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martes, 20 de septiembre de 2011

Eficacia, Validez, Nulidad, Anulabilidad y Principio de Conservación de los Actos Administrativos.

Continuando con el estudio de la Ley 30/1992 (pincha para descargar en PDF y MP3), hoy hablaremos de la Eficacia, Validez, Nulidad, Anulabilidad y Principio de Conservación de los Actos Administrativos.


Lo más importante en las oposiciones de auxiliar serán los artículos 62 y 63, fundamentales para cualquier oposición de auxiliar administrativo. Vamos a ver los artículos 56-67 de la Ley 30/1992.

Eficacia de los Actos Administrativos:

Los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que se disponga en ellos mismos otra cosa. Esto quiere decir que todos los actos son válidos hasta que no se demuestre lo contrario.

Según el artículo 56 vemos que los actos administrativos sujetos a derecho administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta ley.

Los actos, excepcionalmente, pueden tener eficacia retroactiva cuando:

1)      Se dicten en sustitución de actos anulados

2)      Produzcan efectos favorables al interesado. En este caso, los supuestos de hecho necesarios ya tenían que existir en la fecha a la que se retrotrae la eficacia del acto. Esta eficacia “hacia atrás en el tiempo” no puede lesionar derechos o intereses legítimos de otras personas.

Medidas de Ejecución Forzosa de los Actos Administrativos:

Para asegurar la eficacia de los actos administrativos se puede imponer su cumplimiento tal como expresa el artículo 96 de la Ley:

1)      Apremio sobre el patrimonio, o sea, embargo de bienes.

2)      Ejecución subsidiaria. En este caso, el acto administrativo lo cumple otra persona distinta de la que estaba obligada al principio y por cuenta de ésta.

3)      Multa coercitiva.

4)      Compulsión sobre las personas: la administración obliga a hacer o no hacer algo al interesado incluso por medios físicos.

Validez de los Actos Administrativos:

Entramos en la parte más importante de este artículo. Debemos aprender bien los artículos 62 (nulidad) y 63 (anulabilidad) ya que volveremos a mencionarlos en otros apartados y será necesario recordar su contenido. Se trata de una pregunta habitual en las oposiciones.

NULIDAD ABSOLUTA O DE PLENO DERECHO

El artículo 62 de la Ley 30/1992 define los supuestos en que un acto administrativo es nulo de pleno derecho:

1)      Actos que lesionan derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

2)      Actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o el territorio.

3)      Actos que tienen un contenido imposible

4)      Los que son constitutivos de infracción penal o se dictan como consecuencia de una infracción penal

5)      Actos que prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o las normas que dicen cuáles son las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

6)      Los actos, ya sean expresos o presuntos, que son contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carece de los requisitos esenciales para du adquisición.

7)      Cualquier acto para el que se establezca su nulidad expresamente en una disposición de rango legal.

Los actos nulos carecen pues de efectos desde el principio. Esta nulidad puede invocarla cualquier persona interesada en el acto y en cualquier momento. Los actos nulos no pueden convalidarse por el transcurso del tiempo ni por voluntad de la administración (más adelante vemos cuándo pueden convalidarse los actos administrativos)

Nulidad de las Disposiciones Administrativas: serán nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulan materias reservadas a la Ley y las que establecen la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.


ANULABILIDAD de los Actos Administración

Según el artículo 63 de la Ley 30/1992, los actos anulables serán los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluyendo la desviación del poder. Esto quiere decir que cualquier acto es anulable si va en contra de una disposición que regula cómo ha de crearse. Pero si, por ejemplo, va en contra de un derecho fundamental (que también es una ley), será nulo. Por eso, en el caso de los actos anulables el defecto o infracción no es tan grave como en el de los actos nulos. Esto da la posibilidad de que se pueda subsanar el error y que el acto tenga al final validez, como veremos un poco más abajo.

El defecto de forma del acto sólo determinará su anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados.

Cuando la administración realiza actuaciones fuera del tiempo establecido para ellas, esto sólo implica la anulabilidad del acto cuando así lo dispone la naturaleza del término o plazo.

El acto anulable pues, a diferencia del acto nulo, produce efectos mientras no se anule. La anulabilidad sólo afecta a los interesados. Esto quiere decir que son los únicos que pueden alegar la anulabilidad, tenerla en cuenta o pedir la nulidad. Los actos anulables pueden ser convalidados por el simple paso del tiempo si los interesados (no cualquier ciudadano) no piden que se anulen. Además del transcurso del tiempo, la Administración también puede hacer valer su voluntad de que estos actos sean convalidados.



Principio de Conservación del Acto Administrativo: artículos 64-67 Ley 30/1992.

Como el propio principio indica, se intentará que los actos administrativos sean válidos. Para eso, se establecen varias técnicas de conservación de la validez: transmisibilidad, Conversión de Actos Viciados, Conservación de Actos y Trámites y Convalidación.

Transmisibilidad (artículo 64): la nulidad o anulabilidad de un acto no implica la nulidad o anulabilidad de los actos sucesivos en el procedimiento. La nulidad o anulabilidad de parte de un acto no implica la de las restantes partes del mismo que sean independientes. La excepción es que la parte viciada sea tan importante que sin ella el acto administrativo no se dictaría.

Conversión de los Actos Viciados (artículo 65): los actos nulos o anulables, cuando contienen elementos constitutivos de otro acto, producirán los efectos de éste. O sea, se transforma un acto inválido en uno válido y distinto.

Conservación de Actos y Trámites: (artículo 66): el órgano que declara la nulidad dispone siempre que se conserven los actos y trámites cuyo contenido seguiría igual de no cometerse la infracción. El objetivo de la administración aquí es agilizar al máximo los procedimientos.

Convalidación de Actos (artículo 67): este artículo habilita a la Administración para que convalide los actos anulables. Para ello tiene que subsanar (corregir) los vicios que tengan. Esto no hace que los actos tengan eficacia retroactiva (hacia atrás en el tiempo). Para ello, debe permitirlo el artículo 57.3.

Cuando el acto es anulable por incompetencia (dictado por órgano incompetente que no cause nulidad), para ser convalidado sólo tiene que aprobarse esto por un órgano jerárquicamente superior.

Si el órgano que dicto el acto ahora anulable porque no tenía autorización para ello, basta que otorgue esta autorización el órgano competente.

La CONVALIDACIÓN sólo se refiere a ACTOS ANULABLES. Como dijimos antes, esta convalidación puede darse por el simple paso del tiempo o por la voluntad expresa de la administración.






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