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martes, 6 de septiembre de 2011

Derecho De Acceso A Registros y Archivos y Los Deberes De Los Ciudadanos

Seguimos con el tema dedicado a la Ley 30/92 especialmente dedicado para preparar las oposiciones de auxiliar administrativo. Esta es la última parte del tema 4 del temario de auxiliar administrativo ayuntamiento de Madrid.

Deberes de los ciudadanos:

Además de los derechos de los ciudadanos ante la administración que vimos en el artículos 35, el artículo 39 y el 40 de la LRJ-PAC 30/92 regulan también algunas obligaciones:

Deber de Colaboración: Los ciudadanos están obligados a facilitar a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación en los casos en que lo prevea así la ley (en otros casos no tienen esta obligación).

Si un interesado en un procedimiento conoce datos que permiten identificar a otros interesados que no hayan comparecido en procedimiento, tienen la obligación de proporcionar estos datos a la administración.

Deber de Comparecencia: La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas sólo es obligatoria cuando así lo prevea una norma con rango de ley.

En los casos en que procede la comparecencia, la citación correspondiente debe hacer constar de forma expresa la fecha, hora, lugar y objeto de la comparecencia. Asimismo debe indicar los efectos de no atender esta citación.

El interesado puede solicitar a la administración un certificado de la Administración en el que conste la comparecencia.



DERECHO DE ACCESO A ARCHIVOS Y REGISTROS

En el artículo 37 de la LRJ-PAC 30/92 vemos la regulación del derecho de acceso por parte de los ciudadanos a los Archivos y Registros:

Reglas de Acceso: los ciudadanos tenemos derecho a acceder a los registros y documentos que estén en los archivos administrativos, que formen parte de un expediente. No importa que se trate de archivos gráficos, sonoros, en imagen u otro soporte material. La regla básica es que estos registros y documentos deben pertenecer a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.

Restricción de Acceso Libre: este derecho de acceso se limita a los documentos que tienen datos referentes a la intimidad de las personas. Sólo estas personas pueden acceder a estos documentos y tienen derecho a exigir su rectificación o que se completen si los datos están incorrectos o inexactos. Este derecho de rectificación no se aplica si se trata de expedientes caducados por el transcurso del tiempo, según los plazos máximos que determinen los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.

Si el ciudadano acredita un interés legítimo, también puede acceder a documentos de carácter nominativo cuando su contenido pueda hacerse valer para el ejercicio de sus derechos. Estos documentos no pueden incluir otros datos referentes a la intimidad de las personas ni tener un carácter sancionador o disciplinario.

Denegación de acceso: el derecho de acceso puede denegarse en caso de que prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo dispone una ley. En estos casos el órgano competente debe dictar una resolución motivada expresando los motivos de la denegación de acceso a los documentos y archivos.

Denegación por Mandato Legal: la ley regula ciertos casos en que no se puede acceder a los expedientes administrativos:

a)      Expedientes que contienen información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las CCAA en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a derecho administrativo.

b)      Los expedientes que contienen información sobre Defensa Nacional o Seguridad del Estado.

c)      Los expedientes que se tramitan en la investigación de los delitos cuando esto ponga en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.

d)     Los expediente relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial

e)      Los expedientes relativos a las actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.

Reglas especiales de acceso a determinados archivos: en este caso hay que acudir a las disposiciones específicas que lo regulen para determinar el acceso a

1)      Archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.

2)      Documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.

3)      Archivos regulados por la legislación del régimen electoral.

4)      Archivos que sirven a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública.

5)      Registro Civil y Registro Central de Penados y Rebeldes. También registros de  carácter público cuyo uso esté regulado por una ley.

6)      Acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma o de una Corporación Local.

7)      Consulta de fondos documentales que haya en los Archivos Históricos.


Forma de acceder a los archivos:

Los ciudadanos pueden ejercer este derecho pero de forma que no afecte a la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos. Para acceder a los archivos deben realizar una petición individualizada de los documentos que se deseen consultar (caben excepciones).

Cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante se puede autorizar el acceso directo de aquéllos a la consulta de los expedientes, siempre que se garantice la intimidad de las personas.

Este derecho de acceso también conlleva el derecho de obtener copias y certificados.


Artículo 38 LRJ-PAC 30/92: ¿Dónde se pueden presentar las solicitudes escritos y comunicaciones que los ciudadanos presenten a la Administración?

1)      En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan

2)      En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la AGE y a la de cualquier administración de las Comunidades Autónomas.

3)      En los Registros de la Administración Local si se suscribió un convenio para ello.

4)      En las Oficinas de Correos

5)      En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

6)      En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.








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