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martes, 27 de septiembre de 2011

Términos y Plazos Del Procedimiento Administrativo

Tema crucial para cualquier oposición de auxiliar administrativo, vamos a tratar la obligatoriedad de los términos así como los plazos del procedimiento. Estamos en el Título VI de la Ley 30/1992 sobre las fases del procedimiento administrativo y sus elementos (como los plazos y términos que ahora veremos). Recuerda que es conveniente tener siempre la ley a mano como referencia.

Obligatoriedad de los Términos:

En primer lugar, para los que es la primera vez que estudian derecho, un Término es el día en el que termina un plazo determinado. El artículo 47 establece que los términos y plazos establecidos en esta ley u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. O sea, no sólo nosotros tenemos la obligación de realizar una actuación antes de un término marcado, sino que la administración también tiene esa obligación (está igualmente sometida a la Ley, como indica la ley 30/1992 en el artículo 3).

Debemos recordar además el artículo 63.3 donde se establece que la realización de las actuaciones administrativas fuera de plazo sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.


Cómputo de los Plazos Administrativos:

Veamos ahora cómo se cuentan los días para saber cuánto dura un plazo realmente, o sea, cuando es el término para realizar un trámite. Debido a que vivimos en un estado de las Autonomías, por ejemplo, quizás un día festivo en Andalucía no lo sea en el resto del país. Por eso, debemos conocer las reglas básicas para el cómputo de los plazos administrativos. Estas reglas vienen recogidas en el artículo 48 Ley 30/1992:

1)      Cuando los plazos se señalen por días se entiende que se trata de días hábiles (quedan excluidos los domingos y los festivos). De lo contrario, debe haber una ley o normativa comunitaria que establezca otra cosa expresamente.

En caso de que los plazos se cuenten por días naturales, debe indicarse esto claramente en la notificación.

2)      Cuando los plazos se fijen por meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o el día siguiente a partir de que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.  Si en el mes de vencimiento del plazo no existe día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes (esta última regla se refiere a Febrero que sólo tiene 28-29 días).

3)      Cuando el último día de un plazo administrativo sea inhábil, el fin del plazo se prorroga al día siguiente. O sea, si el último día del plazo es domingo o festivo, el plazo termina al día siguiente. Es curioso, pero el plazo para apuntarse a muchas oposiciones termina siempre en Domingo, o sea, que pasa al Lunes.

4)      Los plazos que vengan expresados por días empiezan a contar a partir del día siguiente. Es la misma regla que los plazos por meses.

5)      Más importante aún: cuando un día es hábil en el Municipio o Comunidad Autónoma en que reside el interesado y es inhábil en la sede del órgano administrativo (o al revés), este día se considera siempre inhábil.

6)      La declaración de un día como hábil o inhábil, a efectos de cómputo de plazos, no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.

7)      La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario que aprueban las comunidades autónomas también contendrá los días inhábiles de las Entidades que integren la Administración Local que corresponde a su ámbito territorial.

8)      Este calendario de días hábiles e inhábiles oficial se debe publicar antes del comienzo de cada año en el diario oficial correspondiente y en otros medios de difusión para garantizar el conocimiento de los ciudadanos.



Ampliación de los Plazos:

El artículo 49 de la Ley 30/92 establece la posibilidad de ampliación de plazos y las limitaciones.


Aquí se me ocurre un consejo para estudiar derecho en una oposición: cuando estudiaba en la universidad de derecho me enseñaron algo muy útil. ¡Apréndete siempre las excepciones y limitaciones a las reglas generales!

1)      La Administración puede ofrecer de oficio o a petición del interesado una ampliación del plazo establecido.

2)      La ampliación del plazo no debe exceder de la mitad del mismo (o sea, 10 días de plazo son ampliables como mucho a 15).

3)      Esta ampliación debe notificarse siempre a todos los interesados.

4)      Para poder ampliar este plazo no se debe perjudicar el derecho de un tercero. Las circunstancias del caso también deben aconsejar esta ampliación. No se puede ampliar un plazo si hay un precepto que lo prohíba.

5)      La ampliación máxima de los plazos se aplica en todo caso a los procedimientos que tramiten las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares. Asimismo, en casos de plazos de procedimientos que se tramiten en el interior y exijan cumplimentar un trámite en el extranjero. Por último, se ampliarán los plazos en los que intervienen interesados que están fuera de España.

6)      Para pedir una ampliación de plazo o para que la Administración lo conceda es imprescindible que el plazo no haya pasado ya. Nunca pueden ampliarse los plazos ya vencidos.

7)      El acuerdo por el que se amplía un plazo o se deniega la ampliación no es recurrible.



Tramitación de Urgencia:

Acabamos de ver la ampliación de plazos y ahora vemos el caso contrario: cuando los plazos se reducen. La tramitación de urgencia viene recogida en el artículo 50:

1)      La tramitación de urgencia puede ser iniciada de oficio por la Administración o a petición de los interesados.

2)      El presupuesto habilitante de la tramitación de urgencia es que lo aconsejen razones de interés público.

3)      La tramitación de urgencia supone la reducción de los plazos a la mitad.

4)      No pueden reducirse los plazos relativos a la presentación de solicitudes o recursos.

5)      Igual que en la ampliación de plazos, no cabe ningún recurso contra el acuerdo que apruebe la tramitación de urgencia.





3 comentarios:

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