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miércoles, 12 de diciembre de 2012

Sujetos Y Objeto Del Delito: oposiciones guardia civil, policía nacional y justicia

Continuamos con la introducción al derecho penal para nuestro temario de guardia civil, que también vale para justicia y policía nacional. Recuerda que para recibir apuntes como estos en tu email, sólo tienes que suscribirte en la casilla de la izquierda. Bienvenidos a la Guía de Formación Online, ¡la única página de internet con temarios de oposiciones gratis y actualizados!

Analicemos pues los Sujetos (Activo y Pasivo) y el Objeto del Delito: veremos así conceptos básicos como delitos comunes, delitos especiales, cómo se responsabiliza a una persona jurídica según el nuevo derecho penal, que es un tema muy importante recientemente modificado en 2010.

Cuando se realiza un acción típica, siempre nos encontramos un Sujeto Activo, persona que desarrolla la acción y un Sujeto Pasivo, persona titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por esa acción.

El Sujeto Activo Del Delito: es la persona que realiza la conducta típica, constituyéndose así en el núcleo del tipo penal. Solamente las personas humanas, de forma individual, pueden considerarse sujetos de una acción penalmente relevante. Esto plantea la duda de qué pasa con las personas jurídicas (p.ej: una sociedad, que genera una persona “ficticia” a la que denominamos así en derecho). La doctrina dominante va en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas basándose en el principio de societas delinquere non potest (una sociedad no puede delinquir).

Pero ahora, desde la reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio entendemos que una persona jurídica que desarrolla actividades mayormente ilícitas se considera como instrumento para cometer los delitos. Existe sanción penal si esa persona jurídica no actúa correctamente o con el  cuidado debido para evitar que sus empleados cometan delitos. En estos casos, el CP prevé multas para la persona jurídica y se responde de ellas de forma solidaria (solidaria significa que son responsables todas las personas físicas que forman esa sociedad).

En el artículo 31bis que se introdujo con la reforma se establece que en los supuestos previstos en el Código Penal, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. Las personas jurídicas también son responsables penalmente en los delitos que se cometan en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible cuando se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando, como consecuencia de los mismos hechos, se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquellos.

La concurrencia en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de los que se dispone en el apartado siguiente.

Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a)      Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

b)      Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c)       Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito

d)      Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas o presten servicios de interés económico general.

En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

En materia de penalidad, el artículo 33.7 afirma que las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de penas graves, son:

1)      Multa por cuotas o proporcional

2)      Disolución de la persona jurídica. La disolución produce la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

3)      Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

4)      Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

5)      Prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

6)      Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de 15 años.

7)      Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de 5 años.

La intervención puede afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.

Además, en el caso de delitos o faltas cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis del Código Penal, anteriormente citado, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en los apartados c) a g) del artículo 33.7 CP. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.

Las consecuencias accesorias a las que se refiere el apartado anterior sólo se pueden aplicar a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él mencionados cuando el Código Penal lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos o faltas por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas.

La Clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial se pueden acordar también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7 según dispone el artículo 129 del Código Penal, también modificado por la Ley Orgánica 5/2010.

También hay situaciones en las que las condiciones jurídicas necesarias para incluir la conducta en un tipo penal se cumplen en una persona jurídica o en otra persona física pero no en la persona concreta que había realizado el hecho.

Pero también hay situaciones donde las condiciones jurídicas necesarias para incluir la conducta en un tipo penal se cumplen en una persona jurídica o en otra persona física pero no en la persona concreta que había realizado el hecho.

Esto tiene lugar en los delitos especiales donde el sujeto activo aparece calificado como p.ej: el deudor o el obligado a pagar impuestos, características que no concurren en la persona física sino en las jurídicas en cuyo nombre actúan.

Este problema lo resuelve el Código Penal en el artículo 31, estableciendo que “el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”.

Así, el CP ha extendido el campo de aplicación a los supuestos donde no sólo hay actuación en nombre de una persona jurídica, sino también a los de actuación en nombre de otra persona física cualquiera (como en el caso de representar a un menor o un incapacitado).

Según el CP podemos distinguir los delitos comunes donde la ley no limita normalmente el ámbito de los posibles sujetos activos, sino que se limita a decir: “el que…”, “los que…”. Por otro lado están los delitos especiales donde solo pueden ser sujetos quienes poseen ciertas condiciones especiales que establece la ley como, por ejemplo, ser “funcionario”. A esta última categoría se suman los delitos especiales propios e impropios. Son delitos especiales propios los que describen una conducta que sólo es posible a título de autor si es realizada por ciertos sujetos, de modo que los demás que la ejecuten no pueden ser autores ni de éste ni de ningún otro delito común que castigue para ellos la misma conducta. Un ejemplo es el delito de prevaricación (art.446 CP), ya que una sentencia injusta dictada por quien carece de la condición de Juez es impune. Los delitos especiales impropios, por su lado, guardan relación con un delito común, del que puede ser autor el sujeto no cualificado que realiza la acción. Por ejemplo, en el delito de malversación de caudales públicos por parte de autoridad o funcionario que se recoge en el 432 CP. El que realice esa sustracción sin ser autoridad o funcionario cometerá igualmente el delito común de hurto.

También queda una categoría, los delitos de propia mano en los que se exige una realización personal del tipo, como en casos de falso testimonio o bigamia, siendo imposible la comisión del delito utilizando a otra persona como instrumento.

El Sujeto Pasivo Del Delito

Se trata del titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro por la conducta típica realizada por el sujeto activo. Puede ser sujeto pasivo una persona física individual, las personas jurídicas y el Estado. Se discute mucho si pueden ser sujeto pasivo el difunto o el feto.

El sujeto pasivo de la acción típica no siempre coincide con el titular del bien jurídico protegido. Coincide en los delitos contra las personas (agresión), pero en un delito como, por ejemplo, de estafa, quizás no coincidan. Quizás la acción típica recaiga sobre una persona distinta de la que sufre el perjuicio patrimonial. Esta distinción tiene mucha importancia en casos donde hay que saber quién está legitimado para consentir y disponer del bien jurídico.

Tampoco es igual la figura del sujeto pasivo y la del perjudicado. Por perjudicado entendemos un concepto más amplio que no sólo abarca al titular del bien sino a todos los que soportan las consecuencias dañosas. Por ejemplo, en el homicidio, la víctima es el sujeto pasivo y sus familiares los perjudicados. Se utiliza esta figura de perjudicados para temas, por ejemplo, de indemnizaciones.

El Objeto Del Delito

Se trata de la persona o cosa sobre la que recae la acción del delito, por lo que también se conoce como Objeto de la Acción.

Pueden ser objeto de delito las personas individuales o jurídicas, los animales y las cosas inanimadas. No se da en todos los delitos (por ejemplo de omisión simple o simple actividad).

En ciertos casos el objeto del delito puede coincidir con el sujeto pasivo como, por ejemplo, en el homicidio o lesiones.

Apuntes Publicados Hasta Ahora: (están en el tema 8 del temario guardia civil)

Concepto De Derecho Penal, Principios y Límites

Concepto De Delito y Falta

El Dolo Y La Culpa/Imprudencia

Sujetos Y Objeto Del Delito

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