no se trata simplemente de apartarlo de la sociedad, sino hacer que cambie a mejor. Observamos este principio ya en el artículo 25.2 de la Constitución que establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”.

En el próximo capítulo entraremos a definir dos conceptos básicos de derecho penal, como son el Delito y la Falta. Si quieres estar al día y recibir apuntes de oposiciones como estos en tu correo electrónico, tan sólo suscríbete por email a la Guía de Formación Online (arriba de todo a la izquierda encontrarás la casilla para dejar tu dirección).



Apuntes Publicados Hasta Ahora: (están en el tema 8 del temario guardia civil)

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