El Principio de Autonomía Local

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Concepto y Alcance de la Autonomía Local

La autonomía local es el poder de actuar en un ámbito determinado que establece la Constitución y las leyes de régimen local. Esta autonomía evita las injerencias de otras instancias o esferas administrativas (con sus excepciones).

Los entes locales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. Esta autonomía local implica tres cosas:

1) Autonomía de Organización: las corporaciones crean su propio Reglamento Orgánico (los órganos que tendrá ese municipio), respetando las normas básicas.

2) Autonomía Funcional: las entidades locales pueden crear sus propios actos y determinar su alcance

3) Autonomía Financiera: es requisito esencial que una entidad local cuente con los medios suficientes para garantizar unos servicios mínimos y esenciales para la comunidad. El artículo 142 de la Constitución establece: “Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.”

No debemos confundir autonomía con soberanía. La autonomía tiene un alcance limitado a un territorio y debe responder a las reglas básicas el estado (LRBRL por ejemplo). En el artículo 137 de la CE se aclara que las entidades locales tienen autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, o sea, lo que tiene que ver con la entidad.

Las competencias locales se concretan por la ley y siguen las normas constitucionales. Debemos entender la autonomía local como el derecho de una comunidad local a participar en el gobierno y administración de sus intereses propios, mediante órganos propios, siempre manteniendo el equilibrio entre los intereses locales y los supralocales.

Límites de la Autonomía Local

Las entidades locales están sometidas a ciertos controles que limitan su autonomía. Entre estos controles/limitaciones se encuentran:

1) Remisión de Acuerdos: cada entidad local está obligada a enviar a la Administración del Estado y de las CCAA un extracto que contenga los actos y acuerdos que haya tomado (artículo 56 LRBRL).

2) Petición de Información: tanto las CCAA como la AGE (administración gral del estado) tienen facultades para comprobar la efectividad de su aplicación, para recabar y obtener información concreta sobre la actividad del municipio.

3) Requerimiento para anular un acto o acuerdo: en el caso de que una entidad local infrinja el ordenamiento jurídico se le requiere a enmendar su actuación. Si no, se va a la vía contencioso-administrativa (artículo 65 LRBRL).

4) Impugnación contencioso-administrativa de actos y acuerdos: en el caso de que menoscaben las competencias que corresponden a las CCAA o al Estado, interfieran en las mismas o excedan sus limitaciones.

5) Requerimiento: se puede requerir a las entidades locales para que actúen de una forma determinada debido a sus actos y acuerdos que afectan gravemente al interés general de España. Corresponde al Delegado de Gobierno realizar esta actividad de control sobre las entidades locales (artículo 67 LRBRL).

6) Intervención del Estado sobre las Corporaciones Locales: viene recogido en el artículo 61 de la LRBRL:

Artículo 61 LRBRL:

1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto a la disolución  de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.

3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.

Jurisprudencia Constitucional

Existen diferentes Sentencias del Tribunal Constitucional (STC) que definen la autonomía local:

STC 22-2-81: “La autonomía hace referencia a un poder limitado, que nada tiene que ver con la soberanía; precisamente por esa limitación, la autonomía local es compatible con la existencia de un control de legalidad, puntual y determinado, sobre el ejercicio de sus competencias”

STC 28-7-81: La autonomía concedida por la Constitución a las provincias y municipios no es de carácter político- como la de las Comunidades Autónomas- sino de carácter administrativo.

La autonomía local debe entenderse como un derecho de la comunidad local a participar en el gobierno y administración de cuantos asuntos le afectan, a través de sus órganos propios.

STC 2-2-81: El reparto de competencias entre las distintas administraciones territoriales del Estado debe realizarse en función del “interés predominante”, pero sin que ella signifique un interés exclusivo que justifique una competencia exclusiva de carácter decisorio.

STC 28-7-81: Las nociones de “Interés Particular”, “Competencias Propias” y “Servicios Mínimos”, a los que con frecuencia alude la legislación de régimen local han de ser consideradas como bases que no cabe ignorar al legislar sobre la materia.

STC 27-2-82: La unidad del sistema en su conjunto y el principio de eficacia administrativa obligan al legislador a crear fórmulas y cauces de relación entre las distintas Administraciones Locales y de todas ellas con el Estado y las CCAA, en el ejercicio de sus competencias.

Defensa de la Autonomía Local

El artículo 140 de la CE garantiza el principio de autonomía local. Esto quiere decir que el Estado y las CCAA deben respetar su ámbito de actuación propio.

El Estado ha desarrollado medidas para la defensa de esta autonomía (aumentando también su control sobre ellas).

De esta forma los entes locales cuentan con un recurso contra normas de rango legal que procedan del Estado o las CCAA que menoscaben sus competencias.

Pueden presentar este recurso:

1) El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley estatal o autonómica.

2) Un número de municipios que supongan al menos la séptima parte de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente.

3) Un número de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo la mitad de la población oficial.

Para plantear el conflicto se requiere el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones Locales por mayoría absoluta. También se pide el dictamen (no vinculante, o sea, no hay que seguirlo) del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, según el territorio afectado.

Si se admite a trámite este recurso, el Tribunal Constitucional tiene 10 días para remitir el mismo a los órganos autonómicos de quien hubiese emanado la ley y al ejecutivo y legislativo del Estado, para que puedan presentar alegaciones.

El Tribunal Constitucional resolverá el recurso declarando si existe o no una vulneración de la autonomía local, resolviendo sobre el titular de la competencia en conflicto.

Que el Tribunal Constitucional declare que hay vulneración de la autonomía local no significa que la norma sea automáticamente inconstitucional.  Se requiere, para declarar la inconstitucionalidad que se abra un nuevo procedimiento por el propio TC: una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el propio TC. (artículos 37 y 38 de la Ley Órgánica del Tribunal Constitucional).

La Carta Europea de la Autonomía Local

EL contenido de la Carta Europea de la Autonomía Local fue ratificada por España el 20 de enero de 1988, se publicó en el BOE el 24 de Febrero de 1989 y entró en vigor el 1 de marzo de 1989.

Cabe destacar que España no suscribió el artículo 3.2 de la Carta Europea de la Autonomía Local. Este artículo trata sobre la elección directa.

Esta carta de autonomía tiene el mismo rango legal que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Igual que ésta, la Carta establece un mínimo común de la autonomía que la Constitución garantiza a las entidades locales.

En la Carta Europea de la autonomía local se establecen los principios de:

1) Autonomía

2) Suficiencia Financiera

3) Subsidiariedad

4) Capacidad de Autogobierno

5) Entidades Locales como pilar básico del régimen democrático, haciendo una administración más eficaz y cercana al ciudadano, siendo el primer foro de participación del ciudadano en los asuntos públicos.