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martes, 20 de septiembre de 2011

Revisión de Oficio de los Actos Administrativos

La revisión de los actos administrativos supone la modificación de su contenido o del efecto. La revisión puede tener lugar por medio de un recurso o hacerla la propia administración de oficio. Vamos a tratar aquí la Revisión de Oficio de los actos administrativos, o sea, cuando es la propia administración la que corrige su actuación.

Revisión de Disposiciones y Actos Nulos: podemos ver su regulación en el artículo 102 de la Ley 30/1992. Mediante este artículo se regula un trámite de inadmisión de las solicitudes de los interesados sin la necesidad de pedir el dictamen preceptivo del Consejo de Estado (u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma). También introduce la revisión de oficio de las disposiciones generales nulas.

Revisión de Actos Nulos: la administración, de oficio o por petición de los interesados, declarará la nulidad de los actos administrativos que pusieran fin a la vía administrativa y los actos que no fuesen recurridos en el plazo indicado (supuestos de artículo 62.1 ley 30/1992). Para ello, la administración necesita el dictamen favorable previo del Consejo de Estado u órgano consultivo de las Comunidades Autónomas correspondientes.

Revisión de Disposiciones Administrativas: la administración también puede declarar la nulidad de las disposiciones administrativas según los supuestos que se prevén en el artículo 62.2 ley 30/1992. A diferencia de la revisión de los actos nulos, aquí el interesado no puede solicitar la nulidad.

Inadmisión a Trámite: no se admitirán a trámite las peticiones de revisión cuando los interesados no basen su solicitud en alguna de las causas del artículo 62 o cuando carezcan manifiestamente de fundamento. Tampoco se admitirán en el supuesto de que se hayan rechazado otras solicitudes sustancialmente similares. La Administración no necesitará el dictamen previo del Consejo de Estado (u órgano consultivo de la C.A).

Indemnizaciones: la administración puede establecer indemnizaciones para los interesados cuando declara la nulidad de los actos o disposiciones. Para ello deben darse unos supuestos previstos legalmente: 1) que haya un daño efectivo, individualizado y que se pueda evaluar económicamente) y 2) daños causados al interesado que no tenga el deber jurídico de soportar.

Plazo del Procedimiento de Revisión: los efectos dependen de si se inicia de oficio o a petición del interesado:

1)      Revisión de Oficio (por la propia administración): si pasan 3 meses desde el inicio de la revisión sin que se dicte resolución: caducidad del procedimiento.

2)      Revisión a solicitud del Interesado: si transcurre dicho plazo sin que haya resolución= silencio administrativo negativo (o sea, se entiende que la solicitud ha sido rechazada).


DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE ACTOS ANULABLES

La declaración de lesividad de los actos anulables viene recogida en el artículo 103 de la ley 30/1992.

Actos Afectados por la Declaración de Lesividad: la administración puede declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados. Para eso, estos actos deben ser anulables según el artículo 63 de la ley 30/1992. Esta declaración de lesividad es previa a la posterior impugnación de los actos ante el orden contencioso-administrativo.

Plazo de la Declaración de Lesividad: el procedimiento de declaración de lesividad no puede adoptarse cuando pasen 4 años contados a partir de que se dictó el acto administrativo. Además, este procedimiento exige la previa audiencia de todos los interesados que aparezcan en el acto administrativo (según los términos del artículo 84).

Plazo Máximo para Declarar la Lesividad: hay un plazo de 6 meses para declarar la lesividad desde que se inicia el procedimiento. Transcurrido este plazo de declara la caducidad del mismo.

Competencia para Declarar la Lesividad: si el acto procede de la ADminsitración General del Estado o del las CC.AA, la declaración se adoptará por el órgano de cada administración que sea competente en la materia.

Si el acto procede de las Entidades de la Administración Local, la declaración se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en su defecto, por el Órgano Colegiado Superior de la Entidad.




ÓRGANOS COMPETENTES PARA INICIAR LA REVISIÓN DE OFICIO:

Estos órganos competentes para iniciar la revisión de oficio de actos administrativos nulos o anulables están enumerados en la LOFAGE (d.a. 16ª):

1)      El Consejo de Ministros: puede iniciar la revisión de oficio de sus propios actos y de los actos que dicten los ministros

2)      La Administración General del Estado:

a.       Los Ministros: pueden iniciar la revisión de oficio de los actos que dicten los Secretarios de Estado y los que dicten los Órganos Directivos de su Departamento (siempre que no dependan de una Secretaría de Estado).

b.      Secretarios de Estado: pueden iniciar la revisión de los actos que dicten los Órganos Directivos que dependen del Secretario de Estado.

3)      Órganos adscritos a la Administración General del Estado:

a.       Los órganos a los que estén adscritos los organismos, respecto de los actos dictados por el máximo órgano rector de éstos.

b.      Los máximos órganos rectores de los organismos, respecto de los actos dictados por los órganos de ellos dependientes.



SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS EJECUTIVOS: una vez que se ha iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano que sea competente para resolver puede suspender la ejecución del acto. Para ello, debe tratarse de actos que puedan causar perjuicios de imposible o difícil recuperación (cfr. Art.104 ley 30/1992).

REVOCACIÓN DE ACTOS Y RECTIFICACIÓN DE ERRORES: mediante la revocación (artículo 105), la Administración retira un acto anterior. Esta actitud responde a criterios de oportunidad y la adopción de criterios de apreciación del interés público:

1)      Revocación de Actos: la administración pública puede revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o que sean desfavorables. Para revocar es necesario que esto no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes. Tampoco puede ser la revocación contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2)      Rectificación de Errores: la administración pública puede rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos que tengan sus actos administrativos.








1 comentario:

  1. ..cuando se dice "Read more/Lee Más: http://www.cursos-fp-universidad-oposiciones.com/2011/09/revision-de-oficio-de-los-actos.html#ixzz20PaOwfRt
    Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial

    SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS EJECUTIVOS: una vez que se ha iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano que sea competente para resolver puede suspender la ejecución del acto. Para ello, debe tratarse de actos que puedan causar perjuicios de imposible o difícil recuperación (cfr. Art.104 ley 30/1992)." no es recuperación. La palabra correcta es reparación... (fuente Temario Admon. General del Estado. Editorial de Adams)

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